Jesús
María Valle fue una de las tantas personas que denunciaron el paramilitarismo
en Colombia y sus vínculos con el Estado colombiano. El compromiso con la
defensa de la vida lo convirtieron en una de las miles de víctimas de un
conflicto social y armado que aún amenaza a defensores de derechos humanos.
Jesús
María Valle nació el 29 de noviembre de 1943 en el corregimiento La Granja,
municipio de Ituango en el nooroccidente del departamento de Antioquia. Valle
creció en un hogar de humildes campesinos junto a su padres Jesús y Blanca,
además de sus diez hermanos en una parcela en la cual sobrevivía la familia.
Dicha parcela fue vendida años más tarde cuando toda la familia debió marcharse
a la ciudad de Medellín. La sencillez de sus orígenes marcó el camino que lo
comprometió con los más humildes años más tarde.
Gracias
a la ayuda de sus hermanos Jesús María pudo terminar el bachillerato en el Liceo
Antioqueño en donde se hizo conocido como un valioso líder estudiantil
comprometido con la educación pública secundaria. Sus familiares también lo
apoyaron para lograr que se graduara de abogado en la Universidad de Antioquia.
Esto era todo un logro, pues en Colombia siempre ha sido una hazaña para la
gran mayoría de la población acceder a la educación superior; la gran mayoría
de jóvenes no pueden hacer una ninguna carrera universitaria.
En 1972
fue representante por la Asamblea Departamental de Antioquia y en 1987 fue
elegido concejal de Ituango. Durante todos estos años y a pesar de los
importantes logros profesionales, Valle siempre estuvo al lado de las víctimas
de la violencia, por esta razón fue uno de los fundadores en 1979 del Comité
Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, el cual dirigió en 1987 tras el
asesinato del médico y defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez, Leonardo
Betancur Luis Felipe Vélez en agosto del mismo año. En forma valiente asumió la
dirección del Comité en medio de un sinnúmero de amenazas de muerte.
Valle
le solicitó al entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez y a los altos mandos
militares tomar medidas para evitar las masacres de la Granja y El Aro para
proteger a la población. A pesar de sus pedidos de auxilio, las masacres
ocurrieron tal y como denunció en 1996 y 1997 respectivamente. Ni Uribe, ni el
Secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno, ni el Comandante de la Cuarta Brigada
del Ejército hicieron nada a favor de los campesinos asesinados por los
paramilitares.
Después
de las masacres Valle dijo: “El grupo paramilitar sembró el terror en Ituango.
En un solo día había hasta cuatro asesinatos en la plaza en presencia muchas
personas, de todas las autoridades, del Ejército y la Policía, y no había
respuesta ni del gobernador de Antioquia, ni del secretario de Gobierno, ni del
comando de la Policía, ni del comando del Ejército. Y así, de 1996 al 31 de
diciembre de 1997, fueron asesinados más de 150 ciudadanos de la región, entre
ellos dirigentes de la acción comunal, campesinos humildes, dueños de tiendas
comunitarias, profesores y transportadores”.
En vez
de atender la grave crisis humanitaria que sufrían las comunidades en el
noroccidente de Antioquia, Uribe y el comandante de la Cuarta Brigada, Carlos
Alberto Ospina Ovalle, prefirieron atacar al presidente del Comité de Derechos
Humanos. El primero lo acusó de “animadversión contra la fuerza pública”; por
su parte, el comandante de la Cuarta Brigada negó la existencia de
paramilitares en Ituango a pesar de que hacía pocos meses grupos paramilitares
habían asesinado a quince personas, violaron a varias mujeres y robaron un gran
número de cabezas de ganado.
Las
denuncias del defensor de Derechos Humanos contra Álvaro Uribe Vélez, cuya
familia era dueña de la hacienda La Carolina en el norte de Antioquia y de
otras haciendas hacia el departamento de Córdoba, así como las reiteradas
acusaciones por la participación de militares en los crímenes cometidos contra
la población, pronto tuvieron consecuencias graves. Miembros de la banda La
Terraza, filial de la casa paramilitar de los Castaño, asesinaron a José María
Valle en su oficina en la ciudad de Medellín.
El
férreo abogado y defensor de víctimas ofrendó su vida defendiendo a campesinos
y pobladores humildes de la Colombia Profunda. Años más tarde la Corte
Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- le dio la razón a Valle y condenó al
Estado colombiano por su responsabilidad en estas masacres. La misma corte el
27 de noviembre de 2008 condenó al Estado por su responsabilidad en el
asesinato de José María Valle. Por su parte, el Estado se responsabilizó
públicamente por lo sucedido y aparecieron los responsables.
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