Las
persecuciones judiciales recrudecieron en los últimos meses, con los casos
emblemáticos de las detenciones de integrantes del Congreso de los Pueblos, de
Marcha Patriótica y del profesor Miguel Ángel Beltrán. Presentamos testimonios
de una docente y un líder estudiantil que padecieron años de cárcel por
imputaciones que se demostraron falsas. Son más de 13.000 las demandas al
Estado por situaciones similares.
40 meses encarcelado por su liderazgo estudiantil
Su
nombre destila historia: Jorge Eliécer Gaitán Hernández. Fue detenido el 2 de
octubre de 2011 junto a otras 9 personas, cuando cursaba el quinto semestre de
su carrera de Derecho en la Universidad Surcolombiana de Neiva. Se le imputaron
los delitos de "concierto para delinquir agravado por fines
terroristas" y "rebelión", pero lo único que pudieron mostrar
como evidencia fueron actividades vinculadas a su liderazgo estudiantil y su
participación en el movimiento Marcha Patriótica. Sólo pudo recuperar su
libertad después de 42 meses de injustificado encierro. En diálogo con Colombia
Informa, explica:
“Fuimos
detenidas 10 personas en una operación que se dirigió desde Bogotá hacia dos
departamentos, Caquetá y Huila. Todos éramos miembros de organizaciones
sociales y populares. Como siempre los medios registraron la noticia como un
duro golpe a la insurgencia, producto de las declaraciones del presidente
Santos y el entonces comandante de la Policía, Oscar Naranjo.
Durante
tres días, tiempo que duraron las audiencias preliminares, los medios y la
Fiscalía adujeron tener pruebas contundentes contra quienes estábamos siendo
imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines
terroristas, administración de recursos con fines terroristas y rebelión.
Finalmente fuimos cobijados con medida de aseguramiento y enviados a la cárcel
Modelo de Bogotá. Desde entonces estuvimos en cinco cárceles, nos hicieron
alrededor de cuarenta audiencias y más de treinta traslados.
Puestos
en una cárcel se inició la segunda etapa, que es la de mantenernos el mayor
tiempo posible detenidos, como medio de presión para que aceptemos cargos o
lleguemos a algún tipo de negociación con la Fiscalía.
Finalmente,
después de 42 meses, la Fiscalía no pudo demostrar sus acusaciones, se volvió
insostenible mantenernos privados de la libertad y no les quedó otra opción que
dejarnos en libertad. Creemos que este proceso precluye o prescribe. Para
nosotros es muy importante cerrar este capítulo y de una vez por todas
demostrar nuestra inocencia, como ya lo hemos hecho”.
Un año
y medio presa por ejercer la docencia y ser parte de un movimiento social
María
Luisa Niño es docente de profesión e integrante del Congreso de los Pueblos.
Cuando la detuvieron se llevaron trabajos de sus estudiantes, que televisaron
como si fueran evidencias en su contra. Tras demostrarse su inocencia recuperó
la libertad y hoy lleva adelante una demanda contra el Estado, que ya ofreció
una indemnización. Explica a Colombia Informa:
“Transcurría
el 22 de abril de 2005 y antes de las 5 de la mañana llega abruptamente a mi
casa un gran número de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad
-DAS- y policías, con una orden de allanamiento y captura. Me encontraba
durmiendo con mi hijo que para entonces tenía 10 años y mi hija que tenía 19.
Se llevaron en cajas mis libros, casetes, disketes, la computadora, el teléfono
celular, trabajos de mis estudiantes, y luego los pasaron todo eso por TV como
si fueran evidencias.
A los
tres días de encierro me entero que estoy acusada por terrorismo, concierto
para delinquir y rebelión. Después de solicitar casa por cárcel en vano varias
ocasiones, después de varias audiencias donde se evidencia que no tienen
pruebas en contra mía, salgo en libertad en noviembre del 2006.
Luego
de comprobar mi inocencia y de haber recobrado la libertad, interpuse una
demanda que fue aceptada. El Estado ofreció una indemnización por debajo de lo
que pedimos, por esta razón no aceptamos. Hoy día estamos a la espera de una
respuesta, acorde a lo demandado y a los daños ocasionados”.
Los
casos de Jorge Elécer y María Luisa son parte de las miles de detenciones
ocurridas a la fecha por delitos de terrorismo y rebelión, tras imputar a
personas, en su mayoría líderes, voceros o integrantes del movimiento social,
por supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
-FARC- o el Ejército de Liberación Nacional -ELN-.Según estadísticas brindadas
por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice-, más del 75% de
estos casos terminan demostrándose como "Falsos Positivos
Judiciales", es decir, acusaciones falsas que derivan en la puesta en
libertad de los acusados. “Hay más de 13 mil demandas al Estado por detenciones
arbitrarias, que comprometen a 27 billones de pesos que el Estado deberá
responder por hechos falsos”, explica Franklin Castañeda, presidente del
Movimiento de Víctimas.
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