Continúan
las denuncias sobre amenazas y persecución a los movimientos sociales en
Colombia. Tras las detenciones y los
irregulares procesos contra los miembros de los movimientos Congreso de los
Pueblos y Marcha Patriótica, estos siguen manifestando la vigilancia y el
hostigamiento permanente del que son víctimas.
La
última denuncia se conoció desde la comisión de derechos humanos del Congreso
de los Pueblos, en donde se plantea detalladamente como la defensora y lideresa
de este movimiento y de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, Alexandra
Bermúdez, viene siendo hostigada por seguimientos tanto de uniformados de la
policía como por personas de civil. Así mismo, denuncia el ingreso ilegal a su
residencia, la manipulación de su computadora y la clara interceptación
telefónica de la cual está siendo víctima.
A
través de un comunicado oficial se plantea que: “Esta violación de su
privacidad se constituye en una campaña de terror a Alexandra Bermúdez y su
familia, quienes sin duda han sentido acoso y temor por sus vidas. Ésta
estrategia de persecución, terror, intimidación probablemente tiene por objeto
atemorizar a defensores de derechos humanos y sus familias”.
Lo más
grave del caso es que esta situación se repite con otros líderes y lideresas de
este mismo movimiento. Otro de sus voceros, Jimmy Moreno, reportó seguimientos
en varios de sus recorridos. De igual manera, lo denunció Yolima Bedoya
secretaría técnica de este proceso social.
Los
miembros del Congreso de los Pueblos relacionan estos hechos a lo acontecido
con las detenciones del mes de julio y a la fuerte agitación que develó el
“falso positivo judicial” que se pretendía montar impunemente. Al respecto plantean: “Hemos observado que
luego de las judicializaciones y detenciones ocurridas el pasado 08 de julio de
2015 contra varias personas que hacen parte del Congreso de los Pueblos, se han
elevado los hechos de vigilancia, interceptaciones y actos de intimidación y
por consiguiente ha aumentado el riesgo a la vida e integridad física de los
líderes y lideresas de este movimiento social”.
Por esa
razón han iniciado procesos legales para aclarar la situación de hostigamiento,
así mismo exigen a los organismos de inteligencia del Estado colombiano para
que cesen el terror y los señalamientos contra los líderes y lideresas sociales
y políticas.
Señalan
e inculpan directamente al presidente Juan Manuel Santos como responsable de la
persecución y la estigmatización de los movimientos sociales, acusándolo como
el principal enemigo de la paz en Colombia. Entendiendo que estos hechos hacen
parte de una política instada desde el alto gobierno y que busca cerrar el paso
a la participación de las organizaciones populares.
Dada
esta percepción, lanzan un llamado a los organismos internacionales para que
estén pendientes de todo este panorama, plantean: “A los organismos de derechos
humanos nacionales e internacionales, a las organizaciones sociales y populares
a pronunciarse, denunciar estos hechos y mantenerse atentos y alerta frente a
cualquier vulneración de los derechos humanos de los líderes y lideresas del
movimiento social y popular, para que `Protestar no nos cueste la Vida y la
Libertad´”.
Con
todo ello, anuncian para los próximos días algunas acciones de protesta y
manifestación contra estas acciones y los incumplimientos del gobierno nacional
con la Cumbre Agraria.
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