En
entrevista realizada por La FM, el comandante de la Policía Rodolfo Palomino se
lanzó a generar acusaciones infundadas acerca de los abogados que defienden a
los líderes sociales injustamente detenidos el pasado 8 de julio.
Palomino
manifestó que "el que tengan el número de abogados que en este momento
tienen, nos llama mucho la atención y más que eso, nos corrobora a quiénes
hemos capturado". Además, afirmó: "Hay una abogada del grupo de
defensores que llevó el caso de un sujeto que se llevó a la novia y se la
entregó al ELN para que la secuestrara. Que se haya venido desde Arauca para
reforzar este grupo de abogados, a mí me llama mucho la atención".
Frente
a las acusaciones temerarias del General Palomino, la abogada Gloria Silva
Tovar aseguró: "Nuestro ejercicio de la profesión se enmarca en los
parámetros de la ley y la Constitución Política, es elemental el saber que toda
persona objeto de procesamiento penal tiene derecho a la defensa, en este caso
literalmente sobraron los abogados porque el burdo montaje judicial que sufren
estos jóvenes despertó solidaridad en todo el país y también entre mis colegas
abogados, por lo que muchos acudieron prestos a defender a los detenidos. Es
esta la solidaridad la que pretende atacar Palomino".
"Al
general Palomino le parecen extraños 13 abogados pero no 13 detenidos",
anunció uno de los abogados en la audiencia.
Estos
hechos, aseguró el Equipo Jurídico Pueblos, constituye una violación al debido
proceso y a las garantías mínimas que deben tener los procesados en un Estado
de Derecho, además de ser otra transgresión de la presunción de inocencia.
Denunciaron también que estas declaraciones del General Palomino ponen en
riesgo a los defensores.
Sumada
a esta irregularidad, los abogados denunciaron que no han permitido el ingreso
de alimentos para los detenidos desde el momento de la detención. Además, se
han filtrado varias supuestas pruebas por parte de la Policía Nacional.
Estos
hechos demuestran con claridad la serie de irregularidades, vicios y
violaciones de los que está plagado el proceso político, mediático y jurídico
contra los líderes sociales. Por lo tanto, manifestamos nuestro rechazo
enfático ante la actitud de la Policía y el Gobierno frente al tratamiento del
juicio, al tiempo que exigimos garantías para el ejercicio de la defensa.
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