Luego
de seis días de la detención de 15 personas acusadas de provocar las
explosiones del pasado 2 de julio en las sedes de Porvenir en la ciudad de
Bogotá, continúa el proceso de imputación de cargos. La Fiscalía no ha mostrado
hasta el momento material probatorio que indique la responsabilidad de los
detenidos, como lo señalaron el vicefiscal y el mismo presidente Santos el día
de las detenciones.
¿Ya no es por las bombas a Provenir y ahora
no todos son milicianos?
Posterior
a que la jueza legalizará las detenciones, consideradas irregulares por la
defensa, inició el proceso de imputación de cargos contra trece personas
sindicadas por el gobierno de pertenecer a las milicias urbanas del Ejército de
Liberación Nacional -ELN- y de ser los responsables de las bombas que
estallaron el pasado 2 de julio en las sedes de Porvenir en la ciudad de
Bogotá.
A la
fecha, la Fiscalía presentó como material probatorio interceptaciones
telefónicas, fotografías y seguimientos que venían de varios meses atrás.
Asimismo, libros de pensamiento crítico, banderas del Congreso de los Pueblos y
en el caso de los estudiantes, banderas de la Red Revuelta e Identidad
Estudiantil, computadores portátiles, USB, agendas, celulares, etc. Según el
ente acusador, estas pruebas los vinculan a los disturbios del pasado 20 de
mayo en la Universidad Nacional, y otras explosiones el año anterior. Ningún
material probatorio apunta a las bombas de Porvenir por lo tanto, desde que
inició la audiencia de imputación, las condiciones han cambiado y de las 13
detenciones que se mantienen (recordemos que dos se hicieron sin orden de
captura) tan solo tres continúan siendo sindicados de pertenecer al ELN.
El
pasado viernes 9 de julio, cuando inició la imputación, se presentó como
primera prueba una serie de conversaciones en donde David Camilo Rodríguez, se
comunica con Heiler Lamprea y Gerson Yacumal. Para la Fiscalía, lo conversado
indica que los sindicados hablan de la elaboración de papas bombas que según su
versión fueron utilizadas en la protesta del pasado 20 de mayo en la
Universidad Nacional. Además en otras interceptaciones telefónicas, señalan que
hubo un encuentro en una casa en el sur de Bogotá.
Otras
pruebas son fotografías en donde se observa a Rodríguez conversando en una
panadería con la abogada Paola Andrea Salgado Piedrahita. Aunque no se observa
allí ninguna actividad ilegal, el ente acusador insistió en que estas reuniones
tenían como fin la elaboración de las papas bomba, aunque en las llamadas
hablan sobre una tesis. En otra fotografía se observa a Salgado con una caja
que guarda en el baúl de su automóvil, caja que según la Fiscalía contenía 800
papas bombas que fueron llevadas a la Universidad Nacional. Frente a esto, la
defensa alega que dada la gran cantidad de papas hubiera sido un peligro para
su seguridad transportar estos explosivos en un carro, pues al menor movimiento
brusco éste hubiera explotado.
Al
resto de imputados ya no se les señala de ser integrantes del ELN y mucho menos
se habla de su relación con los hechos del 2 de julio. El lunes 13 de julio la
Fiscal del caso acusó a David Camilo Rodríguez y Heiler Lamprea por los delitos
de terrorismo, rebelión, daño en bien ajeno y lesiones personales. El martes 14
de julio se espera continúe la imputación contra el resto de detenidos.
Desmontado las acusaciones por las explosiones
contra Porvenir
Otro
aspecto que genera preguntas tiene que ver con que todas las pruebas
presentadas por la Fiscalía se centran en hechos ocurridos en 2014. Las
acusaciones ahora buscan establecer que al menos tres de los acusados tendrían
responsabilidad en los petardos que explotaron durante ese año y el mismo ente
acusador admite que ninguno de los acusados está relacionado con las bombas
detonadas en las sedes del fondo de Pensiones Porvenir. La versión de las
bombas, por las que se generó todo el despliegue mediático y de representantes
del Estado, quedó desvirtuada desde el comienzo por la misma Fiscalía.
Y
entonces, ¿qué se sabe acerca de los atentados contra la empresa de fondos de
pensiones Porvenir, perteneciente al grupo Aval, del grupo financiero Sarmiento
Angulo? poco o nada. Así las cosas, aun no existe claridad sobre quien realizó
dichos atentados. Este resulta ser un vergonzoso resultado para las
autoridades.
Hasta
el momento ni el Gobierno, ni la Policía, ni ningún representante del Estado
han admitido su error, salvo el distrito que inicialmente iba a cancelar los
contratos y que actualmente los suspendió hasta que se clarifiquen los hechos.
Solidaridad con los presos
Desde
que ocurrieron las capturas se desencadenó un importante apoyo de distintas
organizaciones sociales, medios de comunicación, grupos de mujeres,
periodistas, organizaciones políticas, etc. que están acompañando a las 13
personas capturadas. El respaldo popular a las personas detenidas por las
autoridades ha ganado espacio en las calles y las redes sociales.
A esto
se suma que más de 235 organizaciones a nivel nacional e internacional están
firmando declaraciones en favor de los 12. Delegados de la Organización de
Naciones Unidas -ONU- estuvieron presentes en la audiencia y solicitaron que se
respete el debido proceso. En estos momentos continúa creciendo el apoyo
internacional.
Los
nombres de los 12 detenidos y sus imágenes se hicieron virales en internet. A
partir de etiquetas en Twitter y Facebook se ha mostrado un extendido apoyo
hasta el punto de ser tendencia en con #LibertadSonInocentes y
#LeerNOesundelito. También se mueven mensajes de apoyo a través de etiquetas
como #LiberenAPato, #FuerzaLorena y #EstamosConPaola. Las columnas de opinión
del pasado domingo giraron en torno al tema y en ellas importantes
personalidades como Alfredo Molano y la misma editorial del periódico El
Espectador, advirtieron sobre la ‘cacería de brujas’ y las evidentes
similitudes de este caso con el contexto de los años 70, en medio de la
vigencia del Estatuto de Seguridad de Turbay.
Personajes
públicos como Senadores y Representantes a la Cámara continúan apoyando a las
personas detenidas y denuncian los “falsos positivos judiciales o capturas
basadas en montajes para demostrar resultados”. Hoy lo que empezó para el
Gobierno como un importante logro, se convirtió en una vergonzosa derrota
política. Hasta el momento ni el presidente, ni el general Palomino se
manifiestan sobre los hechos.
Un proceso con muchas irregularidades
Otro
hecho grave contra las personas detenidas tiene que ver con el aval que la Juez
72 de Control de Garantías entregó al procedimiento irregular e ilegal de
captura. A pesar de que la defensa de los acusados reitero y demostró de forma
continua los vicios de procedimiento adelantados por la Fiscalía, la jueza
decidió avalarlo y pasar a la imputación de cargos. Este es, sin duda, un juicio
más político que jurídico.
Desde
el pasado miércoles 8 de julio, cuando Juan Manuel Santos y el vicefiscal de la
nación, despertaron al país y anunciaron la detención de quince personas que
pusieron las 2 bombas el pasado 2 de julio en Bogotá. Desde ese momento la
defensa y diversas organizaciones sociales han señalado que se les violó la
presunción de inocencia por la condena pública hecha por los medios de
comunicación.
Otro
elemento que denuncia la defensa y las decenas de organizaciones sociales que
piden la libertad de estos líderes sociales, es la imposibilidad que tienen los
detenidos para alimentarse, pues lo único que han podido comer es lo que las
familias les han logrado enviar en el mismo momento que se llevan a cabo las
imputaciones. También las familias y la defensa han denunciado que a la Policía
no permite a los detenidos acceder al material de aseo. Sobre este hecho, la
defensa solicitó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.
Hoy
continúa la audiencia de imputación que inicia a las 9: 00 de la mañana, en la
que se individualizarán las pruebas y casos para imputar los cargos. A la par,
se mantiene el plantón permanente de amigos y familiares a las afueras de los
estrados judiciales, a la espera de noticias sobre los líderes sociales
detenidos bajo confusas acusaciones.
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