En comunicación a los presidentes de las comisiones cuartas de Senado (Efraín Cepeda) y Cámara (Juan Felipe Lemos), las universidades públicas solicitan que en el Presupuesto General de la Nación 2013 se revisen y compensen los aportes asignados a las IES, por el desfinanciamiento que sufren por actuaciones judiciales y el aumento de la cobertura.
La propuesta contempla un incremento del 3% sobre el IPC, como recursos adicionales, gestionados por el MEN, pero los recotores consideran que la situación se aliviaría con el 10%.
El siguiente es el texto de la comunicación:
El Sistema Universitario Estatal (SUE), que agrupa las 32 Universidades Estatales de Colombia, se dirige a ustedes, de manera respetuosa, con el fin de solicitar su intervención, para que las Comisiones IV de Senado y de Cámara que ustedes presiden, tengan en cuenta durante el estudio del proyecto de presupuesto para el 2013, el reclamo que las Universidades Estatales hemos venido haciendo, en forma sistemática y desde hace varios años, para que la Nación compense los mayores costos de operación derivados de Sentencias de las Altas Cortes, Leyes y Decretos, que han determinado gastos adicionales sin que exista la respectiva partida presupuestal para sufragarlos. Esta situación se agrava por un crecimiento incesante de la cobertura de matrícula, que tampoco es compensada y que más adelante se demostrará con cifras. Estas situaciones le han significado a la educación superior pública un desfinanciamiento que la tiene al borde del colapso.
La propuesta contempla un incremento del 3% sobre el IPC, como recursos adicionales, gestionados por el MEN, pero los recotores consideran que la situación se aliviaría con el 10%.
El siguiente es el texto de la comunicación:
El Sistema Universitario Estatal (SUE), que agrupa las 32 Universidades Estatales de Colombia, se dirige a ustedes, de manera respetuosa, con el fin de solicitar su intervención, para que las Comisiones IV de Senado y de Cámara que ustedes presiden, tengan en cuenta durante el estudio del proyecto de presupuesto para el 2013, el reclamo que las Universidades Estatales hemos venido haciendo, en forma sistemática y desde hace varios años, para que la Nación compense los mayores costos de operación derivados de Sentencias de las Altas Cortes, Leyes y Decretos, que han determinado gastos adicionales sin que exista la respectiva partida presupuestal para sufragarlos. Esta situación se agrava por un crecimiento incesante de la cobertura de matrícula, que tampoco es compensada y que más adelante se demostrará con cifras. Estas situaciones le han significado a la educación superior pública un desfinanciamiento que la tiene al borde del colapso.
A esta situación, ya critica, se suman los requerimientos crecientes en materia de calidad, que obligan a realizar inversiones, también crecientes, en formación de Capital Humano, en Infraestructura, en Laboratorios, en Bibliotecas, en Conectividad, Bases de Datos, entre otros; de la misma forma que los requerimientos de inversión en Bienestar Universitario, para atender a una población cada vez más numerosa, proveniente de sectores sociales en mayor debilidad que los precedentes.
Los recursos totales transferidos por el Estado Central a sus Universidades Estatales durante los 19 años de vigencia de la Ley 30 de 1992, sólo han crecido un 2,61 % promedio anual por encima de la inflación, en términos de media geométrica, o el 4,71 % en promedio anual, si solo consideramos lo correspondiente al Artículo 86; mientras la matricula durante los mismos 19 años, ha crecido un 13,5% promedio anual.
Si tomamos el Aporte del Presupuesto Nacional recibido en la vigencia 2012 en pesos constantes del año 1992; el aporte de la Nación sería de $394.759,2 millones, lo que significa un crecimiento con relación a lo que recibieron las Universidades en el año 1992 de 88.88% ($208.999 millones); mientras tanto en el mismo periodo, la matricula ha crecido 255,87% (De 159.218 en 1993 a 566.611 estudiantes en la vigencia 2012). Es decir, en pesos constantes hay un desfase de 166.99%.
Esta es una cuenta muy simple porque considera que los criterios, costos de funcionamiento y de aportes a la sociedad, son los mismos del año 1.992, lo cual está lejos de la realidad, pues hoy se requiere mucho más en todo sentido. Sin embargo, si consideramos que se hubieran mantenido las condiciones de 1.992, y los mismos costos per cápita, se concluye que el Estado ha dejado de transferir a sus Universidades un 166.99% de recursos a la base. Lo que en pesos del año 2.012, equivale a $4.135.071 millones; es decir más de cuatro billones de pesos.
Naturalmente que no solo el Estado Central ha estado contribuyendo a la financiación; las Universidades mismas y algunos entes territoriales han concurrido con aportes; en el caso de las Universidades por la vía de los recursos propios, y de enormes esfuerzos en eficiencia se ha podido soportar el funcionamiento y el crecimiento, pero a costa del desarrollo mismo de las Instituciones.
De la tabla con las transferencias históricas se puede reconocer fácilmente la validez de lo afirmado.
Las Universidades hemos realizado estudios minuciosos y sustentados de estos mayores valores, estudios que han sido aceptados por el Gobierno actual y anterior, producto de ello, en 2009, el Honorable Congreso de la República gestionó ante el Gobierno una adición para las Universidades Estatales por $120.000 millones para el 2010, de ellos $30.000 para investigación, $70.000 para ampliación de cobertura y el resto para devolver los descuentos por votaciones. Las Universidades reconocimos esta gestión del Congreso y la voluntad del Gobierno. En 2011 el Gobierno, como parte de la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, se comprometía por los siguientes 10 años en adicionar cada año un 3% más sobre el IPC, en reconocimiento a la desfinanciación antes anotada. La reforma no se dio y de hecho, nuestras esperanzas de compensación. La propuesta del Gobierno aunque insuficiente a nuestro juicio, era una base cierta para debatir el proyecto en el Congreso.
Este año y en ausencia de reforma a la ley 30, el Gobierno Nacional aporto el 3% adicional sobre la base a las Universidades lo que significó una cuantía de 66.000 millones.
La señora Ministra de Educación Nacional, Dra. María Fernanda Campo, le informó al SUE que el proyecto general de presupuesto para el 2013 ya radicado, solo contempla un incremento del 3% sobre el IPC como recursos adicionales. Estos recursos no son suficientes para compensar la desfinanciación y de hecho, conjurar la crisis de las Universidades Estatales. Los estudios arrojan que se requiere al menos el 10% adicional al IPC que vayan a la base de los recursos que se transfieren a las Universidades Publicas. Este incremento nos pondría en condiciones de trabajar tranquilamente un modelo nuevo de financiamiento que pueda garantizar la sostenibilidad y el crecimiento con calidad y justicia social. El SUE le expresó a la señora Ministra de Educación que Las Universidades Estatales seguiremos buscando con el Gobierno Nacional una reforma a la Ley que garantice a futuro un funcionamiento adecuado.
Este 10% es del orden de $240.000 millones, que las Universidades distribuiríamos en acuerdo con el Ministerio de Educación; tal como se distribuyeron los 66.000 millones adicionales de este año donde el 50% de los recursos adicionales van directamente a la base para compensación. Es importante señalar que los recursos adicionales del año 2012 no han servido al propósito de compensación puesto que fueron utilizados casi en un 50% para cubrir el mayor valor derivado del Decreto Presidencial que reajustó en un 5% los salarios de los servidores públicos, lo que significó para las Universidades Públicas, una erogación no compensada por casi $28.000 millones. Una cifra aún mayor deben asumir las Universidades Estatales, sin compensación, por la aplicación del Decreto 1279 de 2002, que fija las remuneraciones de los docentes y estas crecen por encima del IPC de acuerdo con la producción intelectual de los docentes.
Como en años anteriores Honorables Congresistas, las Universidades Estatales recurrimos a ustedes para que contribuyan con su gestión a que se entreguen los recursos que efectivamente se requieren para conjurar la crisis de financiación a que están sometidas las Universidades del Estado.
Con altos sentimientos de consideración,
Por los Rectores de las Universidades Públicas
LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ
Presidente del Sistema Universitario Estatal ( SUE )
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