El
docente e investigador Miguel Ángel Beltrán fue destituido e inhabilitado por
la Procuraduría por sus presuntos nexos con las Farc.
Cinco
años lleva Miguel Ángel Beltrán, sociólogo y profesor de la Universidad
Nacional, intentando demostrar que no es alias Jaime Cienfuegos. En 2009,
cuando se encontraba haciendo una estancia posdoctoral en la Universidad
Autónoma de México, fue detenido y deportado a Colombia, donde la Policía lo
presentó como un ideólogo y enlace internacional de las Farc. Entonces, el
presidente Álvaro Uribe le agradeció por la captura a su homólogo mexicano,
Felipe Calderón, y declaró que se acababa de aprehender “a uno de los
terroristas más peligrosos de esa organización”. Dos años después, luego de
haber estado recluido en las cárceles Modelo y La Picota, una jueza de Bogotá
lo absolvió de los delitos que le imputó la Fiscalía. El ente acusador lo había
señalado de usar su trabajo como profesor de la Universidad Nacional para
difundir el programa político de la guerrilla entre sus estudiantes y en
congresos internacionales de sociología.
La
jueza determinó que la información proveniente de los computadores del abatido
jefe guerrillero Raúl Reyes, la prueba reina del ente investigador, no podía
ser valorada porque había sido obtenida “ilegalmente” por el Ejército en la
Operación Fénix. Asimismo, respecto a cinco documentos encontrados en una USB
del profesor, estableció que no permitían “inferir sin asomo de duda que él
suscribió como ideólogo de las Farc escritos en los que se evidencie su
pretensión de derrocar el régimen constitucional en apoyo a la causa
guerrillera”. Una vez libre, Beltrán se refugió en Venezuela y en Argentina
para salvaguardar su vida porque, según él, iba a ser asesinado por
paramilitares. Recién en octubre del año pasado regresó a Colombia, temeroso de
que la Nacional lo destituyera por abandono del cargo.
En
febrero se vinculó nuevamente a la universidad y empezó a impartir sus cátedras
de Pensamiento Sociológico Latinoamericano, Sociedad Colombiana del Siglo XX y
Teoría Sociológica Contemporánea. En sus clases continuó abordando temas del
conflicto armado, revoluciones y movimientos sociales, que han constituido su
campo de investigación. Sus tesis sobre el origen agrario y el carácter
político de las guerrillas colombianas fueron acogidas positivamente por sus
estudiantes e hicieron parte del análisis coyuntural sobre los actuales
diálogos que adelanta el Gobierno con las Farc en Cuba. Sin embargo, cuando la
vida académica del profesor parecía estabilizarse, una decisión administrativa volvió
a desligarlo de los claustros.
El
pasado 12 de septiembre, el rector de la Nacional, Ignacio Mantilla, expidió la
resolución que dio cumplimiento al fallo de la Procuraduría que destituye e
inhabilita al profesor Beltrán para ejercer cargos públicos durante los
próximos 13 años por, nuevamente, sus presuntos nexos con las Farc. La decisión
ha suscitado una polémica en la Nacional, cuyos estudiantes y profesores han
manifestado indignación, no solamente porque la destitución obedece a
señalamientos que la justicia penal ya desvirtuó, sino porque la consideran un
ataque frontal a la libertad de cátedra.
La
profesora e investigadora María Teresa Pinto, excoordinadora de la Maestría en
Estudios Políticos, escribió una dura carta en defensa de Beltrán. Según ella,
“la Procuraduría está tergiversado al aducir que el profesor es terrorista por
sus posturas académicas. Ahora todos aquellos que consideremos que las Farc
tienen un origen campesino, que merecen un tratamiento político, somos miembros
de la organización armada”, y añadió: “Este es un gravísimo atropello, no sólo
contra el profesor, sino con el espíritu de libertad de cátedra y pensamiento
que ha inspirado el desarrollo de los sistemas educativos modernos”.
De
acuerdo con Beltrán, “esto afecta en su conjunto a la universidad pública. El
día de mañana, cualquier profesor, no solamente que hable del conflicto, sino a
favor del aborto, por ejemplo, podría ser disciplinado por el procurador con el
argumento de que está incitando al delito. Esa es la gravedad de la situación”.
En el mismo sentido se pronunciaron el consejo académico, el consejo de sede,
el comité de representantes profesorales y los académicos asistentes al XI
Congreso de Sociología, quienes le solicitaron al rector Mantilla abstenerse de
aplicar el fallo apelando a la autonomía universitaria.
Sin
embargo, el rector asegura que “esa autonomía no nos alcanza para incurrir en
la ilegalidad. En la Constitución es muy claro que el procurador puede ejercer
un poder preferente, disciplinario, para imponer las respectivas sanciones. De
la misma manera que el presidente Santos tuvo que obrar en el caso de la
destitución del alcalde de Bogotá, yo tengo que acatar este fallo. Aquí no se
trata de si es justo o no, es un trámite que debo cumplir”.
Otra
cosa piensa Itayosara Rojas, estudiante de Beltrán, quien opina que “la
Nacional se encuentra jugando un papel muy importante en el proceso de paz.
Miembros de la Comisión de la Verdad son de esta universidad y esta universidad
ha organizado, junto a Naciones Unidas, los foros regionales para discutir los
temas de la agenda. De ahí que, de alguna forma, esté reconociendo el carácter
político de la insurgencia, cosa que también hace el profesor Beltrán. ¿Por qué
la universidad no lo respalda y asume una actitud coherente?”. El rector
Mantilla, en contraste, resalta que no es su deber emprender la defensa legal
de Beltrán y que si un juez le ordena reintegrarlo procederá a “acatar la orden
de inmediato”.
Por
ahora, los estudiantes han radicado al menos 50 tutelas alegando que con la
destitución de Beltrán se les vulneró el derecho a la educación y a la libertad
de conciencia. El profesor, con apoyo de distintos sectores, ha emprendido una
gira por diferentes ciudades para sumar apoyos a su causa, que es, en suma, la
que ha mantenido durante los últimos dos tercios de su vida: investigar y
enseñar sobre el conflicto armado, con una perspectiva crítica, en los
escenarios propios de la universidad pública. Otra cosa dice la Procuraduría.
Las pruebas de la Procuraduría contra Beltrán
Pese a
que la Corte Suprema de Justicia determinó que las pruebas recolectadas en
marzo de 2008 durante la Operación Fénix, en la que se dio muerte a Raúl Reyes,
eran “ilegales”, la Procuraduría determinó que “acepta la legalidad de las
mismas, por lo que no las excluirá de los procesos disciplinarios adelantados
contra servidores públicos que han sido evidenciados como colaboradores de las
Farc”. Por eso, en el caso contra el profesor Miguel Ángel Beltrán, tomó
decisiones con base en la información que contenían esos computadores y que,
según el Ministerio Público, permiten deducir que “la labor de docente que
venía desarrollando el señor Beltrán era una fachada para cumplir su labor como
colaborador de las Farc”. Al respecto, el estudiante de economía de la
Universidad Nacional Leonardo Rojas señala que “ahora la pelea contra la
oposición va a ser en el escenario jurídico. No se nos va a dar muerte, pero
cada vez que salgamos a decir una cosa diferente a lo planteado por el Estado,
vamos a terminar en la cárcel o destituidos”.
@elenaflorezr
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