En todo el continente, con la excepción de Cuba, existe una notable proliferación del sector privado de la Educación Superior. En algunos países como Brasil y Colombia, por ejemplo, el número de estudiantes matriculados en las instituciones privadas supera al de las públicas. Esta situación, que en la mayor parte de los casos se produjo en los años 90, incluye al menos dos dimensiones. Los recursos de las familias, y no los del Estado, están financiando una buena parte de la matrícula universitaria. Además está el dinamismo de la educación privada, que en número de instituciones, programas y estudiantes, crece más rápidamente que las entidades públicas, que enfrentan recortes en sus asignaciones fiscales.
En algunos casos, como en Chile, el proceso de privatización supuso además el arancelamiento de todos los estudios y el fin de la tradicional gratuidad. Todos y todas pagan, sea que se inscriban en entidades públicas o privadas, requiriendo de créditos y endeudamiento personal para culminar una carrera.
Se trata de un fenómeno que corrió paralelo a nuevas expectativas de las clases medias y las políticas de mercado en la economía. Las entidades privadas poseen ahora tradiciones, culturas y visiones disímiles a las entidades autónomas. A diferencia de éstas que se esfuerzan —aunque no siempre lo logren— por realizar las tres funciones sustantivas de la Educación Superior: formación, investigación e interacción, los establecimientos privados son manifiestamente docentes; es decir, transmiten conocimiento sin realizar labores de investigación.
Por otra parte, concebidas como empresas, que siguen la lógica del costo-beneficio y su dinámica de poder y autoridad, desecharon la pluralidad y la libertad de cátedra que caracteriza desde sus orígenes al mundo universitario. Sus docentes carecen del derecho a organizarse y de libertad de cátedra y por lo que, en consecuencia, han perdido su posibilidad de actuar como portadores de un saber diverso. Sus estudiantes, en tanto, fueron transformados en clientes, que actúan como quien demanda cualquier otra inocua mercancía, que se distribuye y se produce en un ambiente de baja regulación y escasa responsabilidad social y pública.
No siempre cristalizaron en organizaciones dotadas de una gestión moderna y de planificación estratégica; por el contrario se conformaron más bien como empresas familiares o núcleos de socios, que siguen los bamboleos del mercado y en las cuales las autoridades y directivos académicos se confunden con los inversionistas y viceversa. Instituciones, en suma, que en ausencia de organismos colegiados de gestión o participación social para su regulación, se manejan discrecionalmente. El poder se concentra en pocas manos y se ejerce burocráticamente de arriba hacia abajo, contrariando el espíritu participativo universitario.
“Al aplicar la gestión de los negocios al manejo de la universidad se la equipara con la empresa, —señala el académico mexicano Eduardo Ibarra Colado— y el conocimiento como un recurso valioso sólo en la medida en la que demuestra su utilidad práctica en el menor plazo posible…”. Estamos —aduce— frente a una situación de capitalismo académico o de “Macdonalización” de la Educación Superior, donde la enseñanza se convierte en un vehículo para el lucro.
Las recientes movilizaciones estudiantiles, los pronunciamientos de docentes en Chile, México, Colombia, Europa e incluso Australia, han colocado en debate el proceso de privatización de las universidades. ¿Entre nosotros, la crítica de la mercantilización será parte de la descolonización de la educación, ahora en curso?
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