Hoy en Colombia, el extenso poder de
nombramiento directo o indirecto que dispone la Presidencia de la República en
las instituciones del país permite considerar al régimen político como siendo
más una monarquía administrativa que una república liberal, y aún menos una
democracia. El régimen sigue generando y promoviendo conformismo
(“gobiernismo”) entre sus sujetos y, a su vez, imposibilita una democratización
real de las instituciones políticas y administrativas, ¡inclusive en las
“autónomas” como las universidades! Se argumenta a favor de un giro radical
para la designación de cargos en la Universidad mediante un uso razonado del
sorteo.
André-Noël
Roth
La
Universidad Nacional de Colombia, principal centro educativo universitario del
país e institución pública con un estatuto de autonomía, está próxima a renovar
su máxima autoridad en el cargo de rector de dicha institución. Las
candidaturas ya son conocidas. Luego de ser avalados por la misma institución,
según su propio reglamento, por cumplir los requisitos formales necesarios para
el ejercicio del cargo, los siete candidatos (¡ninguna candidata!) se someterán
a un proceso de consulta entre profesores, egresados y estudiantes, -luego de
una corta campaña electoral de presentación de sus respectivas propuestas para
una consulta calificadora para 5 de los 7 candidatos, pero no vinculante- cuyos
votos serán ponderados por la aplicación de una fórmula matemática 1.
Los
cinco nombres elegidos serán luego tomados en consideración para la designación
como Rector por el Consejo Superior de Universidad Nacional de Colombia. Los
miembros de este Consejo deliberarán y votarán, con toda su sabiduría, hasta
que uno de los candidatos obtenga una mayoría simple. En este caso, son cinco
votos que se necesitan, ya que el Consejo Superior está conformado por ocho
miembros. Su composición es la siguiente: Ministro de Educación (en este caso
Ministra), dos miembros designados por el Presidente de la República, un ex rector
designado por los ex rectores, un miembro del Consejo Nacional de Educación
Superior CESU de terna presentada por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, un miembro del Consejo Académico designado por éste (es decir un
decano de la actual administración), un representante de los profesores (en
este caso una profesora) y un representante de los estudiantes.
Un
análisis sumario de la composición de estos “grandes electores” indica que tres
de éstos son directamente designados por el Presidente de la República
(Ministro y dos miembros). El miembro del CESU, órgano de apoyo del Ministerio
de Educación, tiene altas probabilidades de ser cercano al ejecutivo, y un
quinto, el representante del Consejo académico, ha sido nombrado como decano de
su Facultad directamente por el actual rector-candidato. Por lo tanto, la
elección la define en buena parte el mismo Presidente de la República que
necesita conquistar uno o máximo dos votos adicionales, que pueden ser
aportados, probablemente, por la influencia del mismo candidato-rector. Si bien
cada uno de los miembros del Consejo Superior tiene formalmente total libertad
para otorgar su voto, la configuración política de los votantes no deja mucho
margen a sorpresas. Existe una muy alta probabilidad de que el Rector actual,
el Doctor Mantilla, esté nuevamente designado. Es probable que el voto final
sea de 6 – 2, los dos votos de los representantes de los profesores y de los
estudiantes. A menos de que la Presidencia esté muy descontenta con el actual
rector o desee cumplir con otro compromiso –cosas que ignoro totalmente-, y con
la condición muy probable de que éste quede seleccionado entre los cinco por la
consulta prevista en estos próximos días, a lo mucho será reemplazado por otro
candidato cercano a las preferencias presidenciales.
Como
ocurre siempre en las monarquías administrativas, la autonomía formal de las
instituciones se restringe fuertemente por efecto de la influencia y relaciones
jerárquicas y personales. L’Etat, c’est moi, podía proclamar el Borbón Luis XIV
en Francia. Posteriormente, fue el emperador Napoleón quien hizo realmente
efectivo en el plano administrativo el lema monárquico. Estos ilustres
franceses fueron los grandes inspiradores de la construcción política y
administrativa centralista de España y de América latina. El primero reformó a
la corona española desde Felipe V (nieto de Luis XIV) con los decretos de la
“Nueva Planta” (1717, 1718 para Indias) y luego, el segundo inspiró a los
“libertadores” y constructores de la República de Colombia. El pasado tiene
efectos en el presente: es el path dependency (la dependencia del camino) como
dicen los neoinstitucionalistas. Hoy en Colombia, este extenso poder de
nombramiento directo o indirecto, herencia política e institucional duradera de
la monarquía administrativa, del cual dispone la Presidencia de la República en
las instituciones del país sigue generando y promoviendo actitudes conformistas
(“gobernismo”) y, a su vez, imposibilita la democratización real de las
instituciones políticas y administrativas, ¡inclusive en el caso de las
autónomas como las universidades!
Sin
embargo, antes de ceder ante el centralismo administrativo borbónico y
napoleónico, existían en la península otras prácticas de gobernanza que
incluían regímenes de amplia autonomía político-administrativa. Así las
tradiciones castellana y aragonesa reconocían una gran autonomía a las ciudades
y villas frente a su Rey. Dicha autonomía era garantizada institucionalmente
mediante dos tipos de dispositivos: la venalidad de los oficios (principalmente
en Castilla) que permitía conservar los cargos en las mismas familias y, en el
reino de Aragón, de manera más interesante, por la implementación de la
insaculación2, es decir de un sistema más o menos sofisticado de elección por
sorteo para repartir periódicamente los principales cargos públicos entre los
que podían ser pretendientes, los insaculados, y que perduró varios siglos
(aprox. 1250-1715). El sistema tuvo incluso alguna aplicación en América en el
siglo XVI. De este modo, se limitaba eficazmente la capacidad de influencia y
de intromisión de la realeza en los asuntos locales.
Si
bien, la venalidad no puede constituir una solución válida para la época
contemporánea (aunque sigue existiendo bajo otras modalidades de acaparamiento
y control institucional), creo que la práctica de la insaculación como
dispositivo de elección puede ser fuente de inspiración para el caso de las
universidades públicas. Estos últimos años, las virtudes del sorteo, como
mecanismo democrático por excelencia, han regresado a ser reconocidas, y formas
razonadas de uso del sorteo se han vuelto a aplicar en algunos escenarios
políticos y administrativos3. La Universidad puede ser uno de estos escenarios
para la experimentación de una necesaria renovación democrática.
El modo
de elegir a las autoridades universitarias ha sido objeto de amplios debates.
Grosso modo existen tres mecanismos vigentes: 1) la elección directa (con voto
ponderado), 2) la elección indirecta a través de un voto de una asamblea
(Senado universitario o Consejo Universitario con diversas formas de
representación de la comunidad universitaria) y 3) designación directa por el
poder político.
La
primera, la elección directa, se asimila a una elección mayoritaria a imagen y
semejanza de las elecciones políticas en donde los miembros de la comunidad
universitaria son considerados como los “ciudadanos” de la institución.
Generalmente, se establece una ponderación para dar mayor peso a la opinión de
los profesores (tal como para la consulta de la UNAL). En este caso, el
inconveniente comúnmente señalado es que se tiende a “politizar” (en el sentido
también de “politiquería”) la institución y en particular con el desarrollo de
verdaderas campañas electorales; es la puerta de entrada para la influencia de
los partidos políticos, el control político sobre los puestos, para el
clientelismo político y las promesas demagógicas. Los opositores a esta
democracia universitaria basada en el sufragio directo consideran que no es un
proceso adecuado para elegir directivos universitarios, ya que una institución
académica no debería ser gobernada por decisión mayoritaria o plebiscitaria,
sino por mérito o competencia. El criterio imperante en la academia, dicen, no
puede ser la popularidad.
La
segunda solución, es la elección indirecta. La designación se hace por una
asamblea o un consejo de representantes presuntamente más legítimos y aptos
para discernir el mérito personal y el interés general de la Universidad que el
“pueblo” universitario. En el caso del Senado, es el modelo de la democracia
representativa por excelencia, con su claro carácter elitista, tendencialmente
oligárquico o aristocrático como lo señalaban ya tanto Aristóteles como
Montesquieu: personas llegan a ser parte del Senado (o del Consejo) por su capacidad
y talento en atraer electores que delegan (o abdican) su poder de decisión en
ellas. Se inicia así un proceso de constitución de una nueva élite que buscará
mostrarse como sabia e indispensable. Actualmente existe entre el profesorado
de la Universidad Nacional alguna propuesta de creación de un Senado
Universitario. Este Senado, claro está, ampliaría la legitimidad representativa
de la toma de decisión en relación a la situación actual de un Consejo Superior
muy restringido. Y es cierto que la actual forma de designar el rector – entre
otras decisiones- se parece más a la lógica de los cuerpos feudales, o del
corporativismo de los años 30, que a una lógica democrática. Es decir con la
creación de un Senado, se pasaría de una actual concepción premoderna, matizada
por el corporativismo de los años 30 del siglo XX, basada en los Consejeros del
Príncipe y funcionarios ilustrados de las corporaciones, a una concepción
moderna, republicana y delegatoria, basada en la elección de ilustres
representantes.
Finalmente,
la tercera vía, la designación directa por el poder político, queda obviamente
bajo el sello de las prácticas de regímenes dictatoriales o autoritarios (de
derecha como de izquierda), que no respetan el carácter autónomo, de
autogobierno, de las instituciones dedicadas a la investigación y a la
enseñanza de las ciencias.
El
modelo de la Universidad Nacional (entre otras universidades) se encuentra,
como se nota, formalmente en el segundo modelo (Consejos). Sin embargo, se
acerca bastante al tercero – la designación directa- por la composición
cuasi-feudal y restringida de su Consejo Superior. El Estado (en términos más
concretos: el gobierno de turno) quiso conservar una alta capacidad de control
sobre el nombramiento de la dirección de las instituciones públicas de
educación superior.
Obviamente
no es el único medio de control de que dispone el gobierno sobre las
universidades. De manera aún más efectiva en estos últimos años, el Gobierno
(es decir, el Monarca-Presidente) ejerce y complementa su control (por si acaso
no resultaría suficiente vía los nombramientos) también mediante una estrategia
de disciplinamiento educativo e investigativo de la Universidad y de los
universitarios por medio de dispositivos de gestión basados en la competición y
en incitaciones. En concreto, se trata de, en particular, las políticas de
financiamiento orientado y condicionado para la investigación (y para el
funcionamiento), y de la clasificación de los grupos de investigación y de los
investigadores. Proyecto disciplinario que se refuerza aún más ahora con la
Superintendencia – dispositivo típicamente neoliberal – y el manejo dado a las
regalías por Colciencias. El modo de gobierno de la Universidad se basa
entonces en la organización competitiva, de mercado, de la repartición de los
recursos económicos y honoríficos de un lado y, en el control sobre los
nombramientos del otro. El dinero, los premios y los reconocimientos4 son
dispositivos disciplinarios usados para orientar el comportamiento de los
universitarios señalando qué es meritorio o no de un reconocimiento público,
tanto social como económico. Hoy el aumento fenomenal de la capacidad de
cálculo y de big data permite a la creciente burocracia académica soñar con las
utopías tecnocráticas en su pretensión de medir, jerarquizar, ordenar y
controlar todo de manera seudo objetiva y científica. La educación, la salud y
la administración en general, sectores que resistieron a la primera ola de
taylorización, se encuentran hoy en la mira de nuevos ingenieros: el aula, el
consultorio y la oficina están bajo la medición y evaluación de sofisticados
cronómetros neo-taylorianos. Es la vestimenta nueva de los señores F. Taylor,
H. Fayol y E. Mayo.
El
neoliberalismo ha exacerbado hasta lo absurdo la cultura meritocrática (ranking)
ya inscrita en el republicanismo y su culto a “los mejores”. El (neo)taylorismo
y el neoinstitucionalismo económico contemporáneos le han dado las herramientas
prácticas. Pero a pesar de su discurso igualitario y “objetivo”, esta cultura
se traduce frecuentemente por lo que Bourdieu había señalado como el “racismo
de la inteligencia”5: ganan los que ya están favorecidos socialmente. Basta ver
las candidaturas al cargo de rector de la UNAL para ver una realidad política
colombiana: el mérito parece ser exclusivamente un don masculino y blanco
apenas mestizado. Es el resultado de las discriminaciones de hecho de un
sistema educativo colombiano que reproduce la desigualdad inicial
legitimándola, y que se promueve desde la primaria mediante un culto desenfrenado
a la competición individual con una premiofilia patológica que permite premiar
a los ya favorecidos.
Una
autentica democratización implica por lo tanto provocar una ruptura con esta
cultura conservadora del mérito individual competitivo, ya que tiende a
confortar la reproducción social y política, exacerba las desigualdades, y no
facilita el cambio ni promueve la equidad. En el caso de la elección del Rector
de la UNAL, una verdadera democratización implicaría que todos los candidatos
tengan una igual posibilidad de ser elegido como rector de la Universidad. Pero
no es el caso, como lo hemos señalado debido a la composición del Consejo
Superior. A cambio, con la introducción del sorteo, se suscitarían candidaturas
que reflejarían la diversidad y el pluralismo de la comunidad académica, ya que
existirían posibilidades reales de elección. Evitaría también la práctica
habitual de las ternas con candidatos de “relleno”. Sería por lo tanto
pertinente designar el rector – y otros cargos-, no mediante elección directa o
indirecta, sino mediante la introducción de una buena dosis de sorteo entre
candidato/as que cumplen los requisitos para ejercer el cargo6.
El
sorteo tiene la ventaja de que el designado no tenga amarre ni clientela a
retribuir. No debe su elección a ningún “partido” o monarca que hizo campaña a
su favor. Tampoco posibilita la compra de votos. Es decir, es un instrumento
también efectivo contra la corrupción que tanto afecta a la sociedad
colombiana. La adopción de un sistema de selección por sorteo implicaría por
cierto un rediseño institucional en pro de un reforzamiento y revalorización
del trabajo colectivo de los distintos colectivos, consejos y asambleas en
donde debe estar presente la diversidad de la comunidad académica – ¿acaso no
son los profesores todos pares académicos? El sorteo suele ser un garante más
eficaz de una participación igualitaria, plural y diversa. Así mismo, se
limitaría también en el “elegido” el síndrome de creer que es el “mejor” y que
suele traducirse frecuentemente por actitudes caudillistas o mesiánicas en la
gestión. Ya que su elección no se podría atribuir a supuestos méritos
excepcionales, ni tendría que rendir cuentas a algún padrino. Se limitaría
también concebir una elección como principalmente el resultado de una relación
de fuerza, de habilidad maquiavélica o en términos antagónicos tales como
ganadores vs. derrotados, amigos vs. enemigos ¿No sería pertinente proponer un
giro radical a la designación de cargos en la Universidad mediante un uso
razonado del sorteo (mezclando dispositivos de criterios formales, electorales
y de sorteo)? ¿Será que, en vez de “elegir” por mayoría en base a un supuesto
análisis objetivo de las hojas de vida y propuestas de los candidatos, el
Consejo Superior se atreve a sortear el cargo entre los cinco candidatos? De
este modo se empezaría a romper con la noción socialmente construida de mérito
individual, hoy hegemónica, para dar mayor valor a la responsabilidad colectiva
en el rumbo de la principal institución educativa del país.
***
1.
(Voto Docentes/Censo Docentes x 60) + (Voto Est./Censo Est. X 30) + (Voto
Egres./Censo Egres. x 10) = IPO (Indice de Ponderación de la Opinión).
2.
Diccionario: f. Procedimiento de sorteo de cargos públicos. Consiste en
insacular los nombres de las personas propuestas y extraer los que se
requieran.
3. Ver
por ejemplo: Cancio, Jorge, “Invitación a un debate: el sorteo y las cámaras
sorteadas como mejoras institucionales de la democracia”, Revista Mientras
Tanto, N°112, pp. 47-66; Delannoi, Gil (Dir.), Dossier: Le tirage au sort: pour
des choix démocratiques, Revue Esprit, N°8-9, 2011; Roth, André-Noël,
Democracia participativa en América latina: el sorteo como dispositivo
democrático para una gobernanza post-estatal, Revista del CLAD Reforma y
Democracia, N°56, 2013; Sintomer, Yves, Petite histoire de l’expérimentation
démocratique, Paris, La Découverte, 2010.
4. La
multiplicación de premios, reconocimientos y “ranking” de todo tipo es
sintomática de la instalación de un modo de gobernar mediante un “management”
honorífico que tiene ya una larga tradición en Colombia. Desde la elección de
la Reina del curso hasta, recientemente, los científicos colombianos más
citados, pasando por la Mujer Cafam y el Colombiano del año y de miles otros
reconocimientos y clasificaciones (hay profusión de honores también en la
universidad). Existe una verdadera patología premiadora y clasificatoria, una
“rankinomics”- una economía de la clasificación y de la jerarquización.
5. “Ce
racisme est propre à une classe dominante dont la reproduction dépend, pour une
part, de la transmission du capital culturel, capital hérité qui a pour
propriété d'être un capital incorporé, donc apparemment naturel, inné. Le
racisme de l'intelligence est ce par quoi les dominants visent à produire une «
théodicée de leur propre privilège », comme dit Weber, c'est-à-dire une
justification de l'ordre social qu'ils dominent. Il est ce qui fait que les
dominants se sentent justifiés d'exister comme dominants; qu'ils se sentent
d'une essence supérieure.” (P. Bourdieu, Questions de sociologie, Minuit, 1984,
p.264)
6. El
sorteo no es incompatible con un proceso de selección de candidaturas mediante
criterios de pruebas, experiencia, títulos, consultas para reducir el número de
candidato-as. Es el único medio que garantiza una igualdad real al momento
definitivo impidiendo la corrupción, el “dedazo” o el “guiño”. Las experiencias
históricas son numerosas: desde Grecia antigua hasta la elección secular de los
alcaldes en las ciudades del reino de Aragón en la época medieval, como
mecanismo de afirmación de su autonomía frente al Rey, pasando por las ciudades
italianas del Renacimiento, como Florencia que logró deshacerse del dominio de
los Medicis mediante la aplicación del sorteo.
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