Entre
1993 y 2015 se han aprobado 21 estampillas para universidades regionales y, la
última, que beneficia principalmente a la Universidad Nacional, podría poner en
jaque las finanzas, ya de por sí negativas, de varias IES del país.
La Ley
30 de 1992 es la figura jurídica con la que se implementa el derecho a la
educación contemplado en la constitución
de 1991. Su puesta en funcionamiento le ha implicado al sistema de
Instituciones de Educación Superior (IES) la obligación de ampliar su
cobertura, infraestructura, e implementar el uso de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación. Esto con el fin de que las universidades
reciban más o menos dinero de acuerdo a los logros que vayan alcanzando en cada
materia.
Realmente
es difícil hacer una comparación con lo que las universidades públicas tenían
antes de 1992, sin embargo, lo que viene pasando desde ese año, es que las
universidades se han dedicado a cumplir con dichas obligaciones (Cobertura,
infraestructura y TIC), dejando de lado la posibilidad de mejorar su calidad, o
de favorecer la investigación en todas las áreas del conocimiento y no
solamente en las que representan una salida financiera a la falta de recursos
públicos que se les otorgan.
La
obligación estatal adquirida desde la entrada en vigencia de esta ley, no sólo
ha sido incumplida, sumando una deuda que se cuenta por billones de pesos entre
el gobierno central y las universidades públicas, sino que además, no se ha
aumentado el dinero que supuestamente debería recibir el sistema de acuerdo al
cumplimiento de su crecimiento en cobertura y del Índice de Precios al
Consumidor, como regla propuesta de ajuste por la misma ley.
Lo que
tenemos con la educación superior no sólo es un problema de voluntad política
para dar solución al desangre del sistema, ni tampoco de recursos, si vemos lo
que aún se destina a temas como la mal llamada Defensa (es decir la guerra que
hace el estado). Es también un problema producto de la mala costumbre del estado
de aferrarse a los formalismos para dejar morir a la gente con enfermedades
curables, en condiciones indignas para la vejez, y excluir a los ciudadanos de
un sistema de educación de calidad.
En
otras palabras, los gobiernos de turno, según ellos, han ampliado la cobertura
de la educación superior por dos vías principales, la primera es permitiendo
que se creen todo tipo de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias
y, la segunda es ofreciendo créditos para que las personas de estratos medios y
bajos puedan acceder dichas instituciones.
Valga
la pena recordar, que apenas vemos asomarse las primeras generaciones de
deudores del ICETEX, y ya su cartera reporta crisis. Entonces, en lo formal el
gobierno ha ampliado la cobertura, pero las universidades públicas no han sido
una parte mínima de ese avance y por tanto ha sido muy pequeña su participación
en los recursos prometidos. Lo que es peor es que en lo formal, la cobertura se
ha ampliado, pero se ofrece educación de pésima calidad, y que en muchos casos
pasa a quedar sin ningún tipo de respaldo, como el caso de la Fundación
Universitaria San Martín.
¿Ante la desfinanciación como se podría
explicar que las universidades estatales sigan funcionando?
Las
universidades estatales han tenido que autofinanciarse, no sólo por medio de
matrículas, admisiones, cursos de extensión; sino ofreciendo programas de
posgrado que no tienen ningún tipo de carácter público, al tiempo que mucho son
ofrecidos sin planificación alguna. Además de eso se han tenido que vender todo
tipo de investigaciones solicitadas por compañías de gran tamaño para servir a
su crecimiento, lo que implica una pérdida de facto de la autonomía de la
educación superior, y que además la pequeña o mediana industria no podría
acceder a muchos avances tecnológicos producidos por estudiantes del país.
Una forma más de hacerle la tarea al gobierno:
Yesid García
Desde
1993, después que se conociera el nuevo modelo de educación superior, las universidades estatales comenzaron a
hacer lobby parlamentario para que se les expidiera una estampilla a su favor,
y así garantizar su funcionamiento y proyectos de inversión. La primera fue la
Universidad Industrial de Santander, y le siguen otras de los departamentos más
desarrollados del país.
3En el
caso de la UdeA, esta se beneficia desde
1994 de la estampilla “La Universidad de Antioquia de cara al tercer siglo de
labor”, la cual pretendía conseguir 100.000 millones de pesos a precios de
1993, pero que en 2009 fue ampliada al doble, y de la cual sólo se ha recaudado
un 30%. Ese nivel de recaudo implica que la Universidad de Antioquia tendría la
posibilidad de recibir dineros adicionales en los próximos años, esto sumado a
que su situación financiera es la menos deficiente de las universidades públicas
del país.
Son 25
los municipios y 8 las empresas antioqueñas, que voluntariamente han decidido
apoyar a la Universidad departamental, recaudando a favor de la UdeA hasta un
2% del valor de contratos firmados con los entes territoriales del estado.
En
2011, en medio de una amplísima movilización social que buscaba conseguir una
contrarreforma a la educación superior,
impidiendo la puesta en marcha de la que proponía el gobierno Santos; el
representante a la cámara por Boyacá, Yesid García, dijo que:
“Las
estampillas sólo son una forma de cohabitar con la sinvergüencería del estado
colombiano y los gobiernos de turno, son una forma de quitarle obligaciones al
gobierno central y recargárselas a los privados creyendo que están haciendo
obras de caridad”.
U.N. Salto Histórico
El 20
de Diciembre de 2013, Juan Manuel Santos hizo un acto público dentro de la
ciudad universitaria de Bogotá, acto que no contó con la presencia de los
estudiantes puesto que habían sido desalojados de su campus y actividades académicas
el día anterior. El objetivo de la intempestiva visita era sancionar la
“Estampilla Universidad Nacional y demás universidades estatales”, la cual está destinada a suplir lo que en cálculos
del gobierno es el déficit financiero de 1.5 billones de pesos en el caso de la
UNAL, pero que según voceros
estudiantiles y su Rector, Ignacio Mantilla, asciende a 2.5 billones, solamente
en inversión para infraestructura.
Al
respecto Leopoldo Múnera, quien fuera candidato a la rectoría de la Universidad
Nacional,y que en este momento se encuentra amenazado por panfletos que
circulan en el campus con la firma del “bloque capital”, argumenta que “es un
mal presagio que el gobierno nacional haga fiesta cuando lo que da son pequeños
paños de agua tibia a una crisis que es estructural”.
El caso de la Universidad de Antioquia
Uriel
Alzate, revisor fiscal de la Universidad de Antioquia, aclara que la entrada en
vigencia de la estampilla de la UNAL
pone en jaque el apoyo que los municipios t empresas le brindan a la
UdeA, ya que la primera es de carácter
vinculante y nacional, mientras que la otra es voluntaria para cada municipio.
Alzate
agrega que ya en consejos y alcaldías de varios municipios que prefiere no
precisar, empieza hablarse de dejar de pagar la estampilla UdeA, para comenzar
a responder a la obligación que favorece a la UN. Esto sumado a que grandes
empresas como UNE, o EPM, seguramente decidan hacer lo mismo en vista de que su
alcance también es de carácter nacional.
Alzate
dice que “el temor porque se sigan reduciendo los recursos por estampilla como
desde 2013, es que la universidad ha contraído créditos para construir, con la
seguridad de que la estampilla sea la que cubra dichas obligaciones a 10 años”.
Cierra diciendo que probablemente esto genere cambios estatutarios dentro de la
Universidad en los próximos años.
El caso
de la Universidad de Antioquia es tan sólo el menos grave de las universidades
públicas del país. Teniendo en cuenta de que este sistema de estampillas
funciona bajo la figura del lobby político, hay que mirar con detenimiento la
situación de universidades que ni siquiera han podido acceder a este medio para
solventar sus propias crisis, o incluso observar los casos en los que
instituciones como la UdeA, que han comprometido los recaudos futuros de sus
estampillas para endeudarse y construir nueva infraestructura, teniendo en
cuenta la significativa reducción que se avecina.
El sistema de las desigualdades
Otra de
las formas de competencia entre las mismas universidades públicas, muy de la
mano con la consecución de estampillas, es la creación de grupos de
investigación para ser aprobados y financiados por Colciencias, lo que ha implicado
no sólo una pérdida de la autonomía de las instituciones, sino que la
investigación en Colombia sea dirigida por un ente que ha demostrado tener
criterios completamente arcáicos, faltos de ética, y no correspondientes con la
realidad, para destinar sus recursos.
La
investigación, en la mayoría de los casos, puede ser desarrollada por las
universidades que cuentan con mayores recursos y tradición, por lo que las
entidades más apartadas de la capital difícilmente podrán competir con el
avance tecnológico y técnico de universidades como Nacional, o las privadas mas reconocidas, las
cuales también entrar a competir por los recursos de Colciencias.
20A
esta situación se sumá la puesta en marcha de una reforma a la Estampilla
Pro-Unal, para que sus recursos sean compartidos con la Universidad Distrital,
y el caso de la Universidad del Meta, que atraviesa por una crisis no sólo por
la falta de financiación oportuna sino por la desatención que se siente de parte
del Ministerio de Educación.
El
rector de la Unimeta no tiene ningún problema en decir que “desde las oficinas
del Ministerio se siente cada vez más un maltrato, en especial para las
universidades que no pertenecen al G10.
El G10 es la rosca suprema de la educación superior y son los que se
pueden reunir con la ministra de turno: Universidad Nacional, Andes, Valle,
UIS, Externado, Javeriana, Norte, Bolivariana, Antioquia y EAFIT. Las otras 278 Instituciones de Educación
Superior no tienen foro. Los oficios que
el Ministerio de Educación Nacional dirige a las universidades suelen ser
bastante ofensivos, investigan hasta anónimos, por eso, con algo de humor se le
llama el Ministerio de la Mala Educación”. (Fuente universidad.edu.co)
¿Cómo funciona una estampilla?
Esta
forma de financiación pública reglamentada desde 1992, funciona haciendo un
recaudo de no más del 2% del valor de cualquier contrato firmado entre el
estado y algún particular, su carácter puede ser obligatorio o voluntario según
lo decidan el Congreso de la República.
Recomendado para ampliar:
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5104:sobre-la-inequitativa-asignacion-de-recursos-a-las-ies-publicas&catid=2:informe-especial&Itemid=199
Equipo
“ANTIOQUIA A MANO ALZADA”
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