La
crisis deja en claro el festín que se están dando los directivos en esta y
muchas otras instituciones.
Estudiantes
y profesores adelantaron el viernes un plantón, frente al Ministerio de Educación,
para exigir soluciones.
El
fundador de la universidad, Mariano Alvear, no solo construyó una institución
que llegó a tener 26.000 estudiantes y 17 sedes en todo el país, sino que con
plata de las matrículas y excedentes montó una industria ganadera en Córdoba,
venta de carne y comida en supermercados y la cadena de comidas Burger Market.
Por la
sabiduría y el trabajo vamos hacia la luz”, reza el lema que ha guiado a la
Fundación Universitaria San Martín desde su creación en 1981. Sin embargo,
desde hace meses vive momentos oscuros, pues nadie en la institución sabe para
dónde va, sus directivos están inmersos en escándalos de desviación de recursos
y malos manejos; a los profesores y empleados no les pagan, los estudiantes
temen que no puedan terminar sus carreras y para colmo de males esta semana,
debido a la falta de pago, a varias sedes les cortaron la luz.
La
crisis de la San Martín es tan profunda que los 18.000 estudiantes y 4.000
empleados les pidieron esta semana al gobierno y al Ministerio de Educación que
dejen a un lado tantos anuncios e investigaciones y tomen medidas definitivas
que los salve de la debacle.
Aunque
la mala hora no es nueva, esta es la peor. Hoy, ocho de las 17 sedes que tiene
en el país están paradas, las cuentas están vacías y no aparece ninguno de los
dirigentes, que antes sacaban pecho a la hora de recibir invitados especiales,
premios y salían en avisos de página entera en la prensa nacional. La situación
más crítica está en Barranquilla. Hace un mes, los profesores de Veterinaria y
Zootecnia pararon. Les siguieron los de Medicina y finalmente los de Odontología.
Los estudiantes se solidarizaron con los reclamos de los maestros, a quienes no
les pagan hace cuatro meses. Finalmente dieron el portazo los empleados
administrativos, quienes también se cansaron de esperar sus salarios.
El
ambiente empeoró aún más esta semana cuando Electricaribe suspendió el servicio
de energía por falta de pago y la empresa Triple A les cortó el agua. Una enorme preocupación se tomó la comunidad
universitaria pues en el anfiteatro yacían dos cadáveres para las prácticas de
Medicina. Esta serie de adversidades tiene literalmente en la calle a unos
5.000 estudiantes, quienes no saben si al menos van a poder terminar el
semestre en curso.
Lo
increíble es que la crisis, que en todas las sedes es parecida, viene desde
varios años, tanto que en 2013 el Ministerio de Educación canceló ocho
programas. En ese momento la entonces ministra, María Fernanda Campo, prometió
que “no vamos a dejar solos a los estudiantes, desde aquí le haremos un
seguimiento muy riguroso al plan de contingencia que nos debe presentar la
universidad”. Pero es poco lo que se ha avanzado y, como le dijo a SEMANA un
representante sindical, “la universidad se cayó definitivamente. Esto es la crónica
de una muerte anunciada”.
El comienzo del cáncer
¿Qué le
pasó a una institución que parecía boyante, que llegó a tener 26.000
estudiantes, presencia en todo el país y hasta sedes en Panamá y Brasil? La
Universidad San Martín fue fundada en 1981 por el abogado Mariano Alvear Sofán
y su esposa Gloria Orozco. Desde ese momento empezó a crear un poder vertical
en el que concentró todos los poderes académicos y financieros. Quienes lo
conocen, dicen que le gusta que lo traten como si fuera un dios, que es
displicente y autoritario. Gracias a su trabajo y a la universidad, tiene una
mansión en El Peñón (Girardot), un lujoso apartamento en el norte de Bogotá,
otra mansión en Curazao y fincas en Córdoba. En los más de 30 años de
existencia, en el alma máter han trabajado más de 100 miembros de su familia en
distintas dependencias.
No se
sabe por qué, desde 2005 la universidad empezó a tener serios problemas
financieros. Le debía a la Dian, al sistema de seguridad social, al Sena, al
Icetex y a sus propios trabajadores. Esto hizo que se multiplicaran las
demandas y embargaron sus cuentas y activos. Para evadir estas restricciones,
según le dijo a esta revista alguien cercano a la dirigencia, la San Martín le
pidió a sus alumnos que pagaran sus matrículas en el Fondo para el Fomento de
la Educación, que se supone estaba destinado a prestarle dinero a los
estudiantes más necesitados. Desde allí se empezaron a pagar los gastos de la
universidad, pero también para que los directivos y miembros de la familia
Alvear sacaran recursos para invertir en varios proyectos paralelos.
Probablemente es lo que ya habían hecho en el pasado.
El
primer proyecto fue la creación del Centro Internacional de Biotecnología
Reproductiva (Cibre) dedicado a la investigación y al negocio agropecuario, a
través del cual compraron miles de cabezas de ganado, un hato en Córdoba y un
centro de reproducción. También crearon una planta en Briceño (Cundinamarca),
galpones de pollos en Arbeláez y trajeron expertos brasileños para que los
asesoraran. La Cibre se especializó en el negocio de la carne de óptima
calidad, y de los lácteos, que actualmente son vendidos en decenas de
supermercados del país con la marca Qualité.
Frente
a las denuncias de malos manejos financieros y demora con las entidades del
Estado, el Ministerio de Educación contrató en 2011 a la firma de contaduría
Amézquita y Compañía, para que analizara las cuentas del alma máter. El informe
reveló, entre otros temas, que la universidad había otorgado “varias garantías
sobre sus activos así como sus flujos futuros de dinero por concepto de
matrículas, para apalancar créditos a favor del Fondo para el Fomento de la
Educación y el Cibre”. Es decir, la universidad se endeudó para que la familia
Alvear montara estos negocios. Esto, según la firma, “podría ocasionar
dificultades financieras en perjuicio de cerca de los 27.000 alumnos de la
institución”.
Sin
importar que el ministerio les tenía los ojos encima, en 2011 las directivas
lanzaron a la San Martín a una nueva aventura. Crearon la Fundación Qualité
Fish Meat and Vegetable Corporation, a través de la cual abrieron los
restaurantes Burger Market, que hoy operan en zonas exclusivas de Bogotá. Allí
venden hamburguesas y carne Premium, en un ambiente que recuerda las cafeterías
estadounidenses de los años cincuenta.
Al
parecer hicieron todas estas inversiones y fundaciones, que según el sindicato
son controladas por la familia Alvear y directivos de la universidad, a costa
de estudiantes, profesores y alumnos. SEMANA conoció una investigación de 2012
de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), adscrita al Ministerio
de Hacienda, que demuestra que desde 2008 la universidad no hizo los aportes a
la seguridad social y parafiscales de la mayoría de los trabajadores, que
cotizó sobre salarios inferiores a los reales y puso de manera fraudulenta a
empleados como si fueran aprendices del Sena. También el claustro dejó de pagar
retención en la fuente, hay muchos gastos sin soportes e incluso un
inexplicable hueco pues reportaron 181.000 millones de ingresos pero solo
declararon 123.000 millones.
En este
momento la universidad enfrenta, solo en Bogotá, 667 procesos laborales porque
los aportes que les descontaron, se esfumaron. El Ministerio de Trabajo
confirmó hace poco que hay 25 investigaciones contra la institución. Incluso la
razón social de la universidad está embargada por 12 juzgados laborales. La
deuda total con sus trabajadores ascendería, según los sindicatos, a más de
74.000 millones.
Frente
a semejante crisis, los directivos no aparecen. SEMANA trató varias veces de
comunicarse con ellos y no obtuvo respuesta. Hace unas semanas Alvear le envió
una excusa a un juzgado de Bogotá, donde hay una tutela del sindicato, diciendo
que: “Se me hace imposible acudir por razones de salud y de fuerza mayor, que
pueden considerarse ya como Falta Absoluta Temporal al honor que ostento al
interior de la Fundación Universitaria San Martín”. Para muchos es claro que ya
se empezó desligar de la institución y de los problemas que creó.
Muchos
no entienden por qué, si el Ministerio de Educación sabe lo que está pasando
desde 2011, no ha tomado cartas en el asunto. Natalia Ariza, viceministra de
Educación Superior, dijo a SEMANA que la Ley 30 y la autonomía universitaria no
les da la posibilidad de intervenir o tomar control de esa ni de ninguna
universidad, así haya graves problemas. “Podemos suspender o cancelar la
personería jurídica, pero hay que seguir un riguroso proceso que toma tiempo.
En este momento estamos adelantando numerosos procesos en la San Martín y hemos
enviado denuncias de las irregularidades que hemos encontrado a Fiscalía y las
superintendencias Financiera y de Sociedades”.
Una crisis profunda
Precisamente
lo que muestra el caso de la San Martín es la incapacidad del Estado para
controlar a las universidades. Y los casos de corrupción y de malos manejos
administrativos pululan en varias regiones del país.
El
problema es que, a pesar de los trámites engorrosos y las altas inversiones,
montar o comprar una universidad en Colombia es fácil. Solo 20 de las 245
instituciones de educación superior que hay en Colombia son de alta calidad, y
el crecimiento de matrículas entre 2002 y 2013 fue de 115 por ciento. Un flujo
de dinero enorme, que tiene poca vigilancia.
Expertos
consultados consideran que el hecho de que el ministerio tenga las facultades
para habilitar programas y universidades, pero a la vez, las tenga que
controlar, termina generando un desequilibrio. Aún más complicado que la unidad
de inspección y vigilancia cuenta con 21 funcionarios para supervisar los más
de 10.000 programas de educación superior que hay en el país. Por eso, algunos
han planteado no solo la necesidad de cambiar la Ley 80 y limitar la autonomía
universitaria, sino de crear una Superintendencia de Educación para que
controle un sector que mueve más de 35 billones de pesos y es tan vital como la
salud.
Cobijadas
por la autonomía universitaria, muchas instituciones se blindan detrás de
opacos estatutos que son una patente de corso para hacer y deshacer. Así hay
clanes familiares enquistados en las universidades, que se reparten contratos,
puestos, asesorías millonarias y grandes trozos de la nómina. Y además muchos
políticos están metidos en el negocio, quienes tienen sus fichas en el
Congreso, en el gobierno y cuentan con los medios para presionar a quien desee
investigarlos.
Bajo
estas condiciones es difícil sorprenderse porque se multipliquen los abusos, se
desvíen los recursos, se engañe a los estudiantes y se saqueen las
universidades. Si el Estado y la sociedad no toman cartas en el asunto, la
educación superior seguirá siendo para muchos, entidades de garaje. Así las
cosas, el desafío de que Colombia sea la más educada va a ser difícil.
Otras universidades en problemas
Gracias
a la autonomía universitaria y a los demorados procesos que la ley le impone al
Ministerio de Educación para cerrar un programa o una institución de educación
superior, directivos de numerosas universidades se las tomaron como empresas
privadas. Según el Ministerio de Educación, en este momento hay 32
universidades bajo investigaciones. Estas son algunas de ellas.
Universidad Rafael Núñez
La
Fiscalía acusó a Miguel Henríquez, exrector de la Rafael Núñez de Cartagena,
junto con su esposa, Carmen López, tres hijos, una cuñada y uno de sus yernos
para que responda por supuestamente haber desviado 30.000 millones de pesos del
centro universitario a través de contratos amañados, asesorías y exorbitantes
honorarios.
Las
autoridades demostraron que los inmuebles que la familia tiene en La Heroica
fueron adquiridos con plata de la universidad a través de contratos de
arrendamiento onerosos y poco claros. La familia deberá responder por
enriquecimiento ilícito y abuso de confianza. A pesar de estas y otras
denuncias, la familia Henríquez aún tiene el control de la universidad y el
Ministerio de Educación no ha actuado.
Unad
La
Universidad Nacional Abierta y a Distancia está en el ojo del huracán desde 2011,
cuando la involucraron dentro del descalabro del Cartel de la Contratación,
pues en la administración Moreno pasó de tener contratos con el Distrito por
1.200 millones a 30.125 millones.
Mientras estas investigaciones continúan, la senadora Claudia López puso en evidencia que el actual
rector, Jaime Alberto Leal, habría incurrido en irregularidades para hacerse
reelegir por cuarta ocasión, por abrir una sede en Florida (Estados Unidos) y
por nombrar allí a amigos y familiares. Precisamente, la Contraloría General le
acaba de abrir una investigación por malos manejos económicos en esa sede y por
haberle girado 291 millones de pesos al rector en el pago de viáticos en sus
viajes a Florida.
Universidad Incca
Hace
unos meses los dirigentes de la Incca Enrique Conti y Alfredo García tuvieron
que salir en medio de un escándalo por conflicto de intereses. Para buscar
nuevos estudiantes decidieron llevar una sede a Facatativá, con la asesoría de
la empresa Cordes. Como el ministerio negó los registros de estos programas,
Cordes demandó la Incca por 21.000 millones de pesos por no respetar el
acuerdo. Se descubrió que Ivan Conti, el hijo del presidente Enrique Conti,
estaba entre los socios de Cordes y a muchos les quedó la impresión de que hubo
un acuerdo para aprovecharse de la
institución. Ahora, los nuevos directivos de la Incca tienen lazos íntimos con
dirigentes de la San Martín. Muchos temen que haya una migración de la una a la
otra.
Universidad Distrital Francisco José de
Caldas
Desde
hace una década un grupo de exrectores, profesores, empleados y políticos se
tomó el control de la universidad más importante para las personas de escasos
recursos de Bogotá. Este grupo, amparado en la autonomía universitaria, se tomó
el Consejo Superior y la administración, y desde allí la controlan como si
fuera entidad privada. La Distrital tiene un régimen pensional especial que les
ha permitido a profesores y empleados retirarse, de forma exprés, con
millonarias mesadas. Desde hace más de ocho meses, la rectoría está en
interinidad. Hay serias denuncias sobre la transparencia con la que se están
manejando los recursos y contratos, pero ni Gustavo Petro, ni el gobierno ni el
ministerio han podido retomarla.
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