David Flórez e Iván Cepeda son dos de los amenazados por las Águilas Negras
A pesar
de lo reiterativo de las amenazas, el Gobierno carece de resultados para hallar
a los responsables. Organismos internacionales exigen garantías para el
ejercicio de la oposición política y el pensamiento crítico en Colombia.
Esta
vez son siete los amenazados en la capital del país por el accionar paramilitar
que opera bajo el nombre de las “Águilas Negras”. David Flórez, vocero de la
Marcha Patriótica, e Iván Cepeda, congresista del Polo Democrático, son dos de
los amenazados, y quienes a su vez integran el Frente Amplio por la Paz que
hace pocas días entregó el Segundo Informe de Veeduría al Cese Unilateral al
Fuego Declarado por las FARC-EP a Todd Howland, delegado para los Derechos
Humanos de la ONU.
A
través de un panfleto este grupo paramilitar da 24 horas a los dirigentes para
abandonar Bogotá. De no hacerlo, amenaza el “Bloque Capital” de las Águilas
Negras, todos “serán hombres muertos” [Ver amenazas].
Las
amenazas además incluyen improperios y calumnias propias del caso;
calificativos como “guerrilleros y defensores del terrorismo”, son algunos de
los tantos para tratar de justificar el accionar criminal contra Iván Cepeda,
Alejandro Rivera, Cristian Rivas, Andrés Camacho, Ricardo Ruge, David Flórez y
a quien se refieren como “Tolozano”.
Pero
las amenazas no son solo contra los siete dirigentes. Los paramilitares también
se ensañan contra la familia de Alejandro Rivera, edil de la Localidad de
Engativá, a quien envían un mensaje directo: “Alejandro Rivera usted tiene
familia, sabemos dónde vive, en qué edificio, torre y apartamento, malparido ya
sabe, 24 horas para usted y su banda de narcoterroristas”.
Ya son
innumerables los casos de amenazas recibidas por dirigentes de diferentes
organizaciones y procesos sociales que trabajan por la paz con justicia social
del país. Sin embargo a la fecha no existen resultados por parte del Gobierno
para hallar a los responsables, lo cual preocupa a diversos organismos
internacionales de derechos humanos que exigen al Estado colombiano garantías
para el ejercicio de la oposición política y el pensamiento crítico.
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