Colombia
Informa: Agencia de comunicación de los pueblos, entrevistó a Diego Ramirez, el
actual representante en el Consejo Superior de la Universidad del Cauca, para
conocer su postura frente a la Política Pública por lo Superior que implementó
el gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos.
En esta
entrevista, Ramirez refirió a varios puntos que hacen de esta pollita, una
política antidemocrática, excluyente y resultado del modelo neoliberal.
Refirió que la construcción de esta política se hizo
a espaladas de los estudiantes de las distintas universidades públicas, luego
del fallido intento de reformar la ley 30 en el 2011. Por ello, el gobierno vió
la necesidad de construir una propuesta de educación superior, pero esta vez,
no como una ley, que demanda mayor discusión, sino, como una política pública,
que le reduce importancia y donde a través de disposiciones de entes
territoriales, se puede ejecutar sin mayor proceso. Así se construyó el Consejo
Nacional de Educación Superior (CESU), donde solo hacían parte representantes
de instancias privadas y cercanas al Ministerio de Educación, donde en ningún
momento fue convocado el estudiantado, ni siquiera la MANE, que se consolidó
como un espacio amplio que recogió la voz de los estudiantes colombianos
universitario en el 2011. Sin embargo, este presume ante la la sociedad, que
incluyó la posición de los estudiantes.
Por ellos, Ramírez Hace énfasis en que esta política no es incluyente en todos
sus aspectos: en su construcción y en sus planteamientos.
Añadió
que el Acuerdo 2034 no cambia sustancialmente a la propuesta de reforma de la
Ley 30 presentada en el 2011. Consideró, que aunque la propuesta insiste en no
tener matices con ánimo de lucro, sus planteamientos, estrategias etc,
demuestran lo contrario. Indicó que la visión de esta política hasta dentro de
20 años va en camino a la privatización y a soltar la responsabilidad del
Estado a la sociedad.
Con
respecto a los puntos más problemáticos que presenta este acuerdo, el
representante estudiantil señaló tres que considera importantes tener en
cuenta: en primer lugar, la construcción de superintendencias de inspección y
vigilancia, éstos entes estarán sujetos a las decisiones de las
administraciones universitarias frente a asuntos que inciden en el
funcionamiento de la universidad. En segundo lugar, indicó como problemático la
cuestión de la implementacion de políticas de Regionalización, puesto que estas
están pensadas con fines lucrativos, además de ser programas creados sin la
suficiente inversión para garantizar calidad de educación. Regionalización
marca una vía a la eliminación de programas académicos en la medida que éstos
se crean de acuerdo a las necesidades
mercantiles halladas en las regiones. En tercer lugar, señaló el tema de
financiación, éste como aquel que desconoce el derecho a la gratuidad de la
educación, donde el gobierno entra a fortalecer instituciones como el Icetex
bajo la consigna de mejores ingreso y garantía de permanencia, pero esta
institución solo garantiza una larga deuda.
Así
concluye, que el ejercicio de enfrentarnos nuevamente con la propuesta del
gobierno, debe empezar con ejercicio de pedagogía, de información, análisis y
lucha de manera unida. ” La lucha por la defensa de la educación pública debe
tener una articulación total con los demás sectores del pueblo colombiano. De
mantenernos aislados, los estudiantes no alcanzaremos en ningún momento a
plantear ni siquiera la discusión y el debate. Porque la realidad nos muestra
que las consecuencias al ser implementada la política pública (2034), se
orientarán en contra de los sectores populares del país y es con ellos que
debemos articularnos en defensa de nuestros derechos” finaliza Ramírez al medio
de comunicación alternativa.
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