Tras
años lidiando con el abandono estatal, bandas de microtráfico y células
ilegales en su campus, el mayor centro de formación de docentes del país
levanta cabeza.
Una
inusitada calma social se tomó desde hace dos meses a la Universidad Pedagógica
Nacional. A las afueras de su sede principal, en la calle 72 con carrera 11, en
el norte de Bogotá, los taxistas se muestran asombrados porque llevan ya varias
semanas sin enfrentarse al caos vial en que suelen derivar las manifestaciones
estudiantiles. No hay tropel. Hasta el grupo de apoyo del Escuadrón Móvil
Antidisturbios (Esmad), asignado de manera permanente a la zona, acaba de ser
retirado por disposición de la Policía Nacional, que también se comprometió a
reparar los muros y las mallas derribados por tanquetas en protestas de épocas
más tensas.
Muchos
de los edificios del campus —varios de ellos declarados Patrimonio de la
Nación— amenazan ruina y siguen siendo deplorables las condiciones en las que
tienen que trabajar los docentes o recibir clases los alumnos. Pero se percibe
un ambiente optimista en cada rincón. La ‘calle del pecado’, como denominan en
la universidad la vía que rodea a la casita de biología, está increíblemente
limpia y las olvidadas paredes de cada edificio fueron pintadas por los mismos
alumnos y maestros. Ese trabajo le ahorró $200 millones a la institución.
Detrás
del naciente proceso de integración social para buscar solución a tanto
problema está el recién posesionado rector Adolfo León Atehortúa, antes decano
de Humanidades y reconocido investigador sobre política y resolución de
conflictos. Llegó a la rectoría imponiendo récord, pues fue elegido por
consenso y gracias a ello tiene un margen de maniobra que le ha permitido
atacar de frente los principales problemas de la universidad. Uno de los
tempranos logros: hacer que los grupos de encapuchados de la universidad
(vehementes contradictores del anterior rector, Juan Carlos Orozco) acepten
sentarse a discutir sobre el futuro de la universidad.
Pero
para muchos el hit de Atehortúa fue constituir un grupo de alumnos y egresados
que trabajó para que el Concejo de Bogotá reglamentara, hace una semana, la
emisión de la estampilla pro Universidad Pedagógica 50 años, que curiosamente
llegó cuando el claustro va a cumplir 60. Una década tardó la burocracia en definir
los detalles del recaudo del tributo, que generará cerca de $250 mil millones,
casi la mitad de lo que necesita la Pedagógica para construir su nueva sede en
un predio de 21 hectáreas en el norte de la ciudad.
El
Espectador habló con el rector Atehortúa sobre los cambios que vive la
universidad.
¿En qué estado recibió realmente la
Pedagógica?
Con dos
dificultades prioritarias y un reto. La primera dificultad era de convivencia.
Se necesitaba una apertura interna y externa para que se leyera a la
universidad desde su verdadera cara y su quehacer. La segunda es presupuestal.
El reto es posicionar a la Pedagógica en sus relaciones con el Mineducación y
el Magisterio.
¿Y qué hizo para hallar soluciones?
La
primera dificultad la estamos tratando con una apertura total. La rectoría, que
estaba en la calle 79, en una sede alquilada, se trasladó a la calle 72. ¿Qué
mejor para el rector que estar en el campus, donde están todas las carreras?
También derrumbamos la barrera metálica que había entre el edificio de
administración y el campus, y abrimos el diálogo con los estudiantes,
dirigentes, organizaciones, profesores ocasionales, contratistas y personal de
planta.
Recompuso
el tejido social…
Claro.
Fíjese que entre todos pintamos la sede de la calle 72, cuyo estado era
deplorable. Hasta iniciamos la discusión del plan de desarrollo institucional,
con la participación de todos los estamentos. Eso permitió enfrentar muchos
asuntos de convivencia: reabrimos la cafetería, recibimos a la ministra de
Educación sin ningún disturbio, hicimos una vigilia tranquila, logramos que el
Esmad retire indefinidamente el destacamento que tenía a una cuadra de la sede
de la 72. Todo eso en cinco semanas.
Curioso
eso de la ministra, en un campus tan beligerante.
Para
posicionar mejor a la universidad hemos replanteado en general la relación con
el Ministerio, con el Estado. Nos ocupamos mucho de la relación con el Concejo,
hasta lograr la aprobación de la emisión y el recaudo de la estampilla pro
Universidad Pedagógica. Empezamos a intervenir en las discusiones de la
política educativa con un gobierno que se propone elevarle el rango a la
educación. Y proponemos buena relación con los sindicatos magisteriales, porque
la universidad debe estar donde están nuestros egresados y maestros, pero
también donde se expresa la función de ser maestro.
En materia presupuestal, ¿cuál es la mayor
dificultad de la Pedagógica?
Los
gastos de nómina. Necesitamos cerca de $2.000 millones para terminar el año y
falta atender la planta física. Tenemos la perspectiva de la nueva sede, en
Valmaría, pero, entre tanto, a algunos edificios se les está cayendo el techo o
tienen columnas agrietadas. Además, debemos cubrir los costos de los edificios
tomados en arriendo para suplir los agrietados.
¿Y los recursos Creg?
Son de
inversión. Nuestros problemas son, sobre todo, en financiamiento. Tenemos la
mayor cantidad de profesores ocasionales y catedráticos del país: el 83% no son
de planta. El promedio nacional es de 78%. La ministra Parody ofreció examinar
el tema.
¿Cómo resolver la problemática de la ‘calle
del pecado’?
Esa es
una calle interna de la universidad donde la gente consume estupefacientes y
tenemos que trabajar en eso desde la prevención médica y social. Pero también
hay un vecindario del sector que toma ese sitio para conseguir y consumir
droga. Tenemos que impulsar la autorregulación en la comunidad universitaria,
eso puede tomar tiempo.
¿Y para el tema de la presencia de actores
armados en la universidad?
Existen
en muchas universidades públicas. En la Pedagógica hay grupos estudiantiles que
se cubren el rostro en enfrentamientos con la Fuerza Pública. Les propusimos
reunirnos el 29 de octubre y hablar de la universidad, del país, con una sola
condición: que no haya más tropeles en la universidad. Es un mensaje para el
país y para el proceso de paz Gobierno-Farc en Cuba. Si en la universidad somos
capaces de conversar, entendernos, trazar pautas para la convivencia con estos
grupos, cómo no vamos a poder hacerlo en el país.
¿Qué respondieron esos grupos?
Algunos
manifestaron disposición y propusieron que conversemos sobre la metodología. Ya
nombramos una comisión para esos contactos.
¿Se acabaron los actos violentos?
Hasta
el momento se ha respetado la universidad limpia y pintada. Antes algunos
grupos usaban las papas explosivas y rayaban paredes. En esta ocasión sólo han
aparecido dos papas y los que las usaron dijeron que eran para llamar la
atención para que la gente se concentrara, nada más.
¿Y qué pasó con los alumnos detenidos en
protestas?
Hay una
investigación en la Fiscalía por la muerte de dos estudiantes y una egresada.
Conocía a uno y creo que hay muchas cosas por esclarecer para determinar las
causas reales de esas muertes. Otros fueron detenidos en Lebrija (Santander) y
Bogotá. Estaremos pendientes de los casos, como forma humanitaria de atender a
los estudiantes.
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