Si matan un maestro más, serán 1000

Las 2orillas

Es loable que Colombia quiera ser la más educada de América Latina, pero para lograrlo se necesita que los maestros no sean asesinados.

Por: Hernán Suárez 

Según denuncia de Fecode, entre 1985 y el 2014 han sido asesinados 999 maestros. En lo que va corrido del presente año han sido asesinados 6 y en el 2013 fueron 18. La investigación realizada por León Valencia y Juan Calos Celis, Sindicalismo Asesinado, registraba hasta el  2011 la pavorosa cifra de 889. El estado debería impedir por todos los medios que llegaremos al  trágico número  1000. Sería una de  nuestras mayores vergüenzas nacionales. Una afrenta, un intolerable social y educativo.

Justamente el pasado 25 de agosto se conmemoraron los 27 años del asesinato de Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, los dos profesores universitarios, quienes fueron acribillados en 1987 cuando asistían a la velación del cadáver de otro educador, Luis Felipe Vélez, presidente del sindicato de educadores de Antioquia, ADIDA, asesinado en las horas de la mañana del mismo día. Los tres fueron víctimas de sicarios al servicio de Carlos Castaño.

Colombia tiene el deshonroso registro de ser el país donde más se han asesinado maestros en el mundo en las tres últimas décadas. Del 2004 al 2006 en Colombia fueron asesinados 236 sindicalistas, mientras en el resto del mundo fueron asesinados 162. La impunidad es vergonzosa, el 96% de los asesinatos no han sido castigados sus responsables.

Los maestros han sido asesinados de todas las formas y en todos los lugares: en la sede de sus sindicatos, como el caso de Luis Felipe Vélez. También han sido asesinados delante de sus estudiantes, como ocurrió el 25 de Agosto del 2012 en Miranda (Cauca), donde fue baleado por dos paramilitares el profesor Joselino Beltrán, de 40 años, los propios estudiantes capturaron a uno de los asesinos. El Día del Maestro tampoco ha sido la excepción, el domingo 15 de mayo fue asesinado el educador Dionis Alfredo Sierra Vergara, quien se desempeñaba como docente de primaria en la institución educativa, Luis Fernando González Botero, del municipio de La Apartada, según crónica del diario El Universal de Cartagena. En su casa tampoco están seguros: en pleno 31 de diciembre de 1989 fue asesinado en Tolú, Sucre, el presidente de sindicato de educadores de Córdoba, Fermín Meléndez Acosta, mientras descasaba en una mecedora.

En nuestra historia reciente los educadores han sido víctimas de todos los actores de la violencia: paramilitares, guerrillas y agentes del Estado. Según los autores del libro Sindicalismo Asesinado: “La Federación Colombiana de Educadores es la organización sindical que registra el mayor número de homicidios contra sus afiliados y el mayor de número de violaciones a la vida, la integridad física y la libertad. Entre 1986 y 2011, 889 de sus afiliados fueron asesinados, 2.733 fueron víctimas de amenazas, 37 de atentados con o sin lesiones, 53 desapariciones, 122 detenciones arbitrarias, 40 secuestros y 19 torturas. En términos porcentuales del total de homicidios cometidos contra sindicalistas en Colombia, el 31% correspondieron a Fecode, al igual que el 50% de las amenazas, el 24% de los secuestros, y el 19% de las detenciones arbitrarías y las desapariciones. (Sindicalismo Asesinado, Pág.31, Bogotá, Edit. Debate, 2012).

¿Por qué han asesinado, desplazado o amenazado a los maestros? León Valencia y Juan Carlos Celis ofrecen una interpretación: “Los sindicatos colombianos se han empeñado en asegurar que la protesta laboral es la causa principal o única de las agresiones que ha sufrido el sindicalismo. La investigación revela que esta explicación es incompleta. La acción política al lado de las guerrillas o la lucha autónoma por la democracia desató una respuesta atroz y desproporcionada de las élites regionales, de agentes del Estado y de fuerzas ilegales”. (Sindicalismo Asesinado, Pág.19)

“El Estado colombiano sostiene la tesis contraria con la ilusión de que así puede eludir las responsabilidades éticas, políticas y judiciales que le competen por esta larga cadena de asesinatos y de violaciones a los derechos humanos. Piensa que al decir que la mayoría de los crímenes tienen una vinculación directa con el conflicto armado queda exento de culpa o puede atenuar su responsabilidad.”

“No hay la más mínima justificación para que agentes del Estado por mano propia o en alianzas con ilegales maten o atropellen a personas en estado de indefensión, así sean dirigentes políticos o sociales con algún grado de afinidad o vínculos con agentes o consignas subversivas. La única opción del Estado es perseguir en derecho y en democracia a sus impugnadores.”

 “Utilizar como expediente para reprimir las protestas sociales la acusación de que los sindicalistas y dirigentes sociales asesinados obedecían a intereses políticos o estaban infiltradas por la subversión, tal como se ha hecho a lo largo de los últimos treinta años por los gobiernos nacionales y locales, es una negación clara y llana de la democracia.” (Sindicalismo Asesinado, Pág.20).

A los maestros los asesinan principalmente por hacer política. Su presencia en los cuerpos de representación local y regional resulta intolerable para sectores tradicionales y autoritarios. La incursión de los maestros en la competencia electoral representa una amenaza a su hegemonía y control político, incluido el propósito de “refundar la patria”. Por eso el periodo de mayor violencia contra los maestros, 1995-2001, corresponde al periodo de mayor expansión y criminalidad del paramilitarismo en el país y paradójicamente, se corresponde con la época de oro que vivió Fecode con el gobierno de Ernesto Samper, su gran protector al cual dirigentes magisteriales respaldaban políticamente.

Los anuncios del presidente Santos de convertir la educación en uno de los tres pilares de su nuevo gobierno requieren  con urgencia acciones efectivas que garanticen la vida de los maestros. El dialogo entre el gobierno nacional y los educadores con el fin de buscar acuerdos y consensos en materia de política educativa requiere del respeto a los educador, su reconocimiento social y cultural, empezando por garantizar su integridad personal y el respeto a su organización sindical.

Esta suerte de holocausto contra el magisterio reclama no solo que se diga cuantos, donde y en qué circunstancias fueron asesinados o que tragedia vivieron los que fueron desplazados. Es necesario también reconstruir la Memoria Histórica de todas sus víctimas. Recuperar el rostro y la vida de tantos héroes olvidados y anónimos.

Las escuelas y los maestros son los territorios y los sujetos de la paz que todos anhelamos y queremos. La Sociedad, el Estado y en especial la Federación Colombiana de Educadores están en la obligación ética y moral de reconstruir la Memoria histórica de estos 999 educadores asesinados desde 1985 hasta hoy. Única manera de honrar su memoria, su sacrificio y para que una desventura de esta naturaleza no siga ocurriendo a presente y a futuro.