El plan
de reparación colectiva busca resarcir los horrores del paramilitarismo.
La
Universidad de Córdoba fue víctima de las autodefensas de Salvatore Mancuso
desde 1995 y quedó marcada como un refugio ‘para’. Hoy adelanta un plan de
reparación colectiva que busca resarcir los horrores vividos durante nueve
años.
Desde
1995 el terror del paramilitarismo se tomó las instalaciones de la Universidad
de Córdoba (Montería), tras el asesinato del profesor Francisco Aguilar. Fueron
nueve años en que las autodefensas que operaban en la región, bajo el mando de
Salvatore Mancuso, asesinaron, amenazaron, secuestraron, atentaron y
desplazaron a miembros de la comunidad académica, porque “no podían dejar
acabar con el patrimonio cultural de una región. Les dije: necesitamos ponerle
contención al foco de corrupción que hay acá”, fueron las palabras de Mancuso
en Justicia y Paz —proceso de desmovilización de las AUC— en 2008.
El 6 de
febrero de 2013, el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba aprobó el
acuerdo para el proceso de reparación colectiva. Con esta iniciativa se busca
que la Unicórdoba logre desligar su nombre del paramilitarismo e iniciar una
nueva etapa en su historia, que comenzó en 1962. El pasado 13 de abril, el
Estado, en representación del Ministerio de Educación y la Unidad para la
Atención y Reparación de Víctimas, declaró el campus universitario como espacio
de paz, por ser víctima de la toma paramilitar que le hizo perder su
institucionalidad, legitimidad en la región y su buen nombre.
Durante
el tiempo que los hombres de Mancuso manejaron los hilos de la universidad a su
antojo, se registraron 15 asesinatos entre profesores y estudiantes, decenas de
amenazas a dirigentes sindicales, atentados contra miembros de la comunidad
estudiantil y dos desplazamientos forzados. Entre los crímenes que marcaron la
época violenta de la Unicórdoba está el homicidio en 2000 de Hugo Iguarán Cote,
un excandidato a la rectoría que fue ultimado por los paramilitares: “El
candidato a la rectoría estuvo en las negociaciones del Caguán. Por esa razón
se le da de baja”, dijo el exjefe ‘para’ Mancuso.
El año
2001 fue el más sangriento para la comunidad universitaria. Cuatro profesores y
un líder estudiantil fueron asesinados; a 13 maestros los amenazaron de muerte;
y a la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados
Universitarios (Sintraunicol) y la Asociación de Jubilados de la Universidad de
Córdoba (Ajucor) los obligaron a ir hasta Santa Fe de Ralito a una reunión con
Mancuso, quien les anunció que se tomaría los cargos administrativos de la
universidad. Fue entonces cuando familiares y conocidos de los paramilitares
invadieron la Unicórdoba en cargos directivos y estratégicos, imponiendo nuevas
directrices y estamentos bajo los que se regiría la comunidad académica.
Ese fue
el caso de Víctor Hugo Hernández, quien tras la reunión en 2001 fue designado
como nuevo rector de la Unicórdoba. “Cuando yo llamo al Consejo Superior y les
digo que elijan como rector a Víctor Hugo (...) él se comprometió a sanear la
Universidad, a arreglar el problema pensional, a hacer una evaluación estricta
a la U, una serie de compromisos. No cumplió y yo le exigí la renuncia”, relató
Mancuso en sus declaraciones . De ahí, la institución pasó a manos de Claudio
Sánchez Parra, quien dejó el cargo en 2008 cuando le fue abierto un proceso
penal por supuestos vínculos con paramilitares. La Unicórdoba tuvo entonces un
período de interinidad y a finales de ese mismo año llegó a la rectoría Emiro
Madera Reyes, quien, al parecer, tuvo críticas durante sus tres años de
gestión.
Sólo en
2012 la comunidad universitaria volvió a tener voz y voto para la elección
popular del rector. Tras la consulta, en la que participaron estudiantes,
empleados y profesores, se escogió a Alba Manuela Durango para que fuera la
nueva cabeza de la institución. Fue entonces cuando la Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación formuló un proyecto de reparación integral y se le entregó a
la Unidad de Víctimas, para lo que tuviera como uno de los cinco planes piloto
de reparación colectiva a la Universidad de Córdoba. Esta iniciativa recoge 41
medidas de reparación, que serán atendidas en cinco mesas de trabajo que
estarán integradas por miembros de la comunidad universitaria —profesores,
estudiantes, empleados y pensionados—, el Ministerio de Educación, la Unidad de
Víctimas, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Memoria Histórica y otras
entidades del Estado.
Uno de
los puntos del plan de reparación colectiva de mayor importancia se centra en
la creación de una comisión que verifique en qué casos se presentaron
violaciones a los derechos laborales y pensionales, ya que en 2004 la
Defensoría del Pueblo advirtió que los dirigentes sindicales ya afiliados a
ASPU (Asociación Nacional de Profesores Universitarios), Sintraunicol y Ajucor
en la Unicórdoba estaban en alto riesgo, ya que habían recibido 240 denuncias
de trabajadores y 460 de jubilados. Asimismo, el proyecto busca recuperar los
espacios culturales y recreativos que fueron abandonados tras la toma
paramilitar; volver a tener autonomía financiera; buscar protección de los
DD.HH. y fortalecimientos de los movimientos estudiantiles y sindicatos;
implementar procesos de reconciliación y reconstrucción de tejido social, entre
otros.
Una de
las propuestas que más se han impulsado desde las directivas de la universidad
es la creación de un plan académico institucional que esté direccionado a la
comprensión y participación en la solución de las problemáticas que se viven en
la región. Además, se implementarán cátedras, diplomados, y hasta doctorados
que enfaticen en la resolución de conflictos y DD.HH., todo enmarcado en la
creación del Centro de Altos Estudios para la Paz. También, la comunidad
universitaria establecerá el Día Institucional de la Memoria Histórica y
construirá un monumento para recordar a quienes fueron víctimas del
paramilitarismo. Las pretensiones de este plan piloto llegan al punto de que
quieren ser declarados una comunidad de paz.
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