miércoles, 15 de octubre de 2014

16 de octubre: los estudiantes volvemos a las calles

Por soluciones a la crisis educativa
Y presupuestal de las universidades
La ley 30 de 1992 es la ley general para la educación superior, con ella se creó la base presupuestal (rubro que transfiere el estado para el funcionamiento de las universidades), sin embargo a la vez que se estableció dicha base se congeló la misma al monto que recibían las universidades en 1992, es decir que los recursos que recibieron las universidades en los años siguientes “aumentaba” de acuerdo a la inflación, lo cual no representa un aumento real.
En los más de 20 años de vigencia de dicha ley, las universidades han visto como sus gastos de funcionamiento han aumentado debido al crecimiento en la cobertura, la necesidad de actualizar la infraestructura y los equipos tecnológicos. En el 2012 los rectores y vicerrectores de recursos de las 32 universidades públicas del país realizaron un informe sobre el estado financiero de las universidades. La conclusión es que las universidades acumulan un déficit presupuestal (recursos faltantes su funcionamiento adecuado) de $12.500.000.000.000, 12.5 billones de pesos.
Esto ha llevado a que las universidades, al mejor estilo de las empresas privadas (controladas por cada administración local) redujera sus gastos en inversión y funcionamiento ocasionando una crisis de calidad, producto de la precariedad laboral a la que ha sometido a los docentes, a los pocos recursos que destina para la investigación, el bienestar social y la extensión. También ha aumentado el costo de las matriculas lo que ha generado grandes índices de deserción estudiantil y endeudamiento vitalicio por los créditos del ICETEX.
En lugar de proponer soluciones a dichas problemáticas el gobierno pretende profundizar dicho modelo, la política pública o Acuerdo por lo Superior 2034, es un documento que contiene 136 lineamientos formulados por los mismos que han generado la crisis y a los que poco les importa el futuro de la educación pública. Dicho “acuerdo” no reconoce la educación como un derecho fundamental y entre otros aspectos propone que la financiación de las universidades es una corresponsabilidad donde incluso los egresados deberán pagar impuestos mientras el estado sigue desconociendo su responsabilidad con el aseguramiento de dicho derecho.
Por lo tanto este jueves 16 de octubre se reactiva el movimiento estudiantil nacional saliendo a marchar desde las universidades públicas y privadas con estas tres exigencias:
          1.    Plan de pago al déficit presupuestal de las universidades.
          2.    No a la implementación del Acuerdo por lo Superior 2034.
          3.    Por garantías democráticas y de autonomía universitaria.
De esta manera extendemos la invitación para que en Villavicencio desde la Glorieta de Postobon a las 9:00am marchemos hacia el parque central de la ciudad y participemos desde las universidades privadas, instituciones técnicas y tecnológicas, el SENA y la única universidad pública de la región de la Orinoquía, la Unillanos. A su vez, para que estemos en defensa de la educación pública y no seamos la generación que permitió la privatización de dicho derecho fundamental.
A ESTUDIAR Y A LUCHAR
POR LA EDUCACIÓN NACIONAL

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