Una
apuesta del gobierno para lograr en 20 años lo que pretendieron sin éxito
imponer en la reforma a la ley 30, derrotada por la movilización estudiantil en
2011, a través de una gran cantidad de reformas y actos administrativos que
irán imponiendo progresivamente.
El
pasado jueves 17 de julio se reunió el Consejo Nacional para la Educación
Superior (CESU) para realizar los últimos ajustes de su documento denominado
“Acuerdo superior 2034: Propuesta de Política Pública para la excelencia de la
educación superior en Colombia, en el escenario de la paz”. Este documento es una
clara respuesta a la iniciativa de los estudiantes de construir un modelo
alternativo de educación superior, cuyos principales elementos están
consignados en su propuesta de ley alternativa, tras un proceso de discusión
colectiva liderado por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE).
El
gobierno nacional decidió tácticamente depositar en el CESU la confianza para
liderar el proceso de elaboración de una política pública para el sector,
partiendo de que, de acuerdo con la ley 30, esta institución dentro de sus
funciones debe elaborar esa política pública. Esta última, en términos
generales, consiste en definir cómo interviene el estado en el sector para el
cual se construye y de la cual se desprenden directrices para las instituciones
de educación superior, por lo cual este documento del CESU claramente propone
un modelo y una visión diferente y antagónica en muchos temas de la educación
superior que han propuesto los estudiantes.
El
documento del CESU en su presentación insiste en que el mismo fue producto de
un amplio mecanismo de discusión con los más diversos sectores, los
representantes estudiantiles y profesorales, más de 30 mil participantes en
todas las actividades, etc. Sin embargo, las principales organizaciones del
movimiento estudiantil han insistido en denunciar que este proceso no ha sido
tan amplio como dicen los voceros del establecimiento.
La
pretensión de la ministra María Fernanda Campo (y ahora del CESU) nunca dejó de
ser la de someter a los estudiantes a sus reglas y sus métodos autoritarios
para el debate: bienvenidos estudiantes y profesores, pero el gobierno
determina cuántos pueden hablar, cuándo pueden hablar, cuánto tiempo pueden
hablar, entre otras artimañas para negar la posibilidad a los universitarios de
expresar sus opiniones y propuestas.
Bajo
estas desfavorables condiciones, las organizaciones estudiantiles siguen
negándose a participar en los famosos foros del CESU, que de democráticos y
plurales no tienen nada. A pesar de que el documento afirma que la MANE
participó de la construcción de este proceso, ella en uno de sus plenarios
definió claramente no participar de estos foros por su carácter antidemocrático
y cerrado para los universitarios.
Los
elementos concretos del documento del CESU no dejan de ser los mismos que se
presentaron en la propuesta de reforma a la ley 30: a partir de falsas cifras y
promesas se insiste en decir que se han aumentado y se aumentarán los recursos
para la educación superior, que se ha logrado y se aumentará el número de
estudiantes que ingresan a la educación superior, que Colombia está dentro del
promedio en América Latina en términos de cobertura, que se han reducido y se
seguirán reduciendo las tasas de deserción estudiantil, entre muchas otras
mentiras.
La
retórica del documento es continuidad del discurso neoliberal para la
educación: eficiencia, eficacia, pertinencia, innovación social, excelencia,
entre otros que se contraponen a la idea de lograr una educación que resuelva
los principales problemas del país, de las comunidades en el campo y la ciudad,
entre otros. Los acentos siguen rotando alrededor de los intereses del gran
capital nacional y transnacional, no en torno a los problemas de la gran
mayoría de los colombianos.
Los
documentos adelantados hasta ahora se pueden leer en
www.dialogoseducacionsuperior.edu.co. Una lectura detallada y exhaustiva debe
comprometer a todos los estamentos universitarios hacia ubicar los elementos
más nocivos de la propuesta del CESU, para continuar con la construcción de una
propuesta alternativa de educación superior.
El
alcance que se le ha dado a este documento es bastante amplio, ya que pretende
que los lineamientos y principios ahí definidos queden incluidos en toda normatividad
que venga a futuro, desde proyectos de ley, pasando por documentos Conpes,
procesos de integración regional y hasta en los mismos planes de desarrollo de
las Instituciones de Educación Superior, incluyendo su financiación, todo esto
con perspectiva a 2034.
Esto
demuestra una apuesta del gobierno para lograr en 20 años lo que pretendieron
sin éxito imponer en la reforma a la ley 30, derrotada por la movilización
estudiantil en 2011, a través de una gran cantidad de reformas y actos
administrativos que irán imponiendo progresivamente. A diferencia de 2011, esta
vez los universitarios no están luchando contra una superley que condensa todo
el modelo, sino un plan fragmentado pero sistemático que pretende imponer en 20
años el modelo neoliberal de educación. Hoy más que nunca la lucha nacional
deberá estar ligada y alimentada por las luchas locales en cada Institución de
Educación Superior, donde realmente todo este modelo se concreta y se hace
realidad.
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