Por
acusaciones de supuestos informantes en un montaje judicial contra Marcha
Patriótica y el PCC
Denuncia
de la detención arbitraria de 8 egresados de la Universidad de Caldas
Denunciamos
la detención arbitraria de ocho profesionales de diferentes disciplinas
egresados de la Universidad de Caldas, en capturas simultaneas realizadas en
Bogotá, Manizales, Cali, Huila y Risaralda. Estas capturas fueron realizadas
violentando la dignidad de los profesionales pues fueron capturados en sus
lugares de trabajo (hospitales, colegios, fundaciones) frente a sus pacientes,
alumnos, compañeros de trabajo, con despliegue de fuerza intimidatoria. Además
se trata de un proceso que data del año 2006 sin que los detenidos hubiesen
sido notificados
ANTECEDENTES.
1. Los
y la capturados eran estudiantes de la Universidad de Caldas en el año 2006 de
las áreas de Medicina, Sociología, Trabajo Social, Biología, Filosofía y
Letras.
2. La y
los detenidos terminaron sus estudios universitarios y desde entonces están
dedicados a ejercer su profesión y cualificarse a través de realización de
posgrados y maestrías en sus correspondientes disciplinas.
HECHOS
1. El
día 22 de noviembre en horas de la tarde, entre las 2 y las 5 p.m. fueron
privados de su libertad en diferentes ciudades del país, siete profesionales
hombres y una mujer; trasladados a Manizales.
2. En
audiencia pública tanto de legalización de captura como de imputación de
cargos, realizadas durante los días viernes 23 y sábado 24, el fiscal 12
informó que las capturas fueron ordenadas el día 20 de noviembre en audiencia
privada por la juez quinta penal y hechas efectivas el 22 de Noviembre, es
decir a los dos días. (Llama la atención esta rapidez para hacer efectivas las
capturas si se compara con asuntos de delicada trascendencia para la vida del
país, por ejemplo funcionarios del anterior gobierno nacional con ordenes de
captura que no han sido efectivas varios años después de ser emitidas)
3. El
sustento para las capturas está basado en declaraciones y señalamiento
recibidos a personas acogidas al programa de desmovilización (informantes) por
hechos supuestamente ocurridos en el año 2006.
4.
Llama la atención y causa mucha preocupación el hecho que el fiscal 12 de
Manizales, al momento de relacionar supuestas pruebas contra la y los
profesionales, presenta un escrito extenso en el que aparece una mención a la
Unión Patriótica haciendo ver este proceso como “un revés que sufrió la
insurgencia armada y por eso crea un nuevo proceso, el PC3 organización a la
que pertenecen los capturados”. Esto demuestra que el genocidio estatal
cometido contra la UP así como la persecución, hostigamiento y señalamiento a sus
sobrevivientes se mantiene.
5. El
juez de garantías actuó dando por ciertas las imputaciones, condenando a la y
los profesionales sin empezar la etapa de juicio, violentando el derecho a la
presunción de inocencia, pero además mostrando una gran indolencia e irrespeto
a la dignidad humana, pues ante la petición hecha por la representante de la
Procuraduría General de la Nación y los abogados de la defensa de otorgar el
beneficio de la detención preventiva domiciliaria, se negó, sin importar el
estado de salud de la profesional en medicina ni de los padres de avanzada edad
de uno de los profesionales en cuya responsabilidad recae el sustento y cuidado
de sus ancianos padres.
EXIGIMOS
1. A la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo estar atentos y
garantizar que se cumpla el debido proceso, así como ordenar a quien
corresponda revisión del estado de salud de la profesional en medicina
trasladada a la institución carcelaria Villa Josefina de la ciudad de
Manizales.
2. A
los organismos de control del Estado, el Instituto Nacional Penitenciario
INPEC, las direcciones de las instituciones carcelarias de varones y mujeres de
la ciudad de Manizales a respetar el debido proceso y la dignidad humana de la
y los profesionales, teniendo en cuenta que la privación de la libertad no
lleva en ningún momento a la privación de los Derechos Humanos de las personas.
3. A
los medios de comunicación nacional y local a respetar la dignidad de la y los
profesionales, ser objetivos en la presentación de la noticia y abstenerse de
emitir conceptos que violenten el derecho a la presunción de inocencia.
LLAMAMOS
A los
Organismos de Control del Estado, medios de comunicación, organizaciones
defensoras de los Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, Oficinas en
Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas, del Comité Internacional de
la Cruz Roja; a los movimientos: sindical, estudiantil, femenino, cívico
popular y comunidad en general a exigir el respeto por el debido proceso, los
derechos humanos y la dignidad humana de los profesionales. CARLOS ANDRES
OSPINA PARRA, ALEXANDER PEREZ JIMENEZ, LESNER ALMENARES GOMEZ, ANDRES FELIPE
ALVAREZ DAVILA, YHOAN DAVID RUIZ RINCON, LILIANA CAMPO AVILA, JULIO CESAR
MURRILLO GARCIA.
JUNTA
DIRECTIVA CPDH CALDAS
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