Por:
Cindy Manrique y Jeisson Quintero - Tejuntas
La
historia de Colombia ha estado marcada por un conflicto social, político y
armado que ha logrado permear cada una de las capas de la sociedad, pero que
particularmente ha afectado a las clases más pobres; han sido recurrentes el
despojo, el desplazamiento, las desapariciones, asesinatos y encarcelamientos,
siendo el miedo la mayor herramienta para arrebatar el derecho a proponer un
país diferente. Ese conflicto tiene como verdugos a las clases terratenientes,
grandes emporios industriales, banqueros, mineros, etc.
Aun con
los 442.000 efectivos, es decir 5 ½ soldados por cada 1.000 habitantes, que
cuestan más de 14.400 dólares (según datos de Jose Fernando Isaza en el texto
Algunas consideraciones sobre el conflicto en Colombia), la vía militar no ha
solucionado la violación de DD.HH y parece no proteger a la ciudadanía, en
cuanto Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores de
DD.HH, y el tercer país más desigual del mundo. Además, según el Informe de la
situación de Derechos Humanos en Colombia
2008-2013, entre 2008 y 2012, 923 personas fueron agredidas y las
ejecuciones extrajudiciales aumentaron un 68,18%. Y pese a la falta de 25.780
médicos generales y 2.315 especialistas para cubrir el déficit en salud
(Informe Recursos Humanos de la Salud en Colombia de CENDEX, 2010), Colombia es el segundo país que más
invierte en armamento en Latinoamérica.
La
militarización, además de mantener un modelo guerrerista en favor del capital
trasnacional, no aporta a mejorar las condiciones de vida del país, y arrebata
a la juventud la posibilidad de decidir sobre sus vidas sometiéndole a prestar
el Servicio Militar Obligatorio (en adelante SMO), aunque varias veces la corte
constitucional se haya manifestado en favor del derecho a decir NO al mismo
(Sentencias C-728/09, C-879/11 y T-455/14).
Pero si
el país está entrando en una nueva etapa de diálogos, de acuerdos entre
insurgencias-Estado y de construcción de paz, es fundamental la participación
de la sociedad, y en especial la de los jóvenes, para definir su propio rumbo.
En esta nueva etapa las instituciones militares deben cambiar su papel; es
lógico que al no existir conflicto interno el presupuesto militar tenga que
disminuir, y desde luego, la tropa militar. En contexto, entonces, debería desaparecer
la obligatoriedad del servicio militar.
Tras
varios años de discusión y movilización entre organizaciones juveniles y
objetoras de conciencia como el colectivo la Tulpa, Tejuntas, Anjeco, Minga
Juvenil, Andes, Acooc, la Red Feminista y Antimilitarista de Medellín, entre
otras, se ha convertido al SMO en un tema crucial para debatir en medio del
ambiente de negociación del conflicto armado, ya que la juventud tiene sus
propios análisis sobre lo que significa la paz y sobre su papel en la construcción
de propuesta de país con justicia social.
Es a
partir de estas discusiones entre algunas de las organizaciones, que viene
consolidándose la propuesta de Servicio Social para la Paz (SSP), una apuesta
encaminada a darles la posibilidad a las y los jóvenes de decidir la forma de
servirle al país, y de reconocerse como agentes transformadores que aportan a
un nuevo proyecto de país. El SSP es una propuesta de acto legislativo que
modificaría los artículos 22 y 216 de la Constitución Colombiana. El primero referido
al cumplimiento del derecho/deber de la paz que hasta ahora no está
desarrollado, y el segundo sobre la definición de la situación militar que
pretendería modificarse para erradicar la obligatoriedad del SMO. Este acto
legislativo sería la apertura de un debate fundamental en un contexto de
solución política en el país: si los jóvenes desean seguir alimentando las
filas de las fuerzas militares en el postacuerdo o si por el contrario desean
aportar por medio de un servicio social a la construcción de la paz en
Colombia.
Esta
nueva apuesta política de Servicio Social para la Paz, más allá de un acto
legislativo, toca el futuro de la juventud y de las instituciones militares.
Por eso las organizaciones sociales la han llevado al Congreso de la República,
para que se escuche la voz de los que consideran que con trabajo social (apoyo
a víctimas de la guerra, tratamiento y resolución de conflictos de formas
no-violentas, promoción de las riquezas culturales, conservación de parques
naturales, promoción de derechos humanos entre otras formas de aplicación) es
como se puede empezar a forjar en lo concreto ese escenario de post-conflicto
que necesita el país.
El SSP
es una estrategia que compromete a la juventud, no sólo en la construcción de
paz, sino en la reducción de las desigualdades sociales, económicas y
políticas, que posiciona otras formas de existencia, para terminar con la
confrontación armada entre la misma población, para exigir que los jóvenes de
sectores excluidos y empobrecidos tengan otras posibilidades de vida al margen
de la guerra y de sus lógicas deshumanizantes, patriarcales, criminales y
perversas.
Si la
paz no es únicamente la implementación de los acuerdos firmados con las FARC, y
de los futuros acuerdos que puedan firmarse con el ELN, el Servicio Social para
la Paz sería un aporte a la cualificación de esos acuerdos y a la construcción
de un Diálogo Nacional sobre el papel de la juventud en la solución política.
El SSP no es por lo tanto una pedagogía para la paz sino una discusión del modelo de juventud
desde los jóvenes mismos en su relación con la sociedad completa:
reivindicaciones propias sobre derechos sociales como la educación y el
trabajo, el desmonte del ESMAD, el cierre de las Unidades Permanentes de
Justicia –UPJ–, y el fortalecimiento de escenarios de participación con
incidencia real en las decisiones que atañen a los jóvenes.
El SSP
significa un compromiso con una apuesta ética y política, y está pensado como
una forma de fortalecer en la juventud las capacidades para construir e
implementar formas alternativas de resolver los conflictos, hacia una
convivencia pacífica y una cultura respetuosa de los derechos fundamentales.
Es por
lo anterior que las organizaciones sociales hacen un llamado a toda la juventud
colombiana a apoyar, sumarse y participar activamente en la defensa y
construcción del Servicio Social para la Paz como alternativa para que la
juventud deje de ir a la guerra y se comprometa públicamente, como lo ha venido
haciendo a lo largo de la historia de Colombia, a transformar el país a partir
del trabajo social y popular.
0 comentarios:
Publicar un comentario