El día
20 de agosto dio inicio la caravana por
la defensa del territorio nariñense, la cual tiene como objetivo visibilizar el
contexto del conflicto social y armado, la violación de los Derechos Humanos
(DDHH) y Derecho Internacional
Humanitario (DIH), y el acompañamiento a las organizaciones sociales y de
derechos humanos de los municipios de Samaniego, Túquerres, y los municipios
aledaños.
Forman
parte de la caravana organizaciones tales como Red de Hermandad y Solidaridad
con Colombia (Redher), Congreso de los pueblos, Coordinador Nacional Agrario
(CNA) y Comité de Derechos Humanos del sector montañoso de Samaniego.
En el
acto de inauguración de la caravana que tuvo lugar en la ciudad de Pasto, se
presentaron las distintas organizaciones participantes, socializando el
contexto y la compleja realidad social a la que ha sido sometida la población
campesina e indígena de la zona. Posteriormente varios internacionalistas
acudieron a distintos medios de comunicación a visibilizar y difundir los
objetivos de la caravana.
Por
otro lado a este evento fueron invitadas autoridades departamentales,
defensoría del pueblo, oficina de derechos humanos de la ONU y fuerzas
militares y de policía, las cuales no se
presentaron a la misma, mostrando una vez más la falta de interés por las
acciones dirigidas a la defensa del territorio y de los derechos humanos que
desarrollan las distintas organizaciones de base campesina, indígena, afro
descendientes y populares.
La
caravana partió a Samaniego, el 21 de Agosto, llegando a la vereda de San Juan,
corregimiento de San Diego, donde se caminó en el reconocimiento del territorio
acompañada por la comunidad. En este recorrido dieron a conocer las zonas
afectadas por la presencia de minas antipersona , la estigmatización social que
padecen, la imposibilidad del uso de los
terrenos minados para la explotación agraria y la dificultad en el tránsito de
la comunidad, así como los hostigamientos sufridos y sometimiento constante a
la población civil al fuego cruzado entre los actores armados. Esta realidad
pone en riesgo la vida de las personas de la comunidad, además de un
empeoramiento de sus condiciones de vida, sometiéndolos a un empobrecimiento
progresivo, obligándolos a un desplazamiento forzado del territorio.
Al día
siguiente la caravana se trasladó al corregimiento de Betania donde las
organizaciones participantes se reunieron con la comunidad en una plenaria,
conociendo en testimonio público y denuncias privadas las violaciones en DDHH y
DIH. En ella se visibilizó que a raíz de
la realidad social y política del conflicto armado en Colombia, el Estado ha
establecido como estrategia para mitigar la presencia de grupos armados,
políticas nacionales de consolidación territorial y militar, trayendo como
consecuencia despojo, desarraigo,
fumigaciones, saqueo de bienes naturales por parte de multinacionales y la
sistemática violación de los derechos humanos de la población.
Entre
los diferentes testimonios recogidos salieron a la luz casos de agresiones
sexuales, robos, hostigamientos, amenazas, señalamiento constante, vejaciones,
ejecuciones extrajudiciales, falsos-positivos, secuestros, revictimización,
judicializaciones arbitrarias e impunidad judicial constante, así como lesiones
y asesinatos tanto directos como por fuego cruzado y minas antipersonas.
Esta
realidad de peligro constante para la población sigue estando presente y como
ejemplo de ello durante el desarrollo de la caravana a escasos kilómetros de la
misma, Enrique Mora, exconcejal del
municipio de Soto Mayor fue víctima de
una mina antipersona, falleciendo en el
acto.
Se
participó en un acto público convocado por las organizaciones sociales a favor
de “la paz, permanencia en el territorio, y vida digna”, donde la policía tomó
fotografías de las pancartas y asistentes incumpliendo lo establecido en el
DIH. Posteriormente una comisión de la caravana acudió a dos invasiones de la
localidad denominadas “El Mirador” y “La Avenida” donde se pudo comprobar las
duras condiciones de vida en las que se encuentran, así como su temor
consecuencia de amenazas por parte de
fuerza pública y otros actores, derivadas del conflicto social y armado, así
como a ser desplazados nuevamente.
Recapitulando
las aportaciones de miembros de la comunidad, la caravana recoge el rechazo por
parte de los mismos a: la aplicación del
Plan de Consolidación Territorial, los proyectos minero-energéticos de las
transnacionales, las fumigaciones que dañan el medioambiente y los cultivos de
pan coger la militarización del territorio, la estigmatización, judicialización previa, y la impunidad
judicial.
Por
otro lado las principales peticiones de la comunidad son: realizar el desminado
humanitario urgente de las zonas afectadas, otorgar las garantías necesarias a
los desplazados para el retorno a sus territorios, promover políticas agrarias
autónomas así como alternativas sostenibles a los cultivos de uso ilícitos,
todo ello en el marco de exigencias para promover la paz con justicia social.
Una vez
finalizado su recorrido por la zona montañosa de Samaniego, la caravana se
dispone a conocer las realidades de la tierra túquerreñas.
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