Tan
absurda como la deuda externa, la extradición en Colombia es una herramienta
política que, lejos de hacer justicia, impide su eficaz ejercicio, con el
argumento que carece de capacidad operativa implementando a un alto costo
político acuerdos de “cooperación” para entregar ciudadanos colombianos a
tribunales más allá de las fronteras nacionales. Esta supuesta “cooperación”
es, en la mayoría de los casos, un acuerdo unilateral que pone en peligro la
soberanía de los pueblos, al imponer una justicia mercantilizada que no
fortalece la democracia, la defensa de los derechos humanos ni la construcción
de paz.
Desde
2002 el Estado colombiano ha entregado en extradición, según el Ministerio de
Justicia, a más de 2.104 personas, siendo Estados Unidos el país que más
solicitudes aprobadas ha realizado, con 1.748 colombianos judicializados, entre
los que se encuentran narcotraficantes, paramilitares, insurgentes y ciudadanos
del común, cada uno con una modalidad de extradición diferente. Por eso no
sería exagerado afirmar que la extradición es un arma con la que se hace
política, se imponen poderes, se otorgan garantías, se niegan otras, se oculta
la verdad y se persigue a la oposición. Lejos de ser un mecanismo recíproco,
neutral y efectivo al servicio de la justicia y los derechos humanos, la figura
de la extradición en Colombia ha servido para consolidar un proyecto político
que desconoce los principios de soberanía y la autodeterminación de los pueblos
sometiendo a algunas personas extraditadas a tratos crueles, inhumanos y
degradantes.
Mientras
que el 93% de los extraditados colombianos son requeridos por el Gobierno de
Estados Unidos, en sentido inverso la cifra no llega a cinco. Estas
estadísticas señalan un panorama distorsionado. Basta sólo con revisar qué
papel ha jugado el Gobierno de Estados Unidos en el conflicto armado
colombiano, para preguntarse si no tenemos nosotros más legitimidad en juzgar
los crímenes cometidos por ciudadanos estadounidenses en el territorio
nacional, sobre todo cuando la mayoría de ellos fueron orientados por sus
propias agencias de seguridad e inteligencia.
Durante
los últimos años han salido a la luz los “errores” judiciales que han cometido
las cortes estadounidenses, con la complicidad de sectores nacionales, contra
colombianos inocentes que, entre otras cosas, deben sobrevivir a las
injusticias del modelo carcelario y penitenciario de los países requirentes.
Además de
esto, se han encontrado casos donde grandes narcotraficantes, muchos de ellos
articulados con el paramilitarismo y responsables de la muerte y el despojo de
miles de personas, han salido en libertad en seis años o menos. Así mismo,
algunos de estos narcoparamilitares han sido condenados sin que se pueda
acceder, desde la justicia colombiana, a sus procesos, violando el derecho de
las víctimas y del país a conocer la verdad sobre hechos que tuvieron graves
implicaciones para la sociedad. La extradición es sinónimo de impunidad, y ha
sido un fracaso en el desmonte de las estructuras nacionales e internacionales
asociadas al crimen.
Por esta
razón, convocamos a todos los colombianos y colombianas, a los familiares y
amigos de los presos, a la comunidad internacional, a las organizaciones de
derechos humanos, a los colectivos de presos políticos y al movimiento social,
a unir fuerzas en la campaña “Por la soberanía, no a la extradición”, para la
defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz con el objetivo de:
·
Rechazar y denunciar el uso de la extradición como una violación a nuestra
soberanía.
· Defender
los procesos de paz entre el Gobierno y las insurgencias y promover su
construcción democrática.
·
Visibilizar la grave situación carcelaria y jurídica que tienen que soportar
las personas extraditadas por orden del Estado colombiano.
· Exigir
la suspensión y cesación definitiva del constante flujo de connacionales en
extradición y la repatriación de quienes ya están extraditados.
·
Promover reformas legislativas por la no extradición como aporte a una política criminal alternativa bajo el
paradigma de una justicia restaurativa.
La
soberanía de los pueblos no es un concepto vacío sino un escenario en
permanente disputa política dentro y fuera del país; es una condición necesaria
para la paz con justicia social y el derecho de la libre autodeterminación de
los pueblos: no a la extradición!
Campaña
por la Soberanía, no a la Extradición
21 de
febrero de 2015
CONVOCAN:
Sinaltrainal; Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos-FCSPP-;
Unión Sindical Obrera –USO-; Sintraunal; Congreso de los Pueblos; Red de
Hermandad y Solidaridad con Colombia –REDHER-; Coordinador Nacional Agrario
–CNA-; Corporación Solidaridad Jurídica; Comisión Intereclesial de Justicia y
Paz; Campaña Soberanía y Libertad No a la Extradición; Fundación Brigada
Jurídica Eduardo Umaña Mendoza; Poder y Unidad Popular -PUP-; Equipo Jurídico
Pueblos; Congreso Ambiental de Santander-CASA AGUAYA; Movimiento de
trabajadorXs Campesinxs del Cesar –MTCC-, Ciudad en Movimiento; Acadehum
Santander; Asociación de Familiares y Amigos de Presos de Cúcuta
ASOFAMINTERCCUC; Fundación para la
Promoción de la Justicia Social Javier Alberto Barriga Vergel; Movimiento
Social y Político de Masas de Centro oriente; Familiares y Amigos de los Presos
del Nororiente; COSPACC; Fundación Joel Sierra; PUP Santander; Fundación
Territorio por la Vida Digna; ASOINCA; Equipo de asistencia humanitaria y
carcelaria DDHH de la CUT de Santander; Cut Arauca; ASONALCA; ASCATIDAR; CDP;
REDHC; Red Internacional de Solidaridad con las Prisioneras y Prisioneros
Políticos Colombianos; Grupo de Trabajo Carcelario Ruptura; Cátedra Libre y
Abierta contra la Nueva Inquisición; Fundación Colombia Soberana; Asociación de
ex - Detenidos Desaparecidos (AEDD - Argentina); Izquierda Libertaria (Chile);
Komitek Internacionalista de País Vasco; Colectivo de Presos Políticos de
Palogordo “José Antonio Galán”; Movimiento Nacional Carcelario Camilo Torres
Restrepo; Colectivo de Presos Políticos Orlando Quintero Páez - Picota-Bogotá;
Presos Políticos y Detenidas Políticas del complejo carcelario de Cúcuta;
Colectivo de detenidas política Policarpa Salavarieta de la cárcel de mujeres
de Chimitá – Bucaramanga; ANTHOC Cauca; Corporación Nasa Yak del Cauca;
Corporación Fénix del Sol "CORFESOL"; Grupo de Comunicaciones: El
Lente; La Retaguardia, en la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina.
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