¿A
quién le interesa que haya buena educación si esta redundaría en mayor equidad
y movilidad social? En todo caso, no a nuestra clase dirigente.
Hace
unas semanas me reuní con profesores de Córdoba y Bolívar. Estaban preocupados
porque en los colegios rurales la educación la brindan ahora oferentes que
aparecieron de la nada; ONG de garaje contratadas por gobernaciones y
municipios, bajo la impune vigilancia del Ministerio de Educación. La educación
de los niños y los jóvenes del campo está en manos de terceros, como se dice
ahora, y esos terceros suelen ser los políticos que usan estos contratos para
hacer politiquería.
Es así
como el año pasado las clases comenzaron en abril o mayo. Téngase en cuenta que
en casi todas las zonas rurales la comida más segura que tienen los muchachos
es la que hacen en el colegio. Si no hay clase, no comen.
Muchos
profesores nunca llegaron porque se trata a lugares donde hay una presión
permanente de las bacrim, que les quitan parte de su sueldo. Las clases son
irregulares. En lugares como Tierralta y Montelíbano basta una lluvia para que
los maestros no puedan entrar a las veredas a dictar sus clases, pues las
carreteras se lo impiden. En el mejor de los casos, dan clase tres días a la
semana, y en el peor, los muchachos han sido promovidos sin haber visto
asignaturas como matemáticas o español porque no hubo maestros que se le
midieran a la educación rural. Por no hablar de los cambios que hacia finales
del año se empezaron a dar en la planta docente, contratada a destajo en
pésimas condiciones, para cumplir muy seguramente compromisos políticos
electorales.
La
ministra de Educación, tan interesada como parece de comprar tierrita, debería
pasarse por algunos de estos municipios, que por cierto son considerados zonas
de consolidación por el Gobierno, para que vea cómo se están educando estas
nuevas generaciones rurales. Para que rasgue el velo de la cacareada cobertura
universal en educación y se dé cuenta de que aunque la calidad de la educación
es mala en todo el país, para los jóvenes rurales que viven en zonas de
conflicto es pésima y que estos difícilmente podrán acceder a las universidades
en las actuales condiciones.
Este es
un aspecto más, no el único, que habrá incidido en que Colombia retrocediera en
las pruebas Pisa, que miden las competencias básicas de los estudiantes
colombianos y que son el rasero para ubicarnos en la ruta del desarrollo y el
progreso, o en la del estancamiento. Haber quedado de 62 entre 65 no es una
catástrofe. No es una sorpresa ni un fiasco ni algo que ocurrió de repente. Es
el resultado de una decisión política; de una manera de concebir el país, de
concebir su crecimiento y de apostar por él.
La
educación no ha sido el camino elegido por nuestra clase dirigente para
llevarnos por la senda de la anunciada prosperidad. El Gobierno pasado apostó
por convertirnos en una potencia militar con el mayor gasto bélico de la región
y nos dejó de herencia un pie de fuerza cercano al medio millón de soldados y
policías. Y Santos apuesta a seguir creciendo económicamente a punta de
exportar minerales y materias primas. ¿Educación como prioridad? Claro que no.
¡Qué tal que eso genere movilidad social, mayor equidad, una clase media
deliberante!
No
existe la decisión de educar, o mejor, de democratizar a través de la
educación. No hay voluntad, por lo menos en los dirigentes de hoy, de generar
otros equilibrios sociales a partir de la ciencia, la cultura, el talento y el
conocimiento. Como bien lo dijo Armando Montenegro hace unas semanas en su
columna de El Espectador, ni la derecha, ni la izquierda están en eso. Otros
fueron los tiempos en los que el magisterio y sus sindicatos daban la pelea por
el modelo pedagógico. Otros los que el movimiento de estudiantes se preocupaba
por los contenidos de la educación.
Que
educar es una decisión política lo está demostrando Ecuador, país que los
colombianos solíamos mirar en el pasado por debajo del hombro. La revista
Arcadia destaca en su más reciente editorial (citando a la revista Dinero) la
gran apuesta que está haciendo Rafael Correa en esta materia: “Ha invertido 30
veces más que los últimos siete gobiernos juntos en este frente. Decretó el
cierre de 14 universidades por falta de calidad académica y becó más de 5.000
estudiantes para que estudiaran en las mejores universidades del mundo. Como si
fuera poco, ayudó a bajar la tasa de interés del crédito educativo del 12 % al
4,6 % y eliminó la deuda por mérito académico.
Correa,
además, instrumentó el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, que ha
permitido duplicar la matrícula de ciudadanos afrodescendientes, indígenas y de
las personas pertenecientes a los estratos más pobres del Ecuador (…) Ecuador
es el país con mayor participación de pobres en educación superior en América
Latina (26 %), por encima de Chile y Argentina”.
En
Colombia mientras tanto la educación sigue siendo manejada como una Cámara de
Comercio, nos traman con cifras de cobertura que aparentan ser excelentes, y
recibimos del Gobierno palmaditas en la espalda ante el bajo desempeño de la
educación, como queriéndonos decir que si nos fue mal esta vez, fue cuestión de
suerte.
Pero el
azar no tiene nada que ver en esto. Educar es una decisión política. Brindar
una pésima educación también lo es.
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