A raíz del proceso de elección del rector para el período
2015-2018, un grupo de profesores de diversas Facultades de la Universidad de
Antioquia que suscribimos este comunicado, hemos coincidido en la idea de que
el DÉFICIT DE DEMOCRACIA que padece la Universidad de Antioquia se debe, entre
otras razones, a la falta de participación de los diferentes estamentos
universitarios en la toma de decisiones de manera plural y deliberante y a la
manera como ha sido concebido y como se ejerce el gobierno en la Universidad
por parte de las máximas autoridades universitarias. Son expresión de ello: la
estructura actual del Consejo Académico, contraria a los lineamientos de la ley
30 de 1992, porque incluye a los vicerrectores que no están comprendidos en la
regulación legal y excluye a los directores de escuelas e institutos que sí
forman parte del organismo universitario en dicha regulación; la actual
composición del Consejo Superior, en el que sólo hay tres representantes
vinculados a la academia; los límites a la representación de los estamentos
estudiantil y profesoral en los distintos espacios de decisión de nuestra
institución; los períodos máximos de los diferentes administradores de la
Universidad, especialmente del rector y de los miembros del Consejo Superior y
Académico, que suman más de tres años, que es el período ordinario estatuido
para rector y decanos; entre otros asuntos.
Queremos llamar a la reflexión y al debate sobre el
procedimiento existente en la Universidad de Antioquia para la designación del rector,
que tiene dos aspectos sobre los que sería importante incidir. El primero es el
carácter simbólico de la consulta a los estamentos, dado que ésta no tiene
carácter vinculante. El segundo es la ausencia de una normativa que restrinja
los períodos de reelección, tanto del rector como de los miembros del Consejo
Superior, lo que ha permitido que algunos de estos vengan siendo reelegidos
indefinidamente mediante prácticas clientelares, lo que resulta inconveniente
para la democracia, la gobernabilidad universitaria y la legitimidad de sus
directivas.
El primer aspecto restringe la participación de los
estamentos universitarios y promueve el ejercicio de poder decidir y
administrar concentrado en un solo organismo, en este caso, en el Consejo
Superior Universitario, de cuya composición dependerá exclusivamente el
proyecto de universidad que se imponga en nuestra institución. Esta restricción
a la participación, impide que se reflejen en el campo electoral las distintas
visiones acerca del poder político universitario que se encuentra en toda la
comunidad universitaria y por ello elimina uno de los rasgos esenciales de lo
universitario y de lo público: el pluralismo.
El segundo aspecto, esto es, la posibilidad de la
reelección indefinida del rector y de algunos miembros del Consejo Superior que
han querido continuar indefinidamente en sus cargos, facilita que grupos que
permanecen administrándola por fuera de los lapsos que corresponden a períodos
administrativos ordinarios, se aferren a las instancias de poder y de decisión
de la Universidad y terminen cooptándola para sus propios intereses, muchos de
los cuales son ajenos al sentido de lo público y a los ejes misionales de la
misma.
Ambos aspectos despliegan hoy por hoy sus efectos
negativos para la Universidad y para todos los que hacemos parte de ella, lo
que nos lleva a plantear en la escena de lo público unos cuestionamientos tanto
al rector-candidato como a los miembros del Consejo Superior Universitario.
En primer lugar, si bien la aspiración del rector Alberto
Uribe Correa se da en el marco de los procedimientos fijados tanto por la ley
30 de 1992 -que no prohíbe la reelección-, como por el Estatuto General de la Universidad
-que tampoco lo hace, y por tanto, se produce en el marco de lo posible
legalmente, habría que cuestionar tal actitud desde la perspectiva ética y
política, debido a la ingobernabilidad que ha existido en la universidad en los
últimos años y a la manera como se han reelegido muchos de los directivos, lo
cual pone en cuestionamiento su legitimidad.
En segundo lugar, si bien el Consejo Superior
Universitario está conformado actualmente en el marco de la legalidad, dudamos
de su legitimidad e imparcialidad en la decisión de quién es el mejor candidato
para ocupar un cargo, en la medida en que algunos de sus miembros han elegido
varias veces al mismo aspirante (actual rector-candidato), y además han sido
renuentes a la reforma del Estatuto General en lo que tiene que ver con la
reglamentación de las consultas a profesores y estudiantes para elección de
rector, con la actual estructura del Consejo Académico y el Consejo Superior y
con la fijación de límites a la reelección del rector y de los miembros del
Consejo Superior, lo que convierte en inocua la participación de los estamentos
en la toma de decisiones que los impactan como es la designación de Decanos y
Directores de Escuelas e Institutos y del Rector y erige la composición del
Consejo Académico en una instancia administrativa en lugar de académica,
privándola del carácter de contra peso académico que está en la idea de la
separación de poderes, estableciendo de forma inequitativa la participación de
los estamentos universitarios.
En tercer lugar, después de doce años de esta rectoría al
frente del destino de la Universidad, con una historia, seguramente de
aciertos, pero también de graves desaciertos en relación con el estamento
estudiantil, profesoral, de los trabajadores, pensionados, jubilados y sobre
todo con un precario entendimiento de lo público, ¿no será ya hora de un cambio
sustancial? Es decir, ¿un cambio no solo de la persona sino también del
proyecto de Universidad que se ha venido gestando?
Finalmente, habría que reiterar, como en otras ocasiones
se ha planteado desde algunos claustros de Facultades, Escuelas e Institutos de
la Universidad, que la consolidación de acciones y prácticas democráticas en la
universidad constituye un instrumento valioso e idóneo para el empoderamiento
ético-político de los universitarios y de sus estamentos, con el cual es
posible lograr que estos asuman mayores niveles de responsabilidad política
respecto del rumbo de la Universidad y de sus decisiones, proyecciones
institucionales y sociales. Eso es lo que queremos consolidar en nuestra
institución en los próximos años, objetivo improbable de lograr con la
permanencia en el poder de un rector que nos ha llevado en los últimos años por
el camino contrario.
ASOPRUDEA.
Asociación
de Profesores de la Universidad de Antioquia
Ciudad
Universitaria Bloque 22 Oficina 107
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