Libardo Gómez Sánchez
Por miles se han concentrado en sus aulas para discutir las reformas, han analizado sus argumentos y puesto en la balanza los resultados para optar por la movilización para rechazarla. Han desfilado por millares con sus maestros, por las calles de la principal avenida de la nación que lleva el nombre del libertador; esta es también una jornada libertaria que procura preservar la posibilidad de mantener la ciencia en los salones de clase, para que sirva al desarrollo armónico de la sociedad y aunque es válida, no es una lucha por mejores salarios o condiciones laborales, o por promociones automáticas sino por la convicción de que el conocimiento apropiado por las masas y no por unos pocos, es la garantía de una sociedad más igualitaria, menos injusta y excluyente. Son jóvenes en jeans de los barrios pobres y también los hijos de acaudalados padres, que transitan con su auto por los parqueaderos de las universidades públicas. Nos referimos a los estudiantes de la república de Chile, que por estos días confrontan la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de privatizar la educación en el país austral.
Aún sin la misma fuerza, los estudiantes universitarios y de secundaria de Colombia inician el mismo camino; se mueven ante la amenaza contemplada en el Plan Desarrollo y la reforma a la Ley 30, que legaliza la educación con ánimo de lucro. Los rectores de las universidades privadas ya expresaron su rechazo, porque comprenden, que tras la política gubernamental se esconde la patente de corzo que le permite al capital extranjero tomarse la educación superior y liquidar las instituciones educativas públicas y privadas de carácter nacional. Ascun, la asociación de universidades privadas del país, elaboró un documento que ha puesto a consideración del gobierno nacional, en el que entre otros aspectos, incluye criterios que reclama la comunidad educativa: la educación es un derecho fundamental y es deber del estado garantizarlo; en ese sentido la financiación es una condición indispensable que debe acompañarse de la autonomía universitaria, la que le permita decidir los caminos de la ciencia y la investigación a seguir, sin limitaciones, con igual soberanía que las naciones requieren para procurarse caminos de desarrollo.
Por supuesto que no se sugiere aislar el sistema educativo del resto del universo, su relación debe estar mediada por unas normas que garanticen el fortalecimiento del aparato educativo nacional, que faciliten la cooperación, el intercambio de experiencias y de saberes, así como la homologación de métodos y conocimientos dentro y fuera del país.
El documento recuerda que la calidad en la formación está asociada a costos crecientes: inversión en tecnología, laboratorios, equipos y capacitación a los docentes que deben obtener titulaciones en maestrías y doctorados, que garanticen un altísimo nivel en la formación de los muchachos, circunstancia que riñe con la regla de oro del capital especulativo: costos decrecientes y máxima utilidad.
La educación con ánimo de lucro, es al final un nuevo negocio para la banca: otorgar créditos que la población requiere para pagar matrículas y costos educativos. Esa es la gran oportunidad para inversionistas, preocupados por la rentabilidad de sus capitales y no por el desarrollo de los pueblos.
La comunidad educativa en Colombia, tendrá que emular la disposición de los chilenos de defender el carácter público de la educación y movilizarse por las calles y las plazas, sin importar su nombre, pero con el ánimo de recuperar la soberanía menguada y con el espíritu crítico que caracteriza a quienes contribuyen al progreso de los pueblos.
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