Dentro
de lo que se ha informado por los medios masivos de comunicación podríamos
entender que el paro de los maestros en Colombia tiene como objetivo el mero
hecho dela nivelación salarial, se podría pensar que es solo subir el sueldo,
pero la realidad del paro del magisterio tiene problemáticas que se relacionan
con la iniciativa del gobierno de Santos por desmontar la educación pública,
primero atacando a sus más férreos defensores: los maestros.
Por
Juan Santiago Merchán*. El desmonte de la educación pública en Colombia es una
de las características principales del desarrollo de la educación en
Latinoamérica. Desde los años 80, con la entrada de las políticas neoliberales,
se ha visto una tendencia hacia la
pauperización y privatización de los sistemas educativos del sur del
continente. Sin embargo, en Colombia, este desmonte no ha sido posible en su
totalidad debido a la férrea resistencia que todavía hace (con sus errores) la
central sindical nacional del magisterio
Fecode.
En esta
coyuntura del paro se reflejan estas características del desmonte de la
educación pública, el primer avance se hizo con el piloto de los colegios en
convenio, los cuales son administrados por entes privados pero sostenidos por
el distrito (en el caso de Bogotá). Otro punto de avance es la pauperización de
la población docente, que de acuerdo a Pablo Antonio Amadeo Gentili
(Licenciado, Master y Doctor en Educación de Buenos Aires), teniendo nivel
profesional, trabaja un 30% más que sus pares europeos bajo condiciones de
cuasi hacinamiento, con una población estudiantil 50% mayor que en Europa, pero
que gana un sueldo casi 100% menor que los docentes del antiguo
continente.
A esto
se suma el problema de la salud, en la cual el magisterio, teniendo régimen
especial pagado por ellos mismos, debido la pésima y corrupta administración de
las EPS, tiene un servicio precario que ya ha llegado costar vidas, como el
caso de una docente en el año 2014 de un colegio en Engativá, que murió
esperando la orden para una operación gástrica; o los casos de la falta de
agenda, en la cual una cita para revisión general puede quedar en espera hasta
por tres meses.
Otro
punto importante pero que no es mencionado dentro de los debates que se han
mostrado en los medios es el de la dignificación de la profesión docente.
Cualquier persona puede opinar y dar razones sobre la educación abrogándose
solo el hecho de haber pasado por la escuela, cosa solo comparable con la idea
de que un docente pudiera dar razones por la caída de un puente solo porque ha
pasado por este varias veces. Lo normal sería asumir que eso es cuestión de un
experto, en este caso, de un ingeniero. En el caso colombiano, la profesión ha
sido tan desprestigiada que tiene que hacerse cargo de ella la empresa privada,
demostrando el rapto de la educación por parte los empresarios, siendo esta
despojada de sus verdaderos agentes, es decir, los educadores, pasando de ser
un derecho constitucional a un híbrido entre servicio y derecho.
También
tenemos una abogada con maestría en resolución de conflictos sin un ápice de
estudios en pedagogía, como ministra de Educación a una persona que, basada en
un estudio pagado por empresarios a otra fundación empresarial (estudio que
toma de manera descontextualizada los ejemplos de países desarrollados como
Finlandia, Corea del Sur y Brasil), toma decisiones como la de evaluar al
profesorado para rifar un sueldo extra, porque se asume que estos son los
únicos responsables de la mala calidad de la educación, y así, poder generar
competitividad que impacte la dinámica escolar. Lo que la ministra debe tener
en cuenta es que este profesorado está siendo evaluado primero, para ingresar al sistema de carrera, luego
cada año por su mismo colegio y por último otra evaluación para lograr un
ascenso.
Finalmente,
hay que mencionar que el hecho del paro del magisterio como se ha visto, se
enmarca más allá de la mera idea del aumento salarial, que es la simplificación
mostrada en los medios, la lucha del magisterio es en realidad la lucha por
reivindicación de la educación pública estatal asumida como derecho
constitucional, no como servicio usufructuable, es la lucha por la calidad más
allá del parámetro neoliberal, puesta en los términos de la justicia social, el
derecho a una vida y profesión dignas y el desarrollo integral de los
estudiantes.
*Juan
Santiago Merchán es docente del Distrito, Licenciado en filología de la
Universidad Nacional y Magister en Comunicación/Educación de la Universidad
Distrital.
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