Por:
Steve Steele Castillo
Las
reformas a la educación superior contempladas por el gobierno de Juan Manuel
Santos en el Plan Nacional de Desarrollo -PND- no son producto del trámite
democrático de sus actores más sensibles. Por el contrario, y entre otras
cosas, apuntan a la introducción del Acuerdo por lo Superior 2034[1] en las
universidades: según múltiples denuncias de la comunidad universitaria,
política formulada a sus espaldas y con un carácter ostensiblemente
privatizador en el caso de las universidades públicas[2].
Revisemos algunos lineamientos del acuerdo,
en principio.
El
lineamiento 136[3] de este, “redefine” el financiamiento de las Instituciones
de Educación Superior públicas
“introduciendo” un modelo de “corresponsabilidad”, cuya novedad, si así puede
interpretarse tal desacierto, es reafirmar el desembarazo fiscal del Gobierno
Nacional Central respecto a la oferta pública en educación superior.
Tanto
es así que el diagnóstico que antecede a los lineamientos da por hecho su
existencia, y presume que el gasto en educación superior es del 2% respecto al
PIB, cuando lo realmente cierto es que solo el 0,8 % de tal porcentaje
corresponde al gasto público; y lo restante, al gasto privado, reflejado en el
esfuerzo de las familias por proveer educación a sus hijos[4].
Todo
esto indica que favorecerá, tal como ha sucedido en los últimos 25 años, el
aumento de incentivos a la demanda a través de créditos educativos que aseguren
un nicho de mercado al capital financiero en la educación superior y el aumento
de la carga financiera de las familias, lo que avocará nuevamente a las
Universidades Públicas, cuyo déficit ya supera los 12,5 billones de pesos, a la
venta de bienes y servicios para librar las crisis financieras que
recurrentemente enfrentan, desvirtuando así el cumplimiento de sus fines
misionales.
Por
otra parte, en sus lineamientos 5.1, 10, 13 y 14 ordena flexibilizar los
esquemas de ingreso y los currículos de las IES, para incrementar la cobertura
y la tasa de graduación del sistema, elementos que ya se advierten en las metas
del PND.
Para
colmo, constriñe a las instituciones que se nieguen a hacerlo, puesto que la
flexibilización se torna en requisito para la acreditación y la obtención del
registro calificado de los programas que estas oferten, lo cual constituye una
flagrante violación a la autonomía universitaria. En últimas, quieren hacer la
fácil; así lo precisa el espectáculo de presentar resultados de gobierno, donde
el hecho de que 84 de cada 100 estudiantes que ingresan a las IES deserten -esto, sumando la deserción de las
instituciones universitarias con la de las técnicas y tecnológicas[5] – no resulta
aceptable estéticamente.
Para
terminar, por ahora, permítaseme parafrasear a Guy Debord cuando decía que todo
lo que fracasa en la realidad, tiene una segunda oportunidad en el espectáculo:
así es la política educativa de Santos, un espectáculo que afanosamente encubre
la tragedia que lo antecede, cuyo carácter, aún destructivo, se desenvuelve en
la más honda armonía.
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[4]
IBIDEM
[5]
IBIDEM
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