Urge
una reforma que dé más protagonismo a los académicos que a los políticos en la
dirección y manejo presupuestal de las universidades públicas, que recorte la
injerencia de los apetitos burocráticos y que devuelva la discusión a las
necesidades académicas y de desarrollo científico de las regiones y del país.
La
recurrencia de las crisis financieras y de gobernabilidad de las universidades
públicas colombianas que se hace monótona, desalienta el debate y aplaza las
soluciones. El turno le corresponde ahora a la Universidad del Tolima:
desfinanciada con una deuda que no ha sido estimada con exactitud, con
múltiples convenios que no puede cumplir motivados por intereses politiqueros,
y no académicos, y seriamente comprometida en su calidad académica.
La
situación de la Universidad del Tolima refleja un escenario generalizado,
especialmente en las universidades públicas del orden departamental. La mayoría
de éstas se han convertido en un botín burocrático y presupuestal de camarillas
políticas. Al problema de fondo de la desfinanciación de la educación superior
pública se suma, en casi todos los casos, la corrupción, el desvío de recursos,
las nóminas paralelas, entre otros. Las problemáticas netamente académicas
brillan por su ausencia.
Lo que
ocurre hoy en la Universidad del Tolima no es nuevo, es un problema
sobrediagnosticado. Es cierto que las causas pueden ser de diversa naturaleza,
pero un problema de origen se consumó en la Ley 30 de Educación Superior. En su
artículo 64 la Ley 30 permitió que la dirección de las universidades
departamentales se entregara a los gobiernos de turno, dejándolas en el peor de
los escenarios: sin autonomía real y muy dependientes del poder político de
turno en el contexto de un régimen político corrupto y un modelo de
financiación deficitario de la educación superior.
La Ley
30 consolidó un fuerte predominio gubernamental en los Consejos Superiores
Universitarios1, lo que se tradujo en la subordinación de la academia a las
urgencias políticas de la región. En ese marco se desenvuelve la educación
superior en los departamentos de Colombia.
En este
escenario se debe entender lo que ocurre en la Universidad del Tolima. Las
controversias se reducen a una reyerta entre santistas y uribistas, entre el
grupo político liberal-santista al que responde el actual rector y el
Gobernador uribista Oscar Barreto, quien no busca “salvar la universidad” como
lo afirma la propaganda oficial, sino desplazar a sus rivales políticos del manejo
presupuestal y burocrático de la universidad.
La
intervención de la Ministra y la Viceministra de educación santistas se ha
limitado a hacer malabares para darle una solución de continuidad a las labores
sustantivas de la universidad, buscando impedir que el gobernador uribista se
quede con la rectoría y dejando en el medio de la disputa a la educación
superior pública del Departamento en franco deterioro.
Es la
pelea por un botín, los discursos sobre calidad académica, mejoramiento docente
e investigación, son farolas incandescentes que sirven para distraer a la
opinión mientras las negociaciones reales se realizan en mesas chicas que
revelan el pulso de poder y son ajenas al ethos universitario2.
No se
habla de política en el sentido de proyectos educativos o de sociedad o en
términos de políticas públicas sólidas; no, se trata de la pequeña política, la
de la repartija burocrática, la del saqueo del erario, la de la negación de los
derechos. A eso está reducida la política en las universidades públicas del
orden departamental y en la Universidad del Tolima.
Los
problemas de las universidades públicas seguirán siendo de este tenor
(corrupción y politiquería), mientras los políticos sigan a cargo. Mientras los
gobiernos de turno, nacional o departamentales, sigan a cargo de la dirección
de la universidad con su mirada de corto plazo y su angustia por ganar su
siguiente disputa electoral, en ocasiones sosteniendo en los cargos directivos
a personajes de dudosa reputación ética y académica.
Los
problemas de las universidades públicas seguirán siendo de este tenor mientras
la autonomía universitaria siga siendo letra muerta.
Urge
una reforma que dé más protagonismo a los académicos que a los políticos en la
dirección y manejo presupuestal de las universidades públicas, que recorte la
injerencia de los apetitos burocráticos y que devuelva la discusión a las
necesidades académicas y de desarrollo científico de las regiones y del país.
El modelo de gobierno de las universidades públicas debe ser revisado; de lo
contrario, la crisis estructural relacionada con la desfinanciación estatal se
seguirá agravando por la utilización politiquera de los menguados recursos
destinados a la educación superior.
***
1. La
composición de los Consejos Superiores Universitarios puede verse en la Ley y
en los estatutos orgánicos de las universidades, pero en general, da una amplia
participación a representantes gubernamentales y a las directivas
universitarias que conforman una especie de mayoría de conveniencias mutuas.
2. Esto
se ve ejemplificado en el comunicado que la Asamblea de Profesores emitió el
pasado 17 de febrero y en el que expresa su “…inconformismo con la decisión del
Consejo Superior Universitario que, en sesión del día martes 16 de febrero, se
negó a permitir el ingreso de la Comisión profesoral designada para presentar
la “Propuesta de reforma profunda de la Universidad del Tolima”, a pesar de la
insistencia de la representación profesoral para que dicho contenido fuera
socializado…la viceministra de Educación Natalia Ariza sostuvo que la necesidad
de tomar decisiones urgentes impedía escuchar al profesorado”.
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