Comunicado
a la Opinión Pública Nacional e Internacional
La
Consejería Mayor del CRIC informa y
denuncia ante las autoridades indígenas del Cauca y de Colombia, así como a los
hermanos indígenas del mundo y a las organizaciones sociales, y sectores
democráticos y comunidad internacional,
la detención realizada en el día de hoy de Feliciano Valencia, autoridad
de su resguardo en varios periodos, Consejero de nuestra organización periodo
2007- 2009, y persona activa en nuestro proceso.
Feliciano
Valencia fue detenido el día de hoy martes 15 de septiembre de 2015, cuando
regresaba a Santander de Quilichao luego de una sesión del programa de
educación en Popayán. Se pudo establecer que se trata de una orden de captura
del Tribunal Superior de Popayán tras
revocar el fallo de primera instancia que había declarado a Feliciano
inocente respecto a acusaciones por hechos sucedidos en la María Piendamó en el
año 2008, en desarrollo de la Minga Indígena y Popular. No se conocen los
pormenores del fallo, pues no se ha celebrado a la fecha la audiencia de
lectura del mismo, pero causa desconcierto que se modifique una sentencia de
primera instancia tan clara y contundente.
El caso
por el que se imputaron cargos a Feliciano Valencia es, en sí mismo, una
violación del derecho constitucional a la jurisdicción especial indígena ya
que, haciendo caso omiso a su existencia, se tipificaron acciones sustanciales
a la puesta en práctica de la misma
(detención, investigación, juzgamiento,
aplicación de remedio) como acciones delincuenciales. Sería un contrasentido que la Constitución
haya dado unas funciones a las autoridades indígenas para que luego, en el
momento en que se ejerzan, sea considerado ello un delito.
La
jurisdicción especial indígena forma parte constitutiva del Estado Social de
Derecho, Multiétnico y Pluricultural. El juzgamiento de Feliciano Valencia por
presuntos delitos relacionados con el ejercicio de dicha jurisdicción, es un
juzgamiento a todos los pueblos indígenas de Colombia; en este sentido
consideramos que se ha constituido un golpe de Estado contra nuestros derechos
constitucionales y que se ha revocado el Tratado de Paz que la Carta Magna del 91 representó en nuestra
historia, particularmente para los pueblos indígenas.
La
Constitución también garantizó el derecho a la protesta social la cual hoy se
encuentra seriamente amenazada por su judicialización y criminalización como en
el caso del Congreso de los pueblos, la marcha patriótica y el movimiento
indígena como en este caso específico de las grandes movilizaciones que
realizamos en el año de 2008, y las que hemos venido realizando a lo largo de
esta década.
Las
comunidades indígenas del Cauca nos declaramos en Asamblea Permanente y
llamamos al movimiento indígena y social para que estemos listos a defender
nuestros derechos y para que no permitamos que, en cambio de avanzar hacia la
paz, se avance en una guerra contra las organizaciones sociales y se acabe con
el poco Estado social de derecho que va quedando en el país.
Popayán,
Septiembre 15 de 2015.
Hora:
11.30 pm
CONSEJERÍA
MAYOR
CONSEJO
REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC.
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