“Violaciones
a derechos humanos, bajo desempeño académico y crisis financieras tienen a esta
institución en la cuerda floja”
La
historia reciente de la Universidad del Atlántico ha estado atravesada por
crisis financieras que la llevaron a entrar en el régimen de la ley 550.
Fuertes violaciones a los derechos humanos (que cobraron con la vida de
profesores y estudiantes, y confinaron al exilio a otros), y un desempeño muy
regular en términos de académicos,
repercuten en las dificultades que institución ha presentado para
alcanzar la acreditación de institucional. A esto se suma la inestabilidad que
se ha generado en su seno, producto de las constantes disputas que los sectores
de la política tradicional del departamento han emprendido, tras la búsqueda de
acomodarse burocrática y clientelarmente en los escenarios de poder la
universidad.
Los
últimos vacíos que se han producido en las decanaturas de la universidad han
generado consecutivamente un sinnúmero de expresiones de descontento de los
estudiantes, que de una forma u otra, no encuentran legítimas las decisiones
que el Consejo Superior. Es preciso mencionar el encargo realizado en la
decanatura de Ciencias Jurídicas, ejecutado posterior a una toma pacifica
realizada por estudiantes de esa facultad. Así mismo, los ceses de actividades
desarrollados por las facultades de Ciencias Económicas e Ingeniería el
semestre pasado que obligaron al Consejo Superior a agilizar la designación en
encargo de decanas para esas facultades. El último caso es el de la facultad de
Nutrición y Dietética en el cual fue designado (también en encargo) un decano
que a juicio de la misma comunidad de esta facultad no cumple con el perfil
académico para asumir esta tarea. Esto ha llevado a los estudiantes de esta
facultad a entrar a partir del pasado lunes en cese de actividades.
El
saldo que deja para la universidad la cadena de
decisiones erradas del Consejo Superior es el de 1 rectora y 4 decanos
encargados, además, 2 decanos en propiedad que cumplen funciones
administrativas en otras dependencias simultáneamente. Es decir, 6 de las 10
facultades de nuestra universidad no marchan en propiedad y corren el riesgo de
reacomodarse de acuerdo a los intereses políticos de quienes componen el
Consejo Superior, generando inestabilidad en los procesos misionales de la UA.
Se abre
de esta forma un panorama en el cual es necesario, y además urgente, una
reforma universitaria que permita en el marco de la autonomía, repensar las
forma en la cual se designan las directivas académicas de la universidad,
incluyendo las figuras de decanos y rector, permitiendo combinar de manera
acertada la meritocracia necesaria para asumir estos cargos, con la
profundización de la democracia universitaria, que haga participe a la
comunidad universitaria de la toma de decisiones y al tiempo le reste poder a
las maquinarias políticas del departamento que han convertido a la universidad
en un botín que forcejean pasando por encima de los intereses académicos de los
uniatlanticenses.
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