Nunca antes el nombramiento del rector de la Universidad
Nacional había suscitado tanta discusión en los medios de comunicación y en las
redes sociales.
Para empezar, el hecho de haber realizado una consulta a
la comunidad universitaria y después no tenerla en cuenta a la hora de nombrar
el rector fue, por lo menos, sorprendente para muchos. Ante este suceso surgen
dos preguntas:
• ¿Para qué se hace la consulta si el Consejo Superior
Universitario (CSU) puede escoger a quien a bien tenga sin tenerla en cuenta?
• ¿Con qué criterio escoge el CSU al rector de la
Universidad Nacional?
Este asunto recibió el interés nacional porque la
universidad pública más grande del país debería tener una forma ejemplar de
definición de su gobierno, y más aún si se trata de desarrollar un proyecto de
Estado Social de Derecho como el que planteó la Constitución de 1991.
La posición de
Bromberg
En un reciente artículo en Razón Pública, el profesor
Paul Bromberg presentó su explicación acerca de la “elección” del rector y
entró en debate con el representante estudiantil ante el CSU, Amaury Núñez,
quien en esta misma revista había afirmado que la norma actual es
“antidemocrática”.
El profesor Bromberg considera que el Decreto 1210 de
1993 concibió una composición adecuada del CSU, del cual él participó, porque
en este Consejo
• No hay mayoría del gobierno nacional,
• Hay académicos de la universidad y de afuera, y
• Todos sus miembros son “designados” y no
“representantes”, incluso el estudiante y el profesor que hacen parte de él.
Bromberg afirma que “este mecanismo de designación
protege la independencia (de los miembros del CSU) y promueve la discusión
sobre el devenir universitario”, y que esto permite “hacer compatibles los
ídolos de la academia con la sociedad”.
El profesor Bromerg supone entonces que la distancia de
los miembros respecto de unos supuestos “representados” permite argumentar y
deliberar sin ser afectado por “intereses” distintos de los de la Universidad,
que serían evidentes para cualquier académico.
Una supuesta “torre
de marfil
La pregunta final del profesor Bromberg es reveladora:
“¿Hasta dónde vale aquella democracia de ‘una persona: un voto secreto’ en una
institución cuyo ethos es la meritocracia sobre la base del conocimiento, ajena
a las peroratas veintejulieras propias de la democracia de masas?” Y el autor
supone que este interrogante fue respondido con su argumentación anterior.
El fundamento de tales argumentos es una visión de la
academia que la separa de la sociedad en aras de mantener la pureza de la
argumentación y de la razón, sin otros valores o intereses que puedan
contaminarla.
Olvida el profesor Bromberg que los estudios sociales de
la ciencia y la tecnología no hacen más que mostrar que no existe tal
aislamiento, ni siquiera en las Ciencias Naturales. Por el contrario, existe
una larga historia de disputas constantes entre diversas comunidades
científicas, articuladas con formas diferentes del poder político, económico,
ideológico y hasta militar. De manera que la idea de la academia pura y del
mérito ganado por el propio esfuerzo queda, por lo menos, en tela de juicio.
¿Por qué, entonces, promover una democracia
universitaria? Este punto de vista se sustenta en dos líneas argumentales:
• La primera se basa en la naturaleza de la vida
académica,
• La segunda se basa en el hecho de que gobierno
universitario es un asunto claramente político.
La academia es
plural
En el mundo
académico es claro que en todas las disciplinas existen paradigmas y
corrientes de pensamiento en disputa, es decir, maneras de entender los
problemas, las explicaciones y, por tanto, sus implicaciones prácticas para la
sociedad.
Esta diversidad es necesaria y debe ser reconocida a la
hora de asignar recursos o impulsar desarrollos e innovaciones. Con la
meritocracia o con el autoritarismo que resulta del “quién sabe más” puede
cercenarse cualquier revolución científica, como diría Thomas Kuhn, venga de un
profesor o de un estudiante.
Por otra parte, en una universidad que se precie de serlo
conviven las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales y Humanas, así como
profesiones de diferente tipo y artes muy diversas, y la relación con el
conocimiento y la cultura no es igual en todas ellas.
Una cosa es el concepto de validez científica en la
Física o en la Biología y otra en la Sociología o en la Historia; una cosa es
la intervención tecnológica en Medicina y otra en Derecho; una cosa es la
discusión filosófica sobre el significado del arte y otra las expresiones
simbólicas en las artes plásticas.
Esta diversidad se debe corresponder con formas de
expresión y representación en los espacios colegiados donde se toman decisiones
de política y administración académica. De otra forma, el pequeño grupo de
académicos que gobierna acabaría por propiciar el predominio de cierto tipo de
academia sobre las demás, tal como ha venido ocurriendo en la Universidad
Nacional con la visión naturalista de la meritocracia que defiende el profesor
Bromberg. Y la inequidad entre facultades y grupos académicos es una de sus
consecuencias.
Un asunto político
Es necesario reconocer la naturaleza política del
gobierno universitario, en el doble sentido de la orientación de la polis y del
ejercicio de un poder social. Este poder se ejerce según la manera que se tenga
de entender “los intereses de la universidad”.
Cuando la Constitución colombiana habla de autonomía
universitaria como autodeterminación de las universidades, lo hace precisamente
para proteger la libertad de pensamiento y de crítica de la academia,
reconociendo su relación compleja con la sociedad. Y este es un concepto
político.
Pero la autonomía no recae en el grupo de académicos que
la gobiernan, sino en la comunidad que constituye la universidad. Una visión
meritocrática pura conduce a la oligarquía, es decir, al poder ejercido por
unos pocos supuestamente en beneficio de todos.
Si además se trata de una universidad pública, es claro
que su carácter no puede ser sino pluralista y no confesional. De allí la
composición diversa de la comunidad universitaria, tanto social como cultural y
políticamente.
La universidad es diversa también en la manera de vivir
la academia, en la idea y en la práctica de la autonomía, de los “intereses” de
la universidad, de la calidad educativa, de la relación entre academia y
sociedad, entre muchos otros asuntos de política académica que deben orientar
el gobierno universitario.
No puede entonces suponerse que los “intereses” de la
universidad son evidentes y que todos y todas debemos simplemente asumirlos o
ponerlos por encima de nuestros intereses personales.
Si se acepta la diversidad de la academia y de la
comunidad universitaria, debería buscarse su máxima expresión en el gobierno
institucional. Este criterio obliga a diseñar alguna forma de democracia
universitaria a través de cuerpos colegiados amplios, compuestos por
representantes de esa diversidad. De esta forma se reconocerían diferentes
maneras de apreciar el mérito, propias de las diversas comunidades académicas.
Una nueva forma de
elección
Construir ejercicios democráticos en la universidad sería
la mejor manera de formar ciudadanos y ciudadanas que puedan superar la
democracia “veintejuliera” de masas que tanto molesta al profesor Bromberg.
La mejor manera de reconocer el mérito de quienes pueden
asumir la tarea de administrar temporalmente la institución es a través de una
participación efectiva que haga evidente el reconocimiento de las comunidades
diversas según ciencias, profesiones y artes. Y no se trata de la fórmula
simple de “una persona: un voto”; existen mecanismos que combinan el
reconocimiento académico y la elección directa.
Para el caso del rector, por ejemplo, podría haber un
primer momento de postulación de nombres ante un cuerpo colegiado amplio que
defina una terna sobre la base de criterios de mérito académico y programa de
gestión.
Vendría luego un segundo momento de presentación de la
terna a la votación ponderada de los miembros de la comunidad universitaria,
considerando las diferencias numéricas entre estudiantes, profesores,
trabajadores, egresados y pensionados. Y quien cuente con el respaldo
mayoritario de la comunidad sería nombrado rector.
Este no es un debate vano. Se trata de encontrar la mejor
forma de construir una sociedad más justa y democrática para vivir en paz, más
allá del silencio de los fusiles.
La universidad pública, más aún aquella que tiene como
misión forjar la nación colombiana, debe ser un motor de transformación social
desde una educación capaz de afrontar las causas de la guerra. De esta forma
podremos combinar educación y paz duradera en la sociedad colombiana.
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