Por
soluciones a la crisis educativa
Y
presupuestal de las universidades
La ley
30 de 1992 es la ley general para la educación superior, con ella se creó la
base presupuestal (rubro que transfiere el estado para el funcionamiento de las
universidades), sin embargo a la vez que se estableció dicha base se congeló la
misma al monto que recibían las universidades en 1992, es decir que los
recursos que recibieron las universidades en los años siguientes “aumentaba” de
acuerdo a la inflación, lo cual no representa un aumento real.
En los
más de 20 años de vigencia de dicha ley, las universidades han visto como sus
gastos de funcionamiento han aumentado debido al crecimiento en la cobertura,
la necesidad de actualizar la infraestructura y los equipos tecnológicos. En el
2012 los rectores y vicerrectores de recursos de las 32 universidades públicas
del país realizaron un informe sobre el estado financiero de las universidades.
La conclusión es que las universidades acumulan un déficit presupuestal
(recursos faltantes su funcionamiento adecuado) de $12.500.000.000.000, 12.5
billones de pesos.
Esto ha
llevado a que las universidades, al mejor estilo de las empresas privadas
(controladas por cada administración local) redujera sus gastos en inversión y
funcionamiento ocasionando una crisis de calidad, producto de la precariedad
laboral a la que ha sometido a los docentes, a los pocos recursos que destina
para la investigación, el bienestar social y la extensión. También ha aumentado
el costo de las matriculas lo que ha generado grandes índices de deserción
estudiantil y endeudamiento vitalicio por los créditos del ICETEX.
En
lugar de proponer soluciones a dichas problemáticas el gobierno pretende
profundizar dicho modelo, la política pública o Acuerdo por lo Superior 2034,
es un documento que contiene 136 lineamientos formulados por los mismos que han
generado la crisis y a los que poco les importa el futuro de la educación
pública. Dicho “acuerdo” no reconoce la educación como un derecho fundamental y
entre otros aspectos propone que la financiación de las universidades es una
corresponsabilidad donde incluso los egresados deberán pagar impuestos mientras
el estado sigue desconociendo su responsabilidad con el aseguramiento de dicho
derecho.
Por lo
tanto este jueves 16 de octubre se reactiva el movimiento estudiantil nacional
saliendo a marchar desde las universidades públicas y privadas con estas tres
exigencias:
1.
Plan de pago al déficit presupuestal de las universidades.
2.
No a la implementación del Acuerdo por lo Superior 2034.
3.
Por garantías democráticas y de autonomía universitaria.
De esta
manera extendemos la invitación para que en Villavicencio desde la Glorieta de
Postobon a las 9:00am marchemos hacia el parque central de la ciudad y
participemos desde las universidades privadas, instituciones técnicas y
tecnológicas, el SENA y la única universidad pública de la región de la
Orinoquía, la Unillanos. A su vez, para que estemos en defensa de la educación
pública y no seamos la generación que permitió la privatización de dicho
derecho fundamental.
A
ESTUDIAR Y A LUCHAR
POR
LA EDUCACIÓN NACIONAL
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