El
próximo 30 de mayo será la hora cero para el Paro Nacional Minga Agraria,
Étnica y Popular, con la finalidad de exigirle al gobierno del presidente
Santos el cumplimiento de los acuerdos pactados en negociaciones anteriores y
acciones inmediatas frente a las políticas económicas que afectan a las comunidades
y territorios.
Este
Paro surge como respuesta a los diferentes incumplimientos por parte de Santos
a los pliegos de exigencias pactados anteriormente con el movimiento social y a
la profundización de las políticas económicas en los diferentes territorios del
país y se ha construido a partir del diálogo entre las comunidades y
organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria Étnica y Popular.
Estos son los 8 puntos que el gobierno
Nacional ha incumplido:
Tierras,
territorios y ordenamiento territorial: En este punto las comunidades le han
exigido al gobierno que sean ellas las que redefinan cómo se organiza el
territorio, que se reconozca al campesinado como sujeto de derechos, que se
reconozcan las zonas de reserva campesina, los territorios indígenas y
ancestrales, las zonas agroalimentarias, los territorios afrocolombianos. Territorios que se ha visto afectados por la implementación
de un modelo agroindustrial y mineroenergético que esta generando despojo en
los territorios.
La
economía propia contra el despojo: Las
diferentes organizaciones y comunidades exigen al gobierno que se derogue la
ley ZIDRES que ha promovido inversión por parte multinacionales y
agroindustriales, afectando a los pequeños productores campesinos, las
comunidades rurales y sus prácticas culturales. A su vez plantean la defensa de
la soberanía y seguridad alimentaria a través de proyectos institucionales que
estén hechos a partir de la realidad de las comunidades. De otro lado expresan
que las comunidades también deben participar de la construcción de lo que sería
una Reforma Tributaría que incluya las problemáticas de los sectores populares.
Minería,
Energía y Ruralidad: Las últimas licencias otorgadas en diferentes partes del
país a multinacionales para la explotación del subsuelo ha incumplido con los
acuerdos sobre la moratoria minera, la obligación de las sentencias de consulta
previa a las comunidades para los proyectos de extracción y explotación del
subsuelo, y el replanteamiento de una política minero energética más amigable
con la tierra.
Derechos
políticos, garantías, víctimas y justicia: Las comunidades y organizaciones
exigen al gobierno la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, garantías y
respeto a los derechos humanos para las comunidades, debido a las situaciones
de hostigamientos que se han presentado en diferentes territorios , a su vez
exigen que se establezca una política real que confronte al paramilitarismo que
se encuentra activo y amenaza a las comunidades diariamente.
Paz,
Justicia Social y Solución Política: Las comunidades y organizaciones aplauden
y apoyan los avances en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de
las FARC-EP, sin embargo hacen un llamado a la mesa de diálogos para que se
involucre al movimiento social y popular en la discusión del proceso para
construir una paz vinculante y participativa.
Derechos
Sociales: Diferentes sectores del movimiento social han expresado la
vulneración a derechos como la educación, salud, trabajo, vivienda digna y
recreación en la medida de que aún no se garantizan a toda la población
colombiana y se profundiza cada vez más la crisis de desfinanciación estatal a
hospitales y universidades públicas.
Relación
Campo – Ciudad: Las comunidades le exigen al gobierno nacional la defensa del agua como un derecho fundamental
y la protección a las fuentes hídircas afectadas por la otorgación de títulos
mineros en diferentes regiones donde se encuentran. Además demandan frenar la
venta de empresas públicas como la ETB.
Cultivos
de Coca, Marihuana y Amapola: Las comunidades insisten en que las políticas
antidrogas del gobierno Nacional son un fracaso y decisiones como la fumigación
manual con glifosato solo demuestran la arbitrariedad e improvisaciónque el
mismo tiene frente a la visión y tratamiento de los cultivos de coca, marihuana
y amapola. Por ende exigen la creación de programas de sustitución gradual,
concertada, estructural y ambiental de estos cultivos.
De
acuerdo con Gimmy Moreno, vocero de Congreso de los Pueblos y de la Cumbre
Agraria, Étnica y Popular, el 30 de mayo es la hora cero para dar inicio al
Paro, pero la duración de este dependerá de la voluntad de sentarse a negociar
por parte del gobierno y la negociación se hará en caliente, es decir en el
marco de la movilización de las comunidades.
“Como
Cumbre Agraria llevamos ya casí 2 años con una mesa de negogiación y el
gobierno resume la soluciones en pequeños proyectos pero en el marco de avanzar
en temas más concretos el gobiernos cierra las puertas. La movilización es
producto del incumplimiento por parte del gobierno nacional en el tema de la
negociación de los 8 puntos del pliego”
El Paro
es convocado por todos los sectores que se agrupan en la plataforma Cumbre
Agraria, Étnica y Popular, además participaran diversos sectores del movimiento
social como las organizaciones estudiantiles. Se espera que el 30 de mayo se
realicen movilizaciones en diferentes ciudades del país como Bogotá, Medellín,
Cali, Cucúta, Popayán, entre otras ciudades y regiones del país.
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