El
lunes 15 de diciembre fue aprobada, en la plenaria de la Cámara de
Representantes y a pupitrazo, una reforma expréss de la Ley 30, normativa que
regula la educación superior en el país. A propósito del tema, Colombia Informa
conversó con Juan Sebastián López, vocero de la Mesa Amplia Nacional
Estudiantil -MANE- y bloguero del periódico El Espectador.
A lo
largo de 2014, los estudiantes de las Fundación Universitaria San Martín
-FUSM-, denunciaron la crisis por la cual atraviesa la institución reflejada en
que está en quiebra debido a malos manejos de recursos. El ministerio de
Educación, en cabeza de Gina Parody, canceló los registros calificados de la
institución así como su capacidad de generar nuevas matrículas. Durante
diciembre, el ministerio presentó ante Cámara y Senado un proyecto de
inspección y vigilancia con el argumento de prevenir situaciones como la de la
FUSM. El pasado lunes se aprobó en la Cámara de Representantes, Con 102 votos,
el proyecto de ley "Por el cual se desarrolla parcialmente el artículo 67
y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se
regula la inspección y vigilancia de la educación superior y se dictan otras
disposiciones".
Estudiantes
de la MANE, académicos y algunos congresistas del Polo afirmaron que esta
reforma no mejora la situación de las Universidades y que se trata de una
intromisión del ministerio sobre las
universidades, en otras palabras, violación a la autonomía universitaria.
Colombia Informa: ¿En qué consiste
esta reforma y por qué afirman que no mejora la situación de las instituciones
de educación superior? ¿Cuáles cree usted
son las intenciones reales de dicha ley?
Juan Sebastián López: Hay que recordarle a
los colombianos que la política educativa de Colombia ha sido la misma desde el
gobierno de Gaviria. Tanto Samper, Pastrana, Uribe y Santos han aplicado un
modelo neoliberal de educación que concibe el derecho como una mercancía. En
2011, el gobierno de Santos, en lugar de evitar y controlar que los estudiantes
no sean estafados por algunas universidades privadas, presentó un proyecto para
legalizar el ánimo de lucro que afortunadamente fue derrotado por la MANE y la
sociedad en general que se movilizó contra ese despropósito.
El
reciente proyecto pupitreado por el Congreso engaña a la gente al hacerle creer
que es para luchar contra la corrupción cuando en realidad mantiene los
perversos incentivos para que la educación siga siendo un negocio. La verdadera
intención del proyecto es regular el negocio educativo y abrir las puertas para
nuevas formas de hacer lucro vinculando a las universidades privadas y públicas
con el sector financiero a través de la creación de fiducias y con perniciosas
prácticas como el endeudamiento de las públicas con cargo a las matrículas que
pagan los estudiantes.
C.I.: En su columna “Reforma Express a la Ley 30:
inconsulta e inconveniente” usted manifiesta que debe ser la comunidad
universitaria la que haga veeduría de sus recursos, ¿en qué se diferencia una
veeduría de la comunidad a una hecha por parte del Ministerio de Educación?
J.S.L.: Cuando la sociedad desarrolló el
concepto de Autonomía Universitaria lo hizo pensando en que era la mejor manera
de garantizar la independencia para que la academia avanzará en los
conocimientos que el progreso demanda. ¿Quién sabe mejor que los médicos que es
lo que se debe enseñar en medicina? ¿Quienes más que los matemáticos para
definir los contenidos curriculares de la carrera de matemáticas?. Entonces la
autonomía no se establece en cabeza del rector o del ministerio sino en cabeza
de la comunidad educativa, la cual comprende a estudiantes, profesores,
trabajadores y directivos. Solo garantizando un funcionamiento democrático de
las relaciones entre los estamentos que conforman la comunidad educativa es posible
desarrollar a cabalidad el principio constitucional consagrado en el artículo
68 de la Constitución Política que señala “La comunidad educativa participará
en la dirección de las instituciones de educación”. En otras palabras no hay
autonomía sin democracia y eso es lo que no está pasando en la actualidad. Esa
situación favorece al gobierno y a los privados que abusan de la facultad que
les otorga la Constitución de prestar el servicio público y derecho fundamental
a la educación.
C.I.: Los estudiantes de la FUSM como de la
Universidad Incca han manifestado que fueron engañados y que muchos de ellos
que han tenido que endeudarse para pagar sus estudios, ahora no pueden
graduarse gracias a las decisiones del ministerio. ¿Cree usted que la crisis
universitaria la paga quien la genera? ¿Qué solución proponen los estudiantes
frente a este problema?
J.S.L.: Es gravísimo que el gobierno haya
permitido esta situación. Todas las universidades cuestionadas por el
Ministerio tienen permisos para funcionar dados por el propio ministerio. No
puede presentarse esta situación sin que aparezcan responsables en el gobierno.
Las universidades privadas de mala calidad y que engañan a sus estudiantes han
crecido de la mano de los últimos gobiernos incluido el de Santos. No me
extrañaría que los estudiantes tomen medidas contra el Ministerio de Educación
por permitir semejantes estafas en la educación superior de Colombia, porque es
el Estado el responsable de vigilar que eso no suceda y está claro que el
gobierno ha pecado ya sea por acción o por omisión en su deber de vigilar que
no exista corrupción.
Los
estudiantes y la MANE hemos propuesto fortalecer la democracia universitaria.
Estamos seguros que con una correcta representación de estudiantes y profesores
en los órganos de gobierno universitario estos hechos podrían prevenirse puesto
que la comunidad educativa tendría medios para poder acceder a la información
acerca de los costos pecuniarios de su institución y del manejo administrativo.
Que sean instituciones privadas no implica que puedan hacer lo que quieran,
recordemos que se trata de un servicio público y un derecho fundamental.
C.I.: Como la ley 30 de 1992, que hoy tiene en
déficit a las universidades públicas por más de 12.5 billones de pesos, el
proyecto de ley de Gina Parody está siendo tramitado en diciembre, cree usted
que es una estrategia del gobierno para no suscitar debate ni protesta de parte
de los universitarios?
J.S.L.: El proyecto aprobado por el Congreso
e impulsado por Gina Parody parte de una falacia y es que el Ministerio de
educación no tiene herramientas para frenar la corrupción en las universidades.
Nada más falso que eso. Otra cosa es que el Ministerio por muchas razones no
este interesado en aplicarlas. Repito, este es el mismo gobierno que propuso
que robar plata de las universidades dejara de ser delito. Está claro que el
gobierno esperó que los estudiantes estuvieran en exámenes finales y vacaciones
para presentar un proyecto que jamás discutieron con la comunidad educativa y
que para muchos es hasta desconocido. Habla muy mal del gobierno y de la
ministra que no sean capaces de discutir sus opiniones sobre la educación. Si
quieren que sea una mercancía que lo digan y lo defiendan de frente y no
engañando al país.
C.I.: La MANE tuvo una movilización el 16 de Octubre de este año rechazando la
política pública de Educación Superior, ¿qué se viene para el otro año?
J.S.L.: El estudiantado colombiano es
consciente de que este gobierno no va a resolver la crisis que ha ayudado a
causar. La corrupción de la que han sido victimas y los sueños frustrados de
cientos de miles de estudiantes y sus familias son en gran parte
responsabilidad de este gobierno que durante más de 4 años no hizo cosa
distinta que promover el negocio de la educación a tal punto que hoy ya existen
multinacionales de la educación que han comprado instituciones de educación
superior en Colombia. La MANE construyó una propuesta para transformar el
pauperrimo modelo educativo superior de Colombia y continuara promoviéndola.
Tampoco se descarta la movilización porque está probado que es la única manera
de frenar las intenciones del gobierno de profundizar el negocio educativo. El
próximo año con seguridad se verá a la MANE y a los estudiantes y profesores
del país movilizándose contra el Plan Nacional de Desarrollo de Santos II y por
la defensa de la educación como derecho. No nos acostumbraremos a tener un país
de los más desiguales del mundo y con un sistema educativo en la ruina y
seguiremos insistiendo en la necesidad de transformarlo y de denunciar a los
causantes de la crisis.
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