Sobre
los ataques a la libertad que ponen en riesgo a la academia
En las
últimas semanas se han manifestado una serie de amenazas de muerte y
hostigamientos en distintas universidades públicas del país, la que más se ha
dado a conocer a la opinión pública fue la ocurrida en la Universidad Nacional,
donde haciendo alusión al profesor Miguel Ángel Beltrán, amenazan a un grupo de
13 estudiantes y 3 profesores, situación que ha escalado al punto de que
algunas de estas personas han sido objeto de seguimientos, llamadas
intimidatorias y otras modalidades de violencia contra su integridad.
La
situación, aunque enfocada directamente contra un campo específico de las
ideas, pone en riesgo la existencia de la universidad como tal, pues cualquier
tipo de amedrentamiento y terror que busque acallar las ideas, sin importar las
corrientes en las que se inscriban, es un ataque a la libertad de pensamiento,
de expresión y pone en riesgo la libertad de cátedra e investigación. Ahora
bien, es preciso preguntarse cuál es el contexto en el que las amenazas se
generan, y que tipo de intereses hay en juego.
La
universidad, entre los matices y aristas que presenta, resulta ser una
institución fundamental para la pervivencia de los proyectos de nación, pues en
esta se reproducen, replantean y producen los conocimientos legitimados o
reconocidos como válidos para influir en la orientación del devenir económico,
político y cultural de una Nación. Esta influencia no se hace manifiesta en la analogía
de un oráculo consultado por una sociedad externa, sino también porque los
profesionales, formados en la universidad para llegar a serlo, son quienes
garantizan con su trabajo la existencia del resto de instituciones que
conforman un Estado.
Se trata,
entonces, de una institución que posibilita la reproducción ideológica que la
estructura de la sociedad constituye en hegemónica, pero que, además, y por
ello mismo, permite la cualificación de la mano de obra para el trabajo, de la
tecnocracia que conforma la burocracia del Estado y de una parte de las élites
que lo dirigen. Nos encontramos entonces con una de las instituciones más
importantes para la existencia misma del Estado-Nación que conocemos, y que en
estos sures se encuentra en la búsqueda de una modernidad prometida.
Ahora
bien, al hablar de institución, por más abstracto que parezca o, por el
contrario, por más mecánico que se suene el término, las universidades se
constituyen en espacios donde confluyen las distintas gamas de ideas y apuestas
surgidas en la sociedad, presentes allí no solo para exponerse y ser
contempladas, sino para hacer parte de las batallas y pugnas de ideas, de los
conflictos que hacen posible la existencia de una sociedad medianamente
democrática, pues no se trata de ver a la institución universitaria como una
estructura determinante sino que la misma se nutre y llena de particularidades
por la acción de los sujetos diversos que la componen, de manera que la
universidad existe si existen las ideas en sus más diversas expresiones. Por
ello entre otras cosas, se precisa un alto grado de autonomía, para que sean
las comunidades universitarias, en ejercicio colectivo, quienes definan los
mecanismos para garantizar la conflictivamente creadora existencia de la
diversidad de ideas y apuestas presentes en las universidades.
De esta
manera, teniendo en cuenta que se trata de una institución ligada al proyecto
de nación, y que el Estado colombiano se ha constituido en el marco de los
proyectos económicos y culturales de algunas élites relacionadas, en el marco
de la división internacional del trabajo, con élites globales, las
universidades resultan ser entonces instituciones que requieren ser orientadas
en consecuencia con estos proyectos, de manera que la autonomía y la democracia
universitaria pueden convertirse en un palo en la rueda al expresarse en esta
última corrientes contra hegemónicas que contrarían el proyecto de nación
propuesto por las élites. En ese sentido, los organismos de dirección colegiada
que componen las universidades públicas, cuentan con una presencia definitiva
de los gobiernos locales y nacional, de manera que las decisiones que se tomen
alrededor de las mismas sean consecuentes con las apuestas que en materia de
educación e investigación tiene el gobierno.
Teniendo
esto en cuenta, ¿es posible, entonces, hablar de la universidad como una
institución que, aludiendo a su carácter académico, debe estar desligada de
cualquier debate político? Es más: ¿es posible decir que la academia, la
investigación y la ciencia en general se encuentran exentas de intereses de
distinto tipo, entre ellos los económicos y políticos?, ¿o será que el discurso
que pretende atacar las expresiones políticas inmanentes en el debate académico
hace parte, consiente o inconscientemente, de una de las apuestas políticas
alrededor de la universidad?
A
inicios de la década de los 90, con la desintegración de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Francis Fukuyama traería a la luz el concepto del “fin
de la historia” para señalar que una vez terminada la guerra fría sucumbían
también las pugnas ideológicas y políticas que ponían en tensión o en juego
distintos proyectos históricos, de manera que el liberalismo se erguía
triunfante en la totalidad del mundo para convertir a la economía de mercado en
el régimen de verdad que ordenaría la sociedad dando fin a las batallas y las
guerras. Este serviría entonces como uno de los discursos que surgirían para
legitimar el avance y consolidación del neoliberalismo, al señalar que las
apuestas políticas o las perspectivas ideológicas que se plantearan como
alternativas al mismo, resultarían arcaicas y azuzadoras de “superadas
violencias”.
El
Estado colombiano haría parte entonces de aquella serie de estados
latinoamericanos que, en el marco de las recomendaciones del consenso de
Washington, entrarían en procesos constituyentes que buscarían la modernización
de las instituciones y las leyes para facilitar entre otras cosas la
flexibilización y el libre mercado que requiere el neoliberalismo. Así, Entre
los sectores objeto de reformas se encontró la educación superior, surgiendo la
ley 30 de 1992 entre otros. Ahora bien, un proyecto de país no es posible si no
existen discursos que legitimen el mismo y logren calar en distintos ámbitos de
la sociedad.
De esta
forma, discursos como el del “fin de la historia” entrarían a hacer parte de
esta amalgama de ideas que configuran el campo ideológico que sustenta la
modernización neoliberal, trayendo consigo la subsecuente estigmatización de
los partidos y apuestas políticas de carácter revolucionario como vestigios de
instituciones caducas que conllevan a la violencia y los dogmas, y que estarían
opuestos a una idea de progreso instalada como legítima. De esta manera, y como
resultado de la fuerza que adquieren estos discursos en la sociedad, se empieza
a consolidar también en las universidades, como centros del pensamiento y para
la formación de los ciudadanos, la idea de una institución que debe ser
administrada por tecnócratas bajo los lineamientos de una academia regida por
estándares internacionales forjados en relación con las necesidades del
mercado, y donde no tiene cabida la democracia, pues la tendencia es a la
consolidación de una empresa que ofrece los servicios de educación e
investigación, antes que la manifestación de un derecho ciudadano que aporte a
la construcción de sujetos democráticos.
Sin
embargo, no basta con las reformas y los discursos, no basta con el hecho de
que los rectores designados por los órganos colegiados de dirección con que
cuentan las universidades sean dignos exponentes de la apuesta por una
“academia despolitizada”. Para lograr alcanzar el proyecto de universidad que
buscan las élites, como en otros ámbitos, se ha hecho uso también de la
violencia directa y del terror con el objetivo de continuar acallando esas
voces incomodas que han sabido reconocer el carácter político de la academia y
actuar en consecuencia. Es allí que aparece el ejemplo de las y los dirigentes
estudiantiles asesinados, de las recurrentes amenazas y hostigamientos a las
organizaciones y sus agremiados y la persecución a las y los profesores que
asumen perspectivas epistemológicas incomodas para el establecimiento. Es
pertinente recordar parte de uno de los panfletos amenazantes que dirigieron
las Águilas Negras contra estudiantes y profesores de la Universidad Nacional:
“Para
la gente de bien de este país los derechos humanos es tener el derecho a vivir
sin la plaga que son ustedes, que no dejan desarrollar los proyectos para el
bien de Colombia”.
Se
empieza a consolidar entonces una idea relacionada con “el fin del fin”, que
alude al hecho de que no existen proyectos de universidad y de país en pugna,
sino “grupúsculos políticos” que trayendo la política a la academia tienen la
apuesta de llevar a la misma al pasado contrariando la idea de progreso. Y así,
en el marco de esta idea, aparecen también las amenazas y la persecución para
anunciarle a las comunidades universitarias: en el proyecto neoliberal no hay
cabida para el pensamiento crítico, para las organizaciones estudiantiles de
izquierda, la universidad ideal es aquella donde sus estudiantes acuden
silentes al aula de clase para adquirir el capital cultural que les permita
salir a competir en el mercado laboral.
Sin
embargo, a pesar de la idea que a diario empieza a ser aceptada, la universidad
y la academia en general es expresión de los conflictos sociales que componen
la sociedad, el discurso de la academia sin política y la universidad sin
organizaciones políticas resulta ser parte de un proyecto de universidad
específico, pues está inscrito en lo que sería el campo ideológico de la
modernización neoliberal, una idea que existe y alrededor de la cual deben
generarse las garantías para que quienes la profesan tengan el derecho de
expresarla, pues la pugna y los conflictos de ideas son necesarios y dan vida
al alma mater. Moriría la universidad si ocurriera que el dogma neoliberal o
cualquier dogma sin importar la orilla política en que se inscriba se impusiera
como única alternativa, pues la universidad debe ser siempre expresión de la
diversidad, nodo critico de cualquier régimen, conciencia crítica de la nación.
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