El
sociólogo Miguel Ángel Beltrán anuncia una acción de nulidad contra el fallo de
la Procuraduría.
El
profesor Miguel Ángel Beltrán dice que no ha pertenecido a las FARC.
El
computador que las autoridades encontraron al jefe de las FARC ‘Raúl Reyes’ en
la operación Fénix ha dado para todo. Con él, fue destituida e inhabilitada por
18 años para ejercer cargos públicos la hoy exsenadora Piedad Córdoba, pero
también sirvió para que se archivara la investigación disciplinaria en contra
del senador Jorge Enrique Robledo. Ahora, el profesor universitario Miguel
Ángel Beltrán perdió su trabajo por una sanción de la Procuraduría cuyo proceso
se inició por los archivos encontrados al fallecido jefe guerrillero.
El
pasado 12 de septiembre fue el último día que Beltrán dictó clase en el
departamento de Sociología de la Universidad Nacional sede Bogotá. Días antes
se le notificó que tras el fallo de segunda instancia de la Procuraduría,
Beltrán había sido retirado como profesor asociado de tiempo completo de esa
institución. Hoy se encuentra desempleado y solo asiste a charlas en universidades
del país para defender la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
De nada
valieron los argumentos de reconocidos abogados y docentes que le pedían al
rector Ignacio Mantilla que entablara una excepción de inconstitucionalidad
para no aceptar el fallo. En la tesis se expuso que el mismo afectaba la
libertad de cátedra y la autonomía universitaria, un principio reconocido
constitucionalmente.
La historia
El
nombre del sociólogo y profesor no es desconocido para un sector de la comunidad
académica que reconoce su labor y las investigaciones del conflicto armado en
el país. Hoy este académico adelanta una lucha jurídica para intentar revertir
el fallo que lo ha dejado fuera de las aulas por 13 años.
El
profesor con maestría en ciencias sociales, un doctorado en Estudios
Latinoamericanos y un posdoctorado, en universidades de México y Argentina,
niega que haya pertenecido a las FARC, que en sus escritos haga apología a esta
organización o que los haya auspiciado y colaborado, como lo señala el fallo de
la Procuraduría que en segunda instancia ratificó la sanción el pasado 24 de
julio.
Pero
qué dice el fallo de la Procuraduría. En este no solo se determinó que al
catedrático se le encontró una USB el día de su captura en la que tenía textos
relacionados con las FARC en los cuales se podría establecer que era “Jaime
Cienfuegos” el presunto alias usado en la guerrilla. Según la Procuraduría, la
memoria incautada, tenía archivos cifrados en el programa PGP de alta
seguridad. Cosa que al ministerio público no le pareció congruente con su labor
académica.
En su
defensa el profesor dice que los textos hallados son públicos y hacían
referencia a la muerte de ‘Raúl Reyes’. Eran comunicados de los partidos
comunistas de España y México y circulaban por internet. Los otros son
fragmentos de textos en Word relacionados con los computadores de ‘Reyes’ de
los cuales desconoce su origen. La defensa del profesor dice que esta prueba es
ilegal por varias razones: la primera que no se hizo cadena de custodia de la
USB, por lo que se pudo alterar la información. Además que en su labor
académica prestó a estudiantes y otras personas la memoria. También resalta su
defensa que no se comprobó que existieran documentos encriptados.
Lo
cierto es que en el fallo de la Procuraduría se reconoce que para la comisión
de la falta no era necesario que perteneciera a las FARC, “bastaba que prestara
su colaboración”, con artículos que eran ordenados y publicados por esa
guerrillla.
El
catedrático asegura que no ha pertenecido a esa organización y que los textos
sobre el conflicto armado hacen parte de su trabajo investigativo. “No soy el
profesor de las FARC, ni de ninguna organización al margen de la ley, soy un
académico crítico”, le dijo a Semana.com.
Un tema
tiene incómodo al educador y es la diligencia de la Procuraduría para
investigarlo ya que a pesar de que la justicia penal lo absolviera, el ente de
control decidió abrirle un proceso sin que mediara una queja. “Eso demuestra
que existió un interés sesgado”, resalta Beltrán.
En
2011, y tras dos años en la cárcel la justicia penal no pudo determinar que
Beltrán hubiese pertenecido a las FARC. El fallo de la juez de conocimiento
desechó los argumentos de la Fiscalía que relacionaban a Beltrán con “alias
Cienfuegos”. Para la jueza, aunque la USB fue llevada a juicio, la
Fiscalía no logró demostrar que Beltrán
hiciera parte de esa organización al margen de la ley. “No puede endilgarse en
contra del acusado el delito de rebelión (…) no existe dentro del plexo
probatorio, escritos, ni testimonios en tal sentido”, se lee en una parte del
fallo.
Beltrán
no ha negado que en su juventud perteneció a la Unión Patriótica, se entrevistó
con ‘Raúl Reyes’ en los diálogos del Caguán para fortalecer sus
investigaciones, que sea un hombre de izquierda, o que algunos de sus amigos
hayan terminado en el monte, pero rechaza rotundamente que sea colaborador de
una organización guerrillera.
Libertad de cátedra
En la
Universidad Nacional este profesor de sociología se ha convertido en un
símbolo. Grafitis en las paredes con mensajes de respaldo y el saludo de los
estudiantes que se acercan a entregarle su solidaridad, así lo confirman. “Aquí
hay una evidencia de que al profesor le están haciendo una percusión política e
ideológica. De lo que se le podría acusar es de tener un pensamiento crítico”,
dice Miguel Pinzón uno de los voceros de los estudiantes.
Lo que
sí le preocupa a Beltrán es que la Procuraduría se meta en la libertad de
cátedra ya que asegura que la sanción del ministerio público afecta la
autonomía de la universidad. “La Procuraduría está diciendo qué es lo que se
debe enseñar”.
Hace
unos días la columnista de Semana.com Marta Ruiz dedicó su espacio de opinión
al tema. Dijo que no sabía si a Beltrán le gustan o no las FARC, pero que la
sanción de la Procuraduría era draconiana, “por expresar su pensamiento, por lo
que ha dicho y ha escrito sobre el conflicto, sobre la guerrilla, y eso en
nuestra vida universitaria solía llamarse libertad de cátedra”.
A pesar
del fallo este catedrático de 50 años y de voz pausada, asegura que defenderá
su derecho a dictar clase en la universidad pública la cual lo formó. Además
que irá hasta las últimas consecuencias. Ya existe una propuesta para que los
trabajadores de la universidad donen la mitad de un día de sueldo para que
Miguel Ángel pueda solventar gastos de las querellas jurídicas que tendrá que
enfrentar.
Precisamente,
estudiantes y profesores de la universidad presentarán en los próximos días en
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acciones de nulidad simple por la
violación de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Ya recogen
firmas para apoyarla.
Antes
de un mes Beltrán y sus abogados radicarán otra demanda en el mismo tribunal
para solicitar la nulidad del acto administrativo y que haya restitución de los
derechos.
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