El Mico de Alviar: La reestructuración de la Universidad de Antioquia

El Mico de Alviar: La reestructuración de la Universidad de Antioquia

Carlos Enrique Restrepo

Prof. Instituto de Filosofía, UdeA.

enrique.restrepo@udea.edu.co

El 28 de octubre de 2015, el mismo día en que ordenó el cierre del campus y la instalación del sitio policial encargado de custodiar la imposición de las reformas al examen de admisión, el rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alviar, hizo público, a través del portal universitario, el Plan de Acción Institucional 2015-2018 que orientará su rectoría. El documento, un amasijo más bien incoherente de generalidades (calidad, innovación, posconflicto), solapado en el poético prólogo orwelliano de un abecedario de neolengua (p. 5-10) y en las infaltables tablas de indicadores, destaca por su retahíla de falacias en las que son deformadas las realidades universitarias, presentadas bajo el presunto “clima natural” de concertación, participación y diálogo del que hace alarde la actual administración. Desde la primera página se pretende hacer pasar que “el presente Plan de Acción es el resultado del diálogo constante y abierto con la comunidad universitaria” (p. 3), cuando lo cierto es que las reformas se abren paso a como dé lugar, desoyendo sistemáticamente las expresiones de desacuerdo de profesores, estudiantes y empleados a quienes parece querer negárseles su legítima condición de estamentos.

Si bien el Plan de Acción hace su propia apología al sostener que “la Universidad no es arrogante, ni pretende imponer su voz a sus interlocutores” (p. 36), nada hay en él que pueda decirse producto de una amplia participación. Sin embargo, según el documento, tal participación se ha dado ya en la serie de reuniones llamadas “Diálogos con el Rector”, sostenidas por Alviar con los estamentos y dependencias durante los primeros meses de su rectoría, e integradas ahora a la metodología de “Análisis Situacional” que presuntamente dota al Plan de Acción de una amplia base de legitimación democrática. En la lógica del documento, la deuda con la democracia universitaria está ya saldada, al poner las mentadas reuniones en función de su estrategia metodológica y al verterlas falazmente como mecanismo suficiente de legitimación.

En los demás aspectos, el Plan de Acción tiene todas las características de la acostumbrada retórica institucional: obvia los problemas universitarios más acuciantes tratándolos deliberadamente de forma indirecta; insiste en sus obsesiones como es el caso del monotema de la deserción; presenta objetivos grandilocuentes, como si se tratase de un relato de ciencia ficción. Así, el tema urgente del profesorado por horas cátedra no amerita más que un lánguido párrafo (p. 27); la insistencia en impulsar la regionalización en las seccionales de Urabá y Caucasia (p. 34 y 46) deja en la incertidumbre los rumores del cierre de otras seccionales cuyos ecos lejanos llegan desde Yarumal y Segovia hasta Medellín; la deserción en cuyo nombre se ha justificado la reforma del examen de admisión sigue siendo para la administración una catástrofe, respecto a la cual se hacen toda clase de análisis (p. 23), menos el de cotejarla con el indicador más obvio: el del aumento de cobertura; en internacionalización se mantienen las directrices del Plan Bolonia concebido para las universidades europeas, que ha puesto de moda la política de “doble titulación” (p.18); en investigación e innovación, el Plan de Acción garantiza que la Universidad siga siendo “lo último en guaracha”, al poner la transferencia de conocimiento al servicio de los sueños (fajardistas) de la construcción de ochenta parques educativos, y de megaproyectos macondianos como el mitológico Puerto de Urabá, la interconexión eléctrica con Panamá y la navegabilidad del Río Magdalena… (p. 33).

Pero más allá de estos ensueños futuristas, en lo que atañe directamente al presente y a la realidad misma de la Universidad, el quid del Plan de Acción, en lugar de ameritar un tratamiento de primer orden y una amplia exposición, es pasado como de soslayo solamente en las últimas páginas, al mejor estilo de los micos del Congreso de la República: “el reto de emprender reformas para modernizar la organización académico administrativa (…), la revisión del Estatuto General, el Estatuto Profesoral, el Estatuto del Profesor de Cátedra y Ocasional, el Reglamento Estudiantil de Pregrado y el Estatuto de Contratación” (p. 43-44). El mico de Alviar, más que una serie de “reformas”, lo que anuncia con toda propiedad en estas líneas es una reestructuración general de la Universidad de Antioquia, pues donde quiera que se pretenda reformar el corpus de los textos constituyentes de la institución se tratará, en efecto, de una reestructuración. Pretextando “consolidar prácticas de buen gobierno universitario”, el Plan de Acción de Alviar confirma esta política de reestructuración como su objetivo principal, el cual sólo podrá cumplirse en medio de impredecibles tensiones, momentos críticos, parálisis, movilizaciones, luchas y resistencias políticas. De ello son apenas una muestra las medidas de cierre y de sitio policial que acompañaron el nuevo examen de admisión, con las que la rectoría pasó de actuar como una autoridad académica para cumplir funciones de “orden público”, y con las que el rector Alviar dejó claro su estilo de gobernar, dando un inconfundible mensaje de autoritarismo a la comunidad universitaria sobre el modo como habrán de llevarse a cabo las “reformas” venideras impulsadas por su administración.

En último término, por más que venga ataviada con el bálsamo de la poesía, vuelta prosa oficial, la reingeniería administrativa de la Universidad de Antioquia emprendida por Mauricio Alviar puede desencadenar los tiempos más sombríos que haya vivido la institución en las últimas décadas. No será, pues, su política la que mesiánicamente venga a solucionar los males de la Universidad, sino la que puede arrastrarnos a la más honda de sus crisis. En este aspecto, la administración universitaria tiene que entender, a su pesar, que la Universidad pública tiene una naturaleza distinta a la de otras organizaciones, que en ella procesos como estos no pueden ser unilaterales. Ante la inminencia de la reestructuración, es del caso aguardar una gran movilización de los estamentos universitarios, a medida que las tensiones engendradas por el mico rectoral se radicalicen. Por eso, para contrarrestar los efectos de una reestructuración unilateral, a discreción de instancias como la Rectoría o el Consejo Superior, hay que invocar prácticas y escenarios de una verdadera democracia universitaria, que reconozca a los universitarios en su potencia constituyente, congregándolos en formas asamblearias y espacios deliberativos disensuales, que garanticen que la “actualización normativa” de las constituciones de la institución sea la expresión de una visión pluralista y el resultado de una auténtica participación de los estamentos. 

Que “la Universidad es de todos” (p. 7) no puede ser mera demagogia ni un manido slogan puesto a relucir por los escribientes oficiales de la rectoría. La reestructuración de la Universidad exige un reto aún mayor que los consignados y solapados en el Plan de Acción Institucional, y respecto al cual cabe preguntar si está dispuesto a asumirlo el rector Alviar: el reto de la democracia directa. Un proceso inconsulto, falaz, antidemocrático como el actual predestina a la Universidad a la violencia, no sólo revolucionaria, sino también a la violencia institucional enarbolada desde los lugares de poder de las directivas. Por su parte, al rector Alviar le queda todavía la oportunidad de este inmenso reto de la democracia universitaria, si quiere aspirar a alguna legitimidad en lo que sigue de su reciente pero ya impopular y desacreditada rectoría.

Noviembre 3 de 2015