Por: Fuerza Araucana Magisterial
Asistimos
hoy a una profunda crisis en la educación colombiana. Según el discurso oficial,
esa crisis reside en la falta de estímulos y oportunidades a estudiantes que
salen de secundaria y a la falta de formación de los docentes. Razón por la
cual actualmente se propone como ofertazo neoliberal 10.000 “becas” para que
jóvenes de estratos 1 y 2 puedan acceder a la educación superior.
Según
el Ministerio de Educación, el objetivo es “estimular” a los “mejores”
estudiantes con “mejores” resultados, porque “ser pilo en Colombia si paga”;
como si el problema del acceso a la educación superior se superara con regalos
o con ayudar a algunos de los más pobres. La otra propuesta del gobierno
consiste en brindar becas para estudios de postgrado a docentes de colegios
públicos, con el fin de incentivarlos a capacitarse más.
Frente
a las falencias del sistema educativo en los niveles pre escolar y básica
primeria, el actual gobierno considera que con el programa “de Cero a Siempre”
se eliminaron de raíz los problemas derivados de la falta de cobertura,
precaria calidad, deserción y demás que históricamente han caracterizado estos
niveles, por lo menos en el sector público.
Por
esta razón, la Fuerza Araucana Magisterial, en el marco de la unidad como
Fuerza Nacional Magisterial (FUNAMA), plantea la urgencia de que los
trabajadores y trabajadoras de la educación nos separemos de esa peligrosa
mirada oficial. Insistimos en que es necesario comprender la falsa manera como
el Estado diagnostica, problematiza y gestiona para salir de la crisis
educativa.
Hemos
llegado a esta conclusión, pues es desafortunado que parte de los compañeros
docentes, sindicalizados, jóvenes, estudiantes, padres, madres y demás gente de
la clase trabajadora, de modo ingenuo, acrítico o simplista, terminen por
aceptar y reproducir esa mirada neoliberal de la educación. Por ello planteamos
como Fuerza reflexionar sobre lo siguiente:
¿A qué
se le llama crisis en nuestro sistema educación y cuáles deben ser nuestras propuestas a nivel regional y
nacional como FUNAMA?
Desde
la mirada neoliberal, la educación colombiana está en crisis porque en los
colegios públicos no hay la suficiente eficiencia, eficacia y productividad de
acuerdo a los recursos invertidos, ya que estos se debería ver reflejados
supuestamente en: “Buenos” resultados en las pruebas SABER (antiguo examen
ICFES) de quinto, noveno y once; mejores resultados en las pruebas
internacionales PISA; menor porcentaje de repitencia por escuela, pues la
“pérdida” del año académico genera al Estado una pérdida de la inversión económica.
Análisis
que rechazamos, pues tales pruebas no son formativas sino discriminatorias,
dado que están construidas para generar comparaciones que desconocen las
condiciones particulares de los estudiantes, docentes e instituciones, por lo
cual la calificación es bastante cuestionable.
Por
ejemplo, jóvenes de condiciones culturales y económicas distintas, como en la
India, Angola, Perú y Colombia, obtendrán peores resultados frente a los
jóvenes de Finlandia, país que invierte en educación 20 veces más que lo que se
invierte en el nuestro. A escala regional o departamental, el examen de ICFES o
SABER mide de igual manera a los estudiantes sin importar si son de colegios
públicos o privados, el nivel social y las condiciones de estudio.
De modo
que, como los resultados de las pruebas nacionales e internacionales en
Colombia nunca han mejorado, los “expertos” diagnostican que esos resultados
caracterizan la crisis educativa del país. Vale aclarar que tales expertos no
son educadores, pedagogos, ni docentes: son
administradores y economistas del Fondo Monetario Internacional, del
Banco Mundial, de la OMC (Organización Mundial de Comercio) y de la OCDE
(Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico).
Esas
instituciones multilaterales, manejadas por los países del llamado “primer
mundo”, son las que finalmente diseñan y supervisan la aplicación de la
política pública educativa en nuestros países (del tercer mundo, claro).
Para
ellos, la calidad está determinada por conceptos como eficiencia o adecuación
de la educación a las necesidades del mercado; primera gran trampa, pues la
educación termina siendo concebida como servicio que puede adquirir o comprar
el “consumidor” y no como un derecho social.
Segunda
trampa: los “expertos” dictaminan que el Estado debe cambiar su “mal” manejo
administrativo pues la solución no
requiere de un aumento de recursos sino una asignación más eficaz de los
mismos. Por tanto no se debe aumentar el presupuesto educativo, sino gastar
mejor; no hacen falta más trabajadores de la educación para enseñar mejor y a
mas estudiantes, sino profesores más funcionales, es decir, que sean capaces de
trabajar con grupos de 45 a 60 estudiantes; no hace falta construir más
escuelas, sino hacer un uso más racional del espacio; no hacen falta incluir a
la totalidad de niños y jóvenes en el sistema educativa, sino que la
instituciones escolares se queden solo con los “más responsables y comprometidos”
con el estudio.
En
otras palabras, lo que se comprueba es
el establecimiento de un derecho social, como el derecho a la educación, bajo
la gestión de las leyes del mercado. Prueba de ello es la “novedosa” propuesta
de Santos de imponer la jornada única, pues de lo que se trata es de poner a
“estudiar” a jóvenes y niños más tiempo, con docentes que trabajarán más horas
al día (tal vez por el mismo salario o un 0,5% más), con más estudiantes y con
menos o los mismos recursos y materiales de apoyo que existen en la doble
jornada.
Estos
diagnósticos y soluciones frente lo que se viene a denominar como crisis de la
“calidad” educativa, no permite que padres, madres, jóvenes, estudiantes y
demás gente de la clase trabajadora tengan herramientas para comprender lo que
significa trabajar bajo estas condiciones, ni permite ver las trampas de este
sistema educativo neoliberal.
Trampas
que no dejan ver las perversas condiciones del trabajo docente. Por ejemplo, en
términos sociales y pedagógicos la alta carga de horas de clase y de
estudiantes por aula, así como los lineamientos curriculares en comparación con
los pocos materiales de apoyo, contribuyen a convertir la práctica educativa en
un proceso alienante, por lo que su trabajo de los docentes termina
pareciéndose más a un acto policivo o de adiestramiento, en vez de ser un
ejercicio de construcción de conocimiento enriquecedor, colectivo y liberador.
De modo
que estas condiciones conducen a mutilar o dejar poco espacio y tiempo, como
poca fuerza física, intelectual y emocional para que los docentes realicen otro
tipo de práctica educativa, lo que propende por la fragmentación del
conocimiento (asignaturas) por medio de la pedagogía de la competencia
(meritocracia) y, por ende, a fragmentar la comprensión del mundo.
En este
orden de ideas, teniendo en cuenta el largo camino trazado por los trabajadores
y trabajadoras de la educación en Colombia, hacemos un llamado a trabajar por y
sobre las siguientes banderas de lucha:
1. La eliminación de las relaciones de
dependencia con los organismos multilaterales y sus parámetros de comparación
discriminatoria.
2. La eliminación de las pruebas ICFES/SABER
como condición, filtro o talanquera para que jóvenes y adultos accedan a la
educación superior, por cuanto es obligación del Estado una política pública
que garantice este derecho social como un bien público, gratuito y de
calidad.
3. La generación de escenarios de movilización
cultural y pedagógica entre estudiantes universitarios, organizaciones
populares y sectores magisteriales en pro de un urgente proyecto educativo
propio, popular y alternativo que permita reestructurar nuestro sistema
educativo, es decir, los medios y fines de la formación desde la primera
infancia hasta la educación superior, con el fin de garantizar a largo plazo un
país más justo, libre y soberano.
4. La eliminación de experimentos y proyectos
de aplicación sobre jornada única por cuanto esta intención no solventa ni
permite evidenciar la verdadera crisis del sistema.
5. La eliminación de pruebas de ascenso y demás
que desestimulan y desmeritan el trabajo de los educadores, por cuanto son un
mecanismo antipedagógico, policivo, discriminatorio y no formativo que nos
fragmenta como humanos, como profesionales y como sector social.
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