JUCO
La
Juventud Comunista Colombiana JUCO, denuncia ante la comunidad nacional e
internacional, las detenciones arbitrarias efectuadas en la ciudad de Medellín,
durante la movilización del primero de mayo del presente y de las que han sido
víctimas los estudiantes de la Universidad de Antioquía Santiago Ángel, Juan
Camilo Ángel, Cristian Camilo Peña y Alexis Casas Valencia, este último
militante de la JUCO Medellín y todos ellos miembros de la Asociación
Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), a quienes bajo montajes
judiciales se les ha imputado cargos de terrorismo y dictado medida de
aseguramiento intramural, privándolos así de la libertad.
Los
compañeros se encontraban participando de la jornada de movilización del Día
Internacional de la Clase Obrera, la cual fue objeto de múltiples provocaciones
e infiltraciones por parte de organismos de inteligencia del estado, y que a
pesar de ello se desarrolló en completa normalidad por parte de los
manifestantes; al término de esta, siendo las 12:20 p.m. nuestros compañeros
fueron interceptados por policías de civil y sometidos a una requisa en la que
se les separó de sus maletas durante aproximadamente 30 minutos, siendo luego
conducidos a la Estación de policía Candelaria y de allí a la Unidad de
Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación, en donde se les
acusa de estar difundiendo durante la movilización panfletos y pegatinas
alusivas a las FARC-EP y de realizar grafitis intimidatorios contra la fuerza
pública.
Es
preciso denunciar que la Fiscalía General de la Nación durante el juicio nunca
presentó ningún registro de dichos elementos, que además al momento de la
detención nuestros compañeros fueron separados de sus maletas, y que dentro de
los elementos de imputación se señaló el hecho de ser estudiantes de
universidad pública. Cabe señalar además, que en el marco de la movilización
del primero de mayo en la ciudad de Manizales, otro miembro de la JUCO fue
bajado del bus en el que se dirigía rumbo a su casa luego de la jornada y
retenido ilegalmente durante aproximadamente una hora por parte de la Policía
Nacional.
Estamos
ante un juicio político sustentado en viles montajes judiciales por parte del
Estado colombiano que responde a la política sistemática de persecución basada
en la doctrina contrainsurgente imperante en el orden social colombiano.
Alertamos
y llamamos a la solidaridad de la comunidad nacional e internacional ante la
sistemática oleada de asesinatos, persecución y criminalización que se ha
desatado en nuestro país contra organizaciones sociales y populares dejando
múltiples violaciones a los DDHH, como lo fueron, el asesinato reciente del
camarada Klaus Zapata, militante de la JUCO, el falso positivo judicial
efectuado contra trece compañeros del Congreso de los Pueblos en la ciudad de
Bogotá y el asesinato de líderes del movimiento social y político Marcha
Patriótica, las amenazas a líderes juveniles, indígenas, afrodescendientes y
reclamantes de tierras, entre otros, que constituyen una política de Terrorismo
de Estado que busca acallar el rechazo generalizado a las medidas antipopulares
de corte neoliberal y las demandas del movimiento social y popular por paz
democrática, justicia social, educación como un derecho fundamental y bien
común, pública, gratuita y de calidad.
Estos
graves hechos son contrarios a la paz y a los importantes acuerdos parciales
alcanzados hasta el momento en la mesa de la Habana entre las FARC-EP y el
Gobierno Nacional. Preocupa además las recientes manifestaciones de odio en el
país expresadas en el Paro Armado de grupos paramilitares que tuvo ecos de
justificación y aprobación por parte de ex-presidentes y altos funcionarios del
Estado arraigados en el más reaccionario oscurantismo.
El
Estado colombiano debe comprometerse a desprenderse y combatir efectivamente la
doctrina contrainsurgente que continúa estando incrustada en sus instituciones.
Estas graves situaciones ponen en duda el compromiso del Estado y el Gobierno
colombiano por garantizar la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera, y por ende el respeto y protección de la protesta
social como elemento indispensable de toda democracia.
Exigimos
la libertad inmediata de los compañeros Alexis Casas Valencia, Santiago Ángel,
Juan Camilo Ángel, Cristian Camilo Peña, y de todas y todos los prisioneros
políticos y de conciencia en Colombia, así como el cese de la persecución y
garantías reales para el ejercicio de la movilización y la actividad política
en nuestro país.
¡Las rejas
no callaran nuestras voces!
¡No
somos terroristas, terrorista el Estado que encarcela, desaparece y asesina!
¡No más
falsos positivos judiciales!
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