jueves, 13 de agosto de 2015

[Testimonios] Dos casos probados de ´Falsos Positivos Judiciales´

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Las persecuciones judiciales recrudecieron en los últimos meses, con los casos emblemáticos de las detenciones de integrantes del Congreso de los Pueblos, de Marcha Patriótica y del profesor Miguel Ángel Beltrán. Presentamos testimonios de una docente y un líder estudiantil que padecieron años de cárcel por imputaciones que se demostraron falsas. Son más de 13.000 las demandas al Estado por situaciones similares.
40 meses encarcelado por su liderazgo estudiantil
Su nombre destila historia: Jorge Eliécer Gaitán Hernández. Fue detenido el 2 de octubre de 2011 junto a otras 9 personas, cuando cursaba el quinto semestre de su carrera de Derecho en la Universidad Surcolombiana de Neiva. Se le imputaron los delitos de "concierto para delinquir agravado por fines terroristas" y "rebelión", pero lo único que pudieron mostrar como evidencia fueron actividades vinculadas a su liderazgo estudiantil y su participación en el movimiento Marcha Patriótica. Sólo pudo recuperar su libertad después de 42 meses de injustificado encierro. En diálogo con Colombia Informa, explica:
“Fuimos detenidas 10 personas en una operación que se dirigió desde Bogotá hacia dos departamentos, Caquetá y Huila. Todos éramos miembros de organizaciones sociales y populares. Como siempre los medios registraron la noticia como un duro golpe a la insurgencia, producto de las declaraciones del presidente Santos y el entonces comandante de la Policía, Oscar Naranjo.
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Durante tres días, tiempo que duraron las audiencias preliminares, los medios y la Fiscalía adujeron tener pruebas contundentes contra quienes estábamos siendo imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines terroristas, administración de recursos con fines terroristas y rebelión. Finalmente fuimos cobijados con medida de aseguramiento y enviados a la cárcel Modelo de Bogotá. Desde entonces estuvimos en cinco cárceles, nos hicieron alrededor de cuarenta audiencias y más de treinta traslados.
Puestos en una cárcel se inició la segunda etapa, que es la de mantenernos el mayor tiempo posible detenidos, como medio de presión para que aceptemos cargos o lleguemos a algún tipo de negociación con la Fiscalía.
Finalmente, después de 42 meses, la Fiscalía no pudo demostrar sus acusaciones, se volvió insostenible mantenernos privados de la libertad y no les quedó otra opción que dejarnos en libertad. Creemos que este proceso precluye o prescribe. Para nosotros es muy importante cerrar este capítulo y de una vez por todas demostrar nuestra inocencia, como ya lo hemos hecho”.
Un año y medio presa por ejercer la docencia y ser parte de un movimiento social
María Luisa Niño es docente de profesión e integrante del Congreso de los Pueblos. Cuando la detuvieron se llevaron trabajos de sus estudiantes, que televisaron como si fueran evidencias en su contra. Tras demostrarse su inocencia recuperó la libertad y hoy lleva adelante una demanda contra el Estado, que ya ofreció una indemnización. Explica a Colombia Informa:
“Transcurría el 22 de abril de 2005 y antes de las 5 de la mañana llega abruptamente a mi casa un gran número de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y policías, con una orden de allanamiento y captura. Me encontraba durmiendo con mi hijo que para entonces tenía 10 años y mi hija que tenía 19. Se llevaron en cajas mis libros, casetes, disketes, la computadora, el teléfono celular, trabajos de mis estudiantes, y luego los pasaron todo eso por TV como si fueran evidencias.
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A los tres días de encierro me entero que estoy acusada por terrorismo, concierto para delinquir y rebelión. Después de solicitar casa por cárcel en vano varias ocasiones, después de varias audiencias donde se evidencia que no tienen pruebas en contra mía, salgo en libertad en noviembre del 2006.
Luego de comprobar mi inocencia y de haber recobrado la libertad, interpuse una demanda que fue aceptada. El Estado ofreció una indemnización por debajo de lo que pedimos, por esta razón no aceptamos. Hoy día estamos a la espera de una respuesta, acorde a lo demandado y a los daños ocasionados”.
Los casos de Jorge Elécer y María Luisa son parte de las miles de detenciones ocurridas a la fecha por delitos de terrorismo y rebelión, tras imputar a personas, en su mayoría líderes, voceros o integrantes del movimiento social, por supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- o el Ejército de Liberación Nacional -ELN-.Según estadísticas brindadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice-, más del 75% de estos casos terminan demostrándose como "Falsos Positivos Judiciales", es decir, acusaciones falsas que derivan en la puesta en libertad de los acusados. “Hay más de 13 mil demandas al Estado por detenciones arbitrarias, que comprometen a 27 billones de pesos que el Estado deberá responder por hechos falsos”, explica Franklin Castañeda, presidente del Movimiento de Víctimas.



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