¿Qué cambios necesita la Educación Superior en Colombia?

El Mundo

A propósito del panel “¿Qué cambios necesita la Educación Superior en Colombia?”, que se realizó el pasado 13 de agosto en la Universidad de Antioquia, EL MUNDO habló con algunos de los ponentes e integrantes de movimientos estudiantiles.

Según Andrés Botero Bernal, profesor de la Universidad de Medellín, la Educación Superior pública y privada es “una bomba de tiempo gravísima”, porque le hacen falta dos pilares fundamentales: la calidad en los procesos de enseñanza y el financiamiento para acceder a ella en condiciones democráticas.

Desde el 4 de agosto de 2014, fecha en la que el Consejo Nacional de Educación Superior, Cesu, presentó ante el Gobierno el “Acuerdo por lo Superior-2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la Educación Superior en Colombia, en el escenario de la Paz”, los miembros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, manifestaron su desacuerdo con los diez puntos que incluye aquel documento.

Aunque en el Cesu afirmaron que el Acuerdo fue construido entre diferentes actores de sectores sociales, económicos y políticos, que habrían participado en la formulación de ese documento, para transformar las condiciones de acceso, bienestar y calidad en la enseñanza, los movimientos estudiantiles aseguraron que aquel ratifica a la Educación Superior como un servicio de consumo y no como un derecho garantizado por el Estado.

Respecto a ese desacuerdo, Mario Hernández Álvarez, profesor de la Universidad Nacional, Unal, sede Bogotá, incitó a los estudiantes a preparar una discusión en torno a los diez puntos que contiene el Acuerdo. “Si bien ese documento tiene la forma de una política pública, no tiene la contundencia de una reforma de ley; eso permite establecer discusiones ideológicas en las que se contrasten las propuestas del Cesu y su coincidencia con las recogidas por la Mane desde el 2011”.

Él hizo esta incitación porque duda de que en los encuentros del Cesu haya existido participación activa de todos los sectores, principalmente del estudiantil, pues “no integra las propuestas de la Mane, de calidad y gratuidad de la Educación Superior, sino que, por el contrario, afianza el mismo proyecto con visión e ideología neoliberal,  que se ha venido defendiendo en los últimos gobiernos”.

Según eso, añadió, continuaría el proceso de adaptación del sistema educativo a “la lógica del mercado del conocimiento, porque aumentaría la cantidad de recursos disponibles para la Educación Superior, pero el mecanismo de acceso y distribución seguiría siendo el subsidio a la demanda”.

Aquello, describió, reproduce la idea de que para acceder a las Instituciones de Educación Superior, IES, “los estudiantes tienen que demostrar su pobreza; después, que son inteligentes, y, finalmente, recibir un subsidio para ingresar a un mercado de la educación, en el cual los ponen a competir por recursos con universidades privadas. Todo ello multiplica las desigualdades sociales que existen en Colombia, pues condiciona el acceso a la educación dependiendo de la capacidad de pago”.

Ante este escenario, comentó que en el Cesu deben tomar en serio el proceso alternativo de construcción de propuestas de la Mane y contrastar, también, los principios, el funcionamiento y las posibles consecuencias del modo en que estructuraron su política pública de Educación Superior. “Eso debería pasar para no seguir aplicando el mismo modelo, que redunda en las dificultades que tiene actualmente este sistema educativo”.

IES públicas y privadas

Hernández Álvarez comentó que la discusión respecto al acceso a las IES públicas y privadas pone de manifiesto la relación del estudiantado con los derechos de propiedad y el patrimonio, a modo de vínculo contractual, porque conduce a que “los estudiantes reclamen, erradamente, su derecho a acceder a educación de calidad en función de clientes consumidores, que pagaron para acceder a un servicio de Educación Superior”.

No obstante, Andrés Botero Bernal, profesor de la Universidad de Medellín, U. de M., al igual que el mismo Hernández Álvarez, aclararon que en el debate sobre la situación de la Educación Superior en Colombia se debe diferenciar el tipo de políticas estatales que se apliquen en las IES públicas y privadas, porque “sus modelos y prácticas educativas no se pueden medir con el mismo rasero”.

En efecto, Botero Bernal afirmó que ambos tipos de instituciones requieren políticas que se adapten a sus particularidades. “En el caso de las públicas, se debe garantizar el financiamiento de la Educación Superior como un derecho de acceso público, porque siento que la están asfixiando; mientras que en el caso de las privadas, se tiene que atacar la proliferación de academias de garaje, carentes de calidad educativa”.

Frente a esta última situación, argumentó que es “urgente” reformar el sistema educativo para establecer normativamente mayores controles estatales, porque “están proliferando las IES de baja calidad que se convierten en universidades sin transformar seriamente sus estructuras administrativas y académicas, para realizar investigaciones de alto vuelo, ofrecer maestrías y doctorados, y apostarle al posicionamiento de sí mismas internacionalmente”.

Además, agregó que, desde su perspectiva, las instituciones privadas deben ser pocas y estar orientadas a la concentración, en condiciones de acceso democrático, para aumentar el número de universidades sólidas académica y financieramente. No obstante, “actualmente tenemos un sistema normativo que apoya la fragmentación; lo cual está generando la aparición de muchas academias pequeñas y débiles”.

Eso, aseveró, trae como consecuencia simultánea la expansión de un nicho de mercado, en el que se crean programas académicos baratos que titulan a profesionales mal formados: Así, saturan el espacio público con egresados que no son necesarios en el campo laboral, y causan una sobreoferta de que incide en la disminución de los sueldos.

Exigencias de los estudiantes

Isaac Buitrago Quintana, integrante de la Oficina de Asuntos Estudiantiles, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, U. de A., aseguró que la Educación Superior necesita “un cambio del paradigma con el cual se educa, para formar profesionales con una visión general de las dinámicas de la economía, capaz de crear modelos de desarrollo para Colombia”.

Y adicionó que ese aspecto se debe complementar con una democratización de los espacios universitarios, porque “el sistema actual restringe continuamente la capacidad de participación de la comunidad académica, tanto docentes como estudiantes, en la definición de políticas o lineamientos que la afectan directamente”.

Por su parte, Nataly Zapata, vocera en Antioquia de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, adujo que los cambios no deben provenir únicamente del Estado, con políticas públicas como la del Cesu, sino que tienen que generarse dentro de las IES. Para eso, “hay que exigir calidad dentro de las aulas, a partir del incremento de la cualificación docente y la reestructuración de  los currículos y microcurrículos con los cuales se forma a los profesionales, tanto en áreas del conocimiento como en el cumplimiento de funciones sociales y políticas”.

Finalmente, planteó un conjunto de interrogantes que sintetizan las preocupaciones que tienen los movimientos estudiantiles, con respecto al acceso a la Educación Superior, y que, considera, deberán ser resueltos en espacios de discusión democrática: ¿cómo exigen calidad educativa los estudiantes?, ¿qué modelos se aplican dentro de las aulas?, ¿quién está definiendo las políticas de la educación?, ¿quién está distribuyendo los recursos para el acceso?...

Educación y paz

Mario Hernández Álvarez, profesor de la Unal, aseguró que el concepto de “paz” que aparece en el “Acuerdo por lo Superior-2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la Educación Superior en Colombia, en el escenario de la Paz”, está planteado desde “el lado hegemónico”.

Eso genera en él tres interrogantes: ¿Cuál es el concepto de paz que tiene el Cesu como órgano asesor del Gobierno?, ¿Cómo conciben la paz los movimientos estudiantiles, en medio de sus diferencias ideológicas?, y ¿Cuál es el lugar de la Educación Superior en la obtención de la paz y en el posible escenario del postconflicto?

Razones para reformar la Ley 30

Andrés Botero Bernal aseguró que la mayor parte de los problemas para acceder a una educación de calidad se debe a “una cuestión estrictamente objetiva: la Ley 30 -que ‘organiza el servicio público de la Educación Superior’- fue creada para reformar el Decreto 080 de 1980 e instituida hace 22 años, cuando las condiciones eran sociales, económicas y políticas eran diferentes”.

Con el transcurrir del tiempo y la modernización de los contextos, “es necesario que los estados contemporáneos actualicen sus normas. Ese mero hecho de atraso en la renovación normativa ya invita a reformar esa ley y los decretos que la rodean, para evitar que empeoren las consecuencias del sistema educativo actual”, concluyó.