La reivindicación de la gratuidad debe ser un
componente fundamental de un proyecto nacional educativo de vocación pública
que acoja sin condiciones y garantías de permanencia a los jóvenes que aspiran
a ver realizado su derecho educativo y que no hipoteque de antemano el futuro
de los jóvenes profesionales como ya sucede en Colombia, así como en Chile y
EE.UU, motivando la corrección de sus políticas en un caso y obligando al
presidente a poner el tema en la agenda política en el otro.
El
pasado 20 de enero, en el discurso del estado de la Unión, el presidente Obama
prometió impulsar un plan para implementar la gratuidad en los colegios
comunitarios, lugares a los cuales asisten alrededor del 40 por ciento de los
estudiantes universitarios estadunidenses: “Tennessee, un estado con un
liderazgo republicano y Chicago una ciudad con un liderazgo demócrata, nos
enseñan que los colegios comunitarios gratis son posibles. Quiero ver esa idea
extenderse en todo Estados Unidos, para que dos años de estudios en colegios
comunitarios sean gratuitos y universales”, declaró Obama ante el pleno del
Congreso1.
Si bien
los colegios comunitarios sólo ofrecen un ciclo básico de profesionalización de
dos años, son una alternativa de educación superior y permiten la continuidad a
otros niveles e instituciones del sistema. La gratuidad representaría un
impulso decisivo a las aspiraciones de millones de jóvenes, tal y como lo
planteó el mismo Obama en su discurso: “este plan es su oportunidad para
graduarse preparado para la nueva economía, sin una gran deuda a sus espaldas”.
En
Chile, es inminente la aprobación de una reforma educacional que incluye la
modificación de los términos sobre los que se basaba la financiación de la
educación superior y que va en dirección de implementar y ampliar la gratuidad
de los estudios universitarios2.
Estados
Unidos y Chile se han convertido en referentes para buena parte de las ideas y
políticas públicas que han predominado en el continente y en Colombia sobre la
educación superior y, en particular, sobre su financiación. Pues bien, estos
referentes abandonan la consigna fundamental de su modelo privatista de que las
familias paguen, rescatan el papel del Estado en el financiamiento suficiente
de la educación superior y reconocen los fracasos que el modelo privatista ha
tenido en términos de equidad social, profundización del rezago educativo en
sectores de la población más pobre e incluso en sectores de ingresos medios y
en el empobrecimiento causado a millones de familias y jóvenes profesionales,
por cuenta del sobreendeudamiento al que se vieron sometidos para sufragar el
alto costo de las matrículas, en una trama que involucró la permisividad del
Estado con el ánimo de lucro y la voracidad del sistema financiero.
En
Colombia, por el contrario, el gobierno está empeñado en insistir en un modelo
de financiamiento basado principalmente en el esfuerzo de las familias
soportado con la concurrencia de créditos público-privados. Un empeño que
paradójicamente tiende a la reproducción de ese modelo privatista chileno que
hoy se desmonta en las universidades y en el Congreso de Santiago.
El
documento Acuerdo por lo superior 2034, que el movimiento estudiantil ha
señalado como un reencauche del fallido proyecto de Ley modificatorio de la Ley
30, y que es la hoja de ruta del gobierno en la materia, mantiene un fuerte
acento en el financiamiento privado de la educación que contrasta con la precariedad
de recomendaciones para el financiamiento de la oferta pública3. Persiste la
intención gubernamental en un modelo de disminución del subsidio a la oferta
(desfinanciación de las universidades públicas) y expansión del subsidio a la
demanda (más Icetex y otros créditos que se dirigen principalmente a
instituciones privadas).
El
debate de la gratuidad, que ha sido constantemente desestimado, debe instalarse
en la nueva coyuntura que se avecina con la anunciada reglamentación de medidas
a partir del documento Acuerdo por lo Superior y a propósito del inicio del
programa “Ser Pilo Paga”, que el gobierno presenta engañosamente como una
financiación gratuita a la educación superior de 10.000 jóvenes de todo el
país, cuando en realidad es un crédito condonable que se convertirá en una gran
deuda a las espaldas de buena parte de los beneficiarios.
La
gratuidad debe corresponder a una reivindicación para transformar las bases del
acuerdo social sobre la financiación y sostenibilidad del sistema de educación
superior como un todo, a una condición para la realización de un derecho social
y a una oportunidad para la inclusión social en la Colombia del posconflicto.
La
consigna de la gratuidad debe ir unida a la recuperación institucional y
financiera de las universidades públicas, que deberían ser prioridad y eje del
liderazgo de una política pública transformadora y democrática; así como a
medidas audaces de bienestar que eviten la deserción.
Seguramente
las demás necesidades fiscales del país y otras razones económicas no
justifiquen una aplicación universal de la gratuidad pero, sin duda, es
necesario y posible que la plena contribución estatal alcance a más colombianos
de las clases menos favorecidas sin las condiciones de los créditos educativos,
inclusive con la participación de universidades privadas de alta calidad
académica.
La
argumentación por la gratuidad no puede confundirse con acciones específicas
como “Ser Pilo Paga” que, de hecho, es un reconocimiento tácito de que el
modelo privatista ha excluído a millones de jóvenes de la educación superior,
aunque ofrezca como solución más de lo mismo: una nueva modalidad de crédito
del Icetex4 que, aunque condonable, puede terminar condenando a buena parte de
los beneficiarios a deudas onerosas si por alguna razón llegan a desertar de la
carrera universitaria que escogieron, como lo hacen alrededor del 45% de los
estudiantes universitarios en Colombia. Además, que el subsidio de manutención
en muchos casos será tan precario como un salario mínimo por semestre.
El
mismo documento Acuerdo por lo Superior reconoce que, en ciertas modalidades de
créditos educativos del Icetex, “a pesar de los subsidios de tasa de interés y
sostenimiento y condonación parcial del crédito, todavía se asocia como un
crédito de alto riesgo. En la línea de crédito ACCES, diseñada para aumentar la
cobertura de la población más vulnerable con mérito académico, el nivel de la
cartera vencida en amortización asciende al 30%. Lo anterior constituye un
problema para los estudiantes que desertan o que tienen ingresos bajos tras su
egreso de la carrera”.
El
programa “Ser Pilo Paga”5, que surgió de una repentina promesa con tintes
electorales, sin estudios previos y que tomó sin preparación a los funcionarios
del Ministerio de Educación que trabajan sobre la marcha, es una reiteración de
las premisas privatistas. Y aunque ayudara a algunos, y ojalá a la mayoría de
beneficiarios (en el mejor de los casos es probable que entre el 10-15% no lo
logré y pasen a ser deudores del Estado), no es una solución a los problemas de
acceso equitativo y mucho menos una “revolución” como lo llamó la revista
oficialista Semana6.
La
reivindicación de la gratuidad debe ser un componente fundamental de un
proyecto nacional educativo de vocación pública que acoja sin condiciones y
garantías de permanencia a los jóvenes que aspiran a ver realizado su derecho
educativo y que no hipoteque de antemano el futuro de los jóvenes profesionales
como ya sucede en Colombia7, así como en Chile y EE.UU, motivando la corrección
de sus políticas en un caso y obligando al presidente a poner el tema en la
agenda política en el otro.
***
1. La
versión en español del discurso de Obama está disponible en la edición internacional
del diario El País de España. Véase,
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/21/actualidad/1421806228_186047.html
2..Para
conocer documentos y más detalles de la reforma educacional en Chile, véase,
http://reformaeducacional.gob.cl/. Según declaraciones de prensa del Ministro
de Educación chileno, el gobierno esperaba que antes del 31 de enero de 2015 la
reforma fuera aprobada por el Senado, cuyas comisiones ya le dieron el visto
bueno el pasado 17 de enero al proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de
Diputados a finales de 2014.
3. En
el capítulo quinto del documento se pueden leer las siguientes recomendaciones
sobre el financiamiento a la oferta privada: “1. Se debe contemplar un nuevo
modelo de financiamiento de las IES privadas que contemple la posibilidad de
establecer mecanismos que permitan arbitrar recursos en condiciones favorables
para sus necesidades de inversión, así: a). El Ministerio de Educación, a
través de la Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER S.A.l, establecerá
líneas de fomento de tasa compensada para financiar grandes inversiones de
infraestructura física y tecnológica y de dotación. b). El Ministerio de
Educación, a través del Fondo Nacional de Garantías y de FODESEP, entre otras,
establecerá un fondo de garantías para respaldar los créditos de las IES
privadas destinados a inversiones que fortalezcan la calidad de las
instituciones. Este fondo se nutrirá con recursos de las mismas IES privadas y
del PGN. c). Se propone la transformación de FODESEP, para fortalecer su rol
actual de financiador de las instituciones públicas y privadas. d). Los
programas de fomento, dirigidos desde el Viceministerio de Educación Superior,
tendrán líneas específicas para el fortalecimiento de las instituciones
privadas. (Acuerdo por lo Superior. Página 144).
4. Aunque
los recursos los dispone el Ministerio de Educación, será el ICETEX la entidad
encargada de administrar los recursos del programa y establecerá los términos y
condiciones de su desembolso, condonación y eventual recobro.
5. En
todo caso, es urgente que el Ministerio de Educación avance en una
reglamentación transparente del programa que defina claramente los beneficios,
obligación y en general los términos y condiciones de operación del programa.
Hasta ahora, se observa mucha discrecionalidad y respuestas coyunturales a los
retos que va presentando la implementación.
6. Véase,
http://www.semana.com/nacion/articulo/revolucion-educativa/414939-3
7. El
endeudamiento de personas con el ICETEX es hoy un grave problema que el
gobierno se niega a reconocer, de acuerdo con el Representante a la Cámara
Rodrigo Lara “la cartera activa total en cobro pre jurídico al corte de agosto
de 2014 tiene un número de 26.277 obligaciones” (véase,
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5099:buscan-eliminar-cobros-prejuridicos-y-casas-de-cobranza-para-deudores-de-icetex&catid=16:noticias&Itemid=198).
La Asociación Colombiana de Usuarios de Prestamos Educativos (ACUPE) afirma que
alrededor de 16 mil personas tienen deudas con el ICETEX y que la respuesta de
esta entidad ha sido la contratación de dos empresas de cobranzas para ejecutar
cobros prejurídicos, lo que ha agravado la situación financiera de los
usuarios.
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