Universidades: una crisis a punto de explotar

 

Semana

Mientras algunas universidades privadas están en la mira, la situación en el sector público amenaza con explotar.

Todos los actores de la educación pública concuerdan con que las reformas son urgentes, pues en las universidades campea la politiquería, la mediocridad académica y la falta crónica de presupuesto. 

En los últimos meses ha habido varios movimientos estudiantiles. En la Francisco de Paula Santader de Cúcuta rechazaron la cuarta reelección del rector, mientras que en la UPTC de Tunja protestaron por los cambios de las reglas electorales.

En 2011 la movilización masiva de los estudiantes hundió la reforma de la Ley 30. Ahora la ministra de educación Gina Parody tiene que demostrar que es posible cambiar la Educación pública llegando a acuerdos con todos los sectores.

Mientras los colombianos no paran de sorprenderse con los escándalos producidos por los malos manejos de algunas instituciones educativas privadas del país, como la Universidad San Martín o la Rafael Núñez de Cartagena, en los últimos meses se ha acrecentado una crisis en la mayoría de las universidades públicas regionales que amenaza con estallar en cualquier momento.

Gran parte de las 32 universidades públicas regionales tienen serios problemas que van más allá de los financieros. Allí no solo se palpa la falta de calidad y los enredos presupuestales, sino que surgen también enormes líos de gobernabilidad. Huelgas, salones abarrotados y edificios decaídos; rectores ultrapoderosos, nepotismo, pujas internas de poder y denuncias de corrupción y politiquería son cada vez más frecuentes. Ese desgobierno es un cáncer que nadie trató durante años y que ha hecho una metástasis tan peligrosa, que requiere medidas urgentes.

Una muestra de la falta de control y desgreño que se apoderó de las universidades públicas medianas y pequeñas es la Universidad Distrital. Desde hace varios años un grupo de exrectores, profesores y políticos se la tomó a través de la elección amañada de los miembros del Consejo Superior y la rectoría, todo con el fin de sacarle provecho personal a los recursos del Estado. Pensiones millonarias exprés o ilegales, corrupción en la contratación y amiguismo son el pan diario de cada día, sin que pase nada.

Para la mayoría de los expertos consultados, todo comenzó con la Ley 30 de 1992 que si bien les dio a las universidades presupuestos permanentes, autonomía para autogobernarse y administrarse, terminó siendo un arma de doble filo. Entre 1993 y 2011 el número de alumnos matriculados de todas las universidades estatales creció 232 por ciento, pero los recursos solo aumentaron 80 por ciento. Para 2013, según un informe del Sistema de Universidades Estatales (SUE), el déficit de la educación pública superior ya alcanzaba 11,2 billones de pesos, un monto cercano al hueco que tiene el presupuesto del gobierno para 2015.

Así, al tener presupuestos fijos, las universidades fueron quedando cada vez con menos dinero, y el resultado es hoy por hoy una educación pública con los recursos de 1992 y las necesidades de 2014. Como escribió el economista Salomón Kalmanovitz en el diario El Espectador: “Las universidades sufrieron una reducción de 40 por ciento en los recursos por estudiante. Este estrangulamiento forzó a las universidades públicas a generar recursos propios, a vender consultoría y extensión y, sobre todo, a aumentar matrículas”.

En universidades como la Francisco de Paula Santander de Cúcuta, las matrículas se duplicaron en los últimos años, pero esos recursos no se ven en las instalaciones. Como le dijo a SEMANA un estudiante de esa institución, los salones “viven llenos y sin ningún espacio”. En la Universidad Distrital, algunas facultades reciben casi tres veces más estudiantes de lo que pueden, y los millonarios recursos que reciben se esfuman en contrataciones y pagos de servicios sin que se vean reflejados en la infraestructura. De hecho, el estado de la mayoría de los campus universitarios es lamentable.

Y como no hay para construir salones, ni contratar más y mejores profesores, mucho menos dinero puede invertirse en investigación y calidad. Las cifras ya lo demuestran. Solo 14 de las 32 universidades públicas tienen un reconocimiento de alta calidad, y de los 4.942 programas que ofrecen apenas 420 son premium, es decir, 8 por ciento.

El drama no termina ahí. Para rematar hay una creciente ingobernabilidad en los campus, en los que se viven feroces peleas por los cargos directivos o por el control de los puestos y los contratos, pues en varios departamentos, el presupuesto de la universidad equivale a los de las capitales. En Florencia muchos dicen que el rector de la Universidad de la Amazonia es el segundo hombre más poderoso de Caquetá después del gobernador. Otro caso es el de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), de Boyacá, que tiene un presupuesto comparable al de Tunja. Pero un rector tiene menos control mediático y de los órganos de vigilancia que un secretario de Obras o de Educación.

El poder de los consejos

Para tomarse el control de las universidades, los políticos, profesores o contratistas luchan por tener el manejo de los Consejos Superiores Universitarios, pues son los encargados de nombrar los rectores. En casi todas las instituciones de educación superior, los consejos están conformados por nueve delegados: uno del ministerio de Educación, uno del presidente de la República, uno de la Gobernación, uno de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y uno de los exrectores. En teoría, esa estructura debería asegurar cierta pluralidad e independencia, pero la realidad es distinta: muchos delegados terminan capturados por los gamonales y por quienes ya detentan el poder.

El método predominante para garantizar el control de la universidad es, además de tomarse el Consejo, cambiar las reglas de juego antes de cada elección de rector, amparado en la autonomía universitaria y en el poder casi absoluto del consejo. Así se garantiza la permanencia de un rector o se asegura que un solo candidato cumpla los requisitos de una elección. Un ejemplo es la UPTC. En medio de protestas estudiantiles, el pasado noviembre el Consejo cambió un artículo que permitió la reelección de Gustavo Orlando Álvarez. El delegado del gobierno nacional terminó por abstenerse, pues dijo que de lo contrario habría incurrido en un prevaricato.

La Universidad Popular del Cesar también está en huelga desde hace un mes por ese problema. El Consejo, de cara a las elecciones de 2015, decidió cambiar las reglas de juego para favorecer a un solo candidato y acabar con las consultas abiertas que se hacían con el estudiantado. En la última década, en 20 de las 32 universidades públicas ha habido reelecciones, y hoy hay 15 rectores en su segundo, tercer, cuarto o hasta quinto periodo consecutivo.

Un caso particular es la Universidad Tecnológica de Pereira, donde el rector Luis Enrique Arango duró 15 años y fue reelegido varias veces sin tener en algunos casos un contendor. Hace poco en su reemplazo fue nombrado Luis Fernando Gaviria Trujillo. También está el caso del actual rector encargado de la Universidad Distrital, Rafael Vergara, quien se ha mantenido en su puesto a pesar de tener al alcalde Gustavo Petro y a la Nación en su contra.

Esa falta de transparencia ha comprometido la independencia de los rectores, quienes muchas veces cuentan con un fuerte respaldo político y terminan pagándolo con puestos, becas y cupos. Los egresados de la Universidad de Sucre eligieron esta semana a Juan Carlos Ríos como su nuevo representante en el Consejo. Según una investigación de La Silla Vacía, Ríos es ficha del político Yahír Acuña que tiene una estrategia para conquistar la universidad.

Por su parte, la del Pacífico atraviesa ahora una terrible crisis de gobernabilidad. Desde 2012 la rectoría de Florencio Candelo logró aumentar el presupuesto, sanear las cuentas y aumentar los profesores de planta. Pero el dinero terminó generando enfrentamientos con la mayoría del Consejo, que lo acusa de ser ficha de un senador. Sus partidarios dicen que detrás de las denuncias está otro poderoso político.

A este panorama gris se suman algunos claros casos de corrupción. La falta de controles en las universidades públicas permite abusos inimaginables. El más reciente se dio en las Unidades Tecnológicas de Santander. El 20 de noviembre, la Procuraduría suspendió al rector Óscar Orozco y a otros tres funcionarios por aparentes irregularidades en una licitación de 20.000 millones de pesos. También el Consejo de Estado falló en junio contra del nombramiento de 40 docentes de la Uniamazonia. Estos se adelantaron mediante convocatorias amañadas que dejaron al descubierto que varios de ellos ni siquiera eran profesionales y que otros eran cercanos, según los sindicatos, al entonces rector Luis Eduardo Torres.

¿Qué hacer?

El presidente Juan Manuel Santos buscó resolver uno de los problemas más importantes de la educación, la baja cobertura, a través de una reforma en 2011. Pero fracasó luego de que su iniciativa chocó de frente contra los intereses de los movimientos estudiantiles y desató protestas masivas.

Tanto el sector académico, conformado por estudiantes y profesores, como el Estado están de acuerdo con que la crisis de gobernabilidad de las universidades públicas tocó fondo. En lo que no concuerdan es en la manera como se deben solucionar los problemas. Por una parte profesores y estudiantes quieren disminuir el poder de los CSU a través de una profundización de la democracia directa en las universidades, es decir, que los rectores se escojan de manera pública y abierta. El gobierno quiere fortalecer los mecanismos de control sin afectar mucho la estructura organizativa de las universidades.

En este sentido Amaury Nuñez, portavoz de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) dice que “el problema es de todo el sistema universitario del Estado. El gobierno irrespeta la autonomía, direcciona las elecciones, nombran rectores para pagar favores, por encima de las consultas de los estudiantes. Es un sistema antidemocrático, donde la mayoría que controla la universidad es política”. En 2013, la Mane presentó una iniciativa de reforma que busca darles más poder a los estudiantes y los profesores mediante la creación de Asambleas Generales y de un sufragio universal que les permite a ellos mismos elegir a sus rectores.

La senadora del partido Alianza Verde Claudia López, que sigue de cerca la educación superior, dice que a “la autonomía universitaria hay que defenderla”, pero sostiene que lo que hay que reformar con urgencia es la Ley 30. Propone un presupuesto base per cápita para las universidades y un financiamiento adicional para los programas de excelencia. E insiste en que hay que establecer reglas comunes para elegir rectores y garantizar más democracia en la universidad. Advierte, además, que si el gobierno no lidera los cambios, su partido presentará un proyecto de ley en la próxima legislatura.

Entre tanto, el gobierno ya presentó su Acuerdo por lo Superior 2034, una política que busca la excelencia en ese sector, pero carece de propuestas concretas para arreglar los problemas financieros, académicos y administrativos de las instituciones de educación superior. Incluso, desde que estalló el escándalo de la Universidad San Martín, la ministra de Educación, Gina Parody, decidió presentar un proyecto de ley de control y vigilancia que le da dientes a su cartera para prevenir los abusos. Pero muchos esperan que ahora vaya más allá y se enfrente al chicharrón de las universidades públicas.

Sin embargo buena parte de los profesores y estudiantes cree que las intenciones de gobierno no van dirigidas a solucionar el problema sino que precisamente pretenden utilizar la crisis de gobernabilidad para recortar la autonomía universitaria. “Nosotros los profesores no estamos en contra de que los funcionarios de las universidades sean vigilados por los entes de control, lo que criticamos es que el gobierno no quiere llevar a cabo un verdadera reforma que democratice las universidades y le quite el poder a los Consejos Superiores. En cambio el gobierno quiere que el ministerio asuma funciones de vigilancia que pueden lesionar la autonomía” afirma Gonzalo Arango, miembro de la Federación de Profesores Universitarios.

La situación parece agravarse cada vez más, y a pesar de que gobierno y sector académico tienen en sus manos propuestas para remediar, la falta de diálogo y confianza entre ambos no ha permitido que se avance. Mientras que no haya una reforma estructural a la Ley 30 y a la educación superior pública, las universidades seguirán en la olla.

Estas son algunas de las universidades públicas que en los últimos meses han estado inmersas en denuncias y escándalos.