El
recuerdo de Allende arribó el pasado viernes 11 de Septiembre con una gran
noticia: la libertad de nuestrxs compañerxs defensores de derechos humanos,
líderes estudiantiles, juveniles, periodistas y trabajadores populares,
detenidxs el pasado 8 de Julio de manera arbitraria a través de un gran montaje
judicial desplegado en capturas de película y procesos judiciales a toda vista
sostenidos en mentiras. Con ocasión de este gran logro compartimos algunas
reflexiones que no se pueden perder de vista en un momento de álgida
persecución a las formas de movilización social en el país.
Parece
paradójico que durante los diálogos de paz en la Habana con las Farc la
persecución hacia el ejercicio político de oposición, resistencia y
movilización se arrecie de manera considerable. Sin embargo, es prudente recordar
que no es una novedad en la realidad histórico-política de nuestro país: la
construcción de espacios de participación política se encuentra atravesada por
una lógica de aseguramiento inmunitario hacia las expresiones populares que
reclaman una ampliación (radicalización) de los principios democráticos que
sostienen y viabilizan la vitalidad de la acción política. La democracia
estatal en nuestro país, rodeada de instituciones y agentes que responden a
esta lógica, estigmatiza y neutraliza lo que abre y, por ende, lo que está “por
fuera” de sus límites. En esta medida, deja entonces de ser paradójico el
vínculo existente entre “diálogo de paz” y persecución política. Después de un
semestre difícil y doloroso para la “izquierda” en nuestro país, de dos meses
de las detenciones arbitrarias a miembros del Congreso de los Pueblos y
finalmente su liberación, es vital reflexionar acerca de nuestro espectro
político y las respuestas que han surgido a partir de este.
¿Qué
implica un aseguramiento inmunitario? ¿Cómo funciona la neutralización
política? Esta lógica tiene como punto de partida que la democracia debe ser
ajena a las contradicciones, a los conflictos y a las disputas que aparecen,
por ejemplo, con el accionar de los movimientos sociales. Para poder lograr la
“pretendida democracia” (inmunitaria y neutralizadora), se desenvuelven
diversos mecanismos que van cerrando poco a poco los espacios, los sentidos y
los imaginarios que han sido construidos bajo la égida de objetivos políticos
ajenos a los de las clases políticas dirigentes.
Veamos,
por ejemplo, el despliegue de uno de esos mecanismos. En primer lugar,
identificamos la legalización de la persecución. El funcionamiento de este
mecanismo es visible bajo el impresionante, violento y burdo despliegue de un
aparato jurídico-discursivo, enfocado en justificar de manera calculada y
pormenorizada las detenciones irregulares de 11 personas pertenecientes al
Congreso de los Pueblos. A través de vías y mecanismos más “consensuados” (como
lo son el respeto a la ley, la
protección de los “derechos humanos” y la “seguridad ciudadana”), la pretendida
neutralidad del derecho invisibliza el carácter político de la persecución.
Discursos presidenciales y artículos periodísticos aseguraban el “éxito
nacional” de un gigante operativo policial antiterrorista, que de manera usual, empezó a disiparse a los
3 días debido a la inminente falta de pruebas, pero también, debido a las
constantes denuncias que entraron a señalar la teatralización de la violencia
estatal que acarreó la proliferación viral de este evento-mediático. Sin
embargo, el golpe fue dado satisfactoriamente: los falsos positivos judiciales
se realizaron de manera efectiva, tanto para una plataforma política como la
Marcha Patriótica, como para el Congreso de los Pueblos. No sin un poco de
tristeza es necesario declarar que la legalización de la persecución funciona
como un freno en seco hacia el camino que trazan multiplicidad de dinámicas
grupales, fuerzas políticas y movilizaciones. El viernes 11 de septiembre, las
11 personas fueron puestas en libertad en segunda instancia por la ilegalidad
de la captura. Aunque contamos con la dicha de tenerlxs en libertad, este
suceso está marcando sus vidas y las de todo el Congreso de los Pueblos y los
movimientos sociales y populares alrededor. El miedo a ser encarcelada,
perseguida e inmovilizada por pensar y actuar diferente, muchas veces termina
en el miedo y la obligatoriedad de guardar silencio. Las fuerzas reunidas para
seguir hablando se empiezan a debilitar.
En
segundo lugar, está la amenaza y la aniquilación física, por medio de una vía
indeterminada. En enero de este año, el asesinato del activista de Congreso de
los Pueblos, Carlos Alberto Pedraza, y las múltiples amenazas a líderes y
lideresas en todo el país, expresan la tensión existente entre la democracia
estatal de este país, y los movimientos sociales y populares. En concreto,
tomemos el ejemplo de las amenazas firmadas por “El Bloque Capital” o “Las
águilas negras” a estudiantes, profesoras y profesores de la Universidad
Nacional y la Universidad Pedagógica -tanto en mayo de este año, como a finales
del año pasado-. Desde la neutralidad del derecho, las respuestas a estas
denuncias son blandas y poco esclarecedoras: que los paramilitares no existen,
que no se sabe si fue asesinato, que las amenazas de muerte seguramente tienen
que ver con “líos de faldas”. La incertidumbre alrededor de estas amenazas y
estos asesinatos, las “fuerzas oscuras” detrás de estos, provocan una suerte de
indeterminación de la persecución: situación que termina generando una
sensación de impotencia con respecto a la posibilidad de saber desde dónde
están apuntando. A la legalización de la persecución (desde la Fiscalía, los
juzgados y el poder ejecutivo) se le suma entonces, la neutralización física
vía indeterminación. En esta medida, a personas que han luchado por expresar
sus opiniones y disputar espacios como las universidades y la academia, se les
bloquea el cuerpo, torturándolo y asesinándolo o, intimidándolo, por el simple
hecho de querer salir a caminar por fuera de su casa.
Ahora
bien, hay que tener en cuenta que estos dos mecanismos, no son sino dos caras
de la misma moneda y en esa medida, no son fenómenos aislados. Según el último
informe de la ONG Somos defensores: “en lo que va del año 2015, 399 líderes y
lideresas han sido víctimas de diversas amenazas seguimientos y ataques contra
su integridad, aumentando considerablemente el número respecto al año anterior
en donde se registraron 194 agresiones en el primer semestre del 2014.” Estos
casos nos dan una luz sobre lo que es una estrategia política desplegada desde
una red compleja de actores: en la universidad, en la calle, en los medios de
comunicación, en lo público-estatal y en los lugares de trabajo, la
participación y la oposición política es excluida de una manera contundente.
Hay un conjunto de valores y creencias atravesado por el discurso del gobierno,
de los medios y de las élites políticas, en el que la política es pensada como
algo vertical que se organiza neutralmente por una racionalidad económica y
jurídica, como un espacio que no es apto para la participación democrática. A
este fenómeno podemos caracterizarlo como despolitización de la sociedad civil:
reducir considerablemente los medios, los espacios y los objetivos legítimos
que se despliegan en el momento de hacer política.
A la
lógica inmunitaria que atraviesa el sentido político del gobierno nacional, le
es inconcebible pensar lo político por fuera de lo “normativo”; es decir,
pensarlo como un espacio abierto y creativo de donde puede brotar algo que
quiebre y se distancie de la homogeneidad que permea a la institución estatal.
La participación se filtra hasta en lo más
mínimo: imponer medios, mecanismos y fines que se inmunizan contra la
diferencia y poco a poco, neutralizan el espacio político que se encuentra al
límite del espectro estatal.
Si
espacios que se han venido construyendo abiertamente hacia la participación
política activa y democrática -como lo son por ejemplo, las universidades
públicas-, están siendo minados por el miedo que despliegan tanto la
legalización de la persecución, como la indeterminación de la aniquilación
física, ¿cómo es posible pensar un diálogo nacional abierto e incluyente, sin
que medie la negación absoluta de la diferencia? Sin tener una respuesta de
antemano, creemos que insistir en la apertura de este diálogo, es de vital
importancia para pensar la paz más allá de una racionalidad económica y una
axiomática jurídico-estatal.
Celebramos
infinitamente la libertad de nuestrxs compañerxs detenidos pero cerramos este
artículo insistiendo en lo siguiente: no podemos olvidar el carácter político
que rodea a esta persecución sistemática; no debemos permitir que nos pretendan
despolitizar a través del miedo y la neutralidad del derecho; tenemos que
insistir en la apertura de un diálogo nacional por la paz, que se constituya
bajo una lógica de apertura hacia el
respeto de la diferencia, hacia el devenir de un otro que siempre nos está
excediendo.
0 comentarios:
Publicar un comentario