Bogotá, 17 de octubre de 2014
Señora
GINA PARODY
Ministerio de Educación Nacional
La Ciudad
Ref: La tal crisis de la educación superior sí existe
Para hacer realmente efectivo el derecho fundamental de
la educación, el compromiso de un gobierno debe ser garantizar la financiación
adecuada de sus instituciones. En
Colombia, desde Gaviria hasta Santos, se ha sepultado la idea de ofertar
educación pública de alta calidad como motor de desarrollo. Por el contrario,
la educación superior pública ha sido empujada al camino de la privatización
estipulado en la Ley 30 de 1992, que en términos reales congeló el presupuesto
de las Instituciones de Educación Superior, desconociendo los costos marginales
crecientes que éstas presentan debido al incremento de necesidades,
capacitación docente, ampliación de cobertura, mejoramiento de infraestructura,
entre otras. Se trata de una educación con los recursos de 1992 y las
necesidades de 2014.
Tal despropósito ha ahogado presupuestalmente a las
instituciones educativas, donde el gobierno pasó de financiar el 84% de su
presupuesto en el año 1992, a tan solo el 50% para 2014, obligándolas a asumir
el hueco financiero de múltiples formas, desde la venta de servicios, pasando
por la creación de programas de baja calidad, el aumento de las matrículas y el
endeudamiento, y llegando a la pauperización de las condiciones laborales de
profesores y trabajadores, todo con graves repercusiones en la calidad académica.
El gobierno de Juan Manuel Santos, al igual que sus
antecesores, han redirigido los recursos dispuestos para la educación pública,
ya no para financiar directamente las instituciones, sino para alimentar y
garantizar el sostenimiento del ICETEX. Mientras en el año 2004 se invertía $1
billón de pesos para dar créditos, en el año 2011 los recursos del ICETEX
fueron $2,3 billones, un aumento de 128%. El presupuesto que ha dejado de
llegar a las universidades directamente, y garantizar el subsidio a la oferta,
termina endeudando a las familias colombianas, incentivando la demanda y
profundizando la crisis.
Mientras el Gobierno calla sobre el vacío financiero que
crece año a año, son las familias colombianas quienes pagan los platos rotos.
Las familias están pagando en matrículas a las instituciones públicas $850 mil
millones de pesos anualmente, que representa cerca del 34% del presupuesto que
da el gobierno para el mismo período, y que fácilmente lo podría cubrir el
Estado si existiera voluntad política. En el caso de las instituciones
privadas, el desmedido aumento de matrículas conduce a un mayor endeudamiento
de los estudiantes y sus familias. No existe una correspondencia clara entre
los aumentos en las matrículas y un mejoramiento de la infraestructura,
dotación, o planta docente de las instituciones, y ante este aumento arbitrario
el Ministerio de Educación mantiene un silencio cómplice.
La incertidumbre financiera no existe sólo en las
instituciones universitarias. El SENA, centro de educación y capacitación para
el trabajo, sufre los reveses impuestos por el gobierno Santos y promovidos por
su exdirectora, Gina Parody. Antes de aprobada la nefasta reforma tributaria
del año 2013, el presupuesto para el SENA provenía de la aportes que realizaban
las empresas como impuestos parafiscales, siendo unos recursos constantes y
crecientes, que para el año 2013 sumaron $1.7 billones de pesos.
Con la reforma tributaria se eliminaron los impuestos
parafiscales, y se sustituyeron con un nuevo impuesto a las utilidades
empresariales, llamado CREE. En estimaciones del Ministerio de Hacienda, el
recaudo de este nuevo impuesto no sólo demostró ser un 20% menor al obtenido
con los antiguos parafiscales [5], sino que al ser las empresas mineras, de
energía y financieras las que más aportan al impuesto CREE (una tercera parte
del total) son también altamente volátiles, teniendo utilidades negativas en
algunos períodos de estimación, y el recaudo de ese período sería nulo. El
resultado fue pasar de unos ingresos confiables y crecientes a unos recursos
con una alta incertidumbre de que lleguen algún día.
El Presupuesto General de la Nación para el 2015,
sometido a consideración del Congreso, tampoco reconoce el déficit financiero,
y contrario al discurso presidencial, es nulo el aporte gubernamental para este
periodo a la universidad pública. Se mantienen congeladas una vez más las bases
presupuestales de las universidades en $2,5 billones, a pesar del angustioso
llamado para aumentarlas en mínimo 4% por encima del IPC que realizaron los
rectores de las instituciones a través del Sistema Universitario Estatal (SUE),
siendo necesario duplicar el presupuesto actual para cubrir las necesidades de
las instituciones.
El modelo educativo colombiano hace aguas, y el gobierno
Santos se esfuerza por profundizar la crisis de la educación superior. La nueva
propuesta de reformar la educación superior, llamado Acuerdo por lo Superior
2034, está ceñida minuciosamente a los requerimientos del TLC con EE.UU. y las
recomendaciones de la OCDE y el Banco Mundial. La propuesta plantea la creación
de una política pública, la cual “debe garantizar la sostenibilidad financiera
del ICETEX en el largo plazo y los recursos necesarios para su crecimiento, en
la medida que la creciente población estudiantil lo demande” [4], propone
aumento de matrículas, un nuevo impuesto a los egresados de instituciones
públicas, fortalecimiento de la autofinanciación de las instituciones,
financiamiento por parte de empresas privadas y regiones a carreras que beneficien
sus explotaciones, mientras el Gobierno Nacional se desprende de su
responsabilidad de financiar adecuadamente las instituciones de educación
superior.
Ninguna acción del primer periodo de Santos fue muestra
de interés por la educación superior, ni soluciona de algún modo, la grave
situación que padecen las universidades. Ni los recursos que llegarán a las
instituciones por impuesto CREE, ni los impuestos parafiscales de las
Estampillas, ni mucho menos las anunciadas 10.000 becas que no son más que
créditos condonables.
El desdén de Santos para no financiar adecuadamente la
educación está soportado en decisiones políticas y no en argumentos técnicos.
El estudiantado no necesita más deudas. Los recursos deben dirigirse a las
instituciones públicas sin condiciones. Es por esto que hemos reiterado en la
necesidad de un plan de pago concertado por parte del Gobierno Nacional al
déficit financiero de las universidades estatales, que hoy asciende a 12,5
billones de pesos [1], teniendo en cuenta que esta cifra sólo representa
alrededor del 6% del Presupuesto General de la Nación, es casi cuatro veces
menos que lo destinado para el pago de la deuda pública y es semejante a la
cifra que las multinacionales minero energéticas, con la complacencia del Gobierno,
dejan de pagar en impuestos año a año.
Los elementos básicos para resolver la crisis de la
educación superior en el país y garantizar el camino para conseguir una
educación pública, gratuita y de alta calidad están planteados en la propuesta
alternativa que hemos construido desde la MANE. En la propuesta se reconoce a
la educación como derecho fundamental y bien común, se propone un cambio del
modelo de financiación de las universidades públicas, y se aboga por una
auténtica autonomía y democracia universitaria. Este ha sido el camino que han
recorrido los países que son ejemplo en materia de educación a nivel mundial
como Alemania, Finlandia y Noruega, entre otros. Se trata de una propuesta que
es a todas luces contraria a la propuesta privatizadora que condensa del
Acuerdo por lo Superior 2034.
El problema es de presupuesto, cuya carencia no responde
a una imposibilidad financiera sino a una decisión política de acabar la
educación pública colombiana. Por eso conminamos a estudiantes, profesores,
trabajadores y a la sociedad colombiana en su conjunto a exigirle al Gobierno
Nacional que cumpla con el pago de la
deuda, a todas luces factible, e incremente los recursos transferidos
directamente a las universidades públicas para el 2015.
Por un país con soberanía, democracia y paz.
Atentamente
Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE.
- Notas:
[1]http://www.almamater.edu.co/sitio/Archivos/Documentos/Documentos/00000810.pdf
[2]
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13065383
[3]http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/03/120312_economia_burbuja_prestamos_estudiantiles_tsb.shtml
[4] CESU. Aportes de la
mesa temática de financiamiento para la política pública de educación superior
en Colombia. https://www.dropbox.com/s/5p9nqxaye1zo11e/0Mesa%20de%20Financiamiento%20%20Final.pdf?m=
[5]https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsindesena.org%2Fdescargas%2Fdoc_download%2F998--parafiscalidad-sena-reforma-tributaria-juan-pablo-sandoval-.html&ei=puc5VJXwJ4-ONoOfgKAM&usg=AFQjCNEFXIoGxHfgxh6Ep0dptNZzEFKhmw&sig2=cKcg_4WojLrEmANOxM4xGQ&bvm=bv.77161500,d.eX]
[6]
http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5080:pros-y-contras-de-las-10-mil-becas-en-ies-acreditadas-prometidas-por-el-gobierno&catid=16:noticias&Itemid=198
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