Denuncia
Pública No: 005
Situación
de derechos humanos del Centro Oriente Colombiano, en el marco de la jornada
nacional.
1 de
mayo. Día marcado con casos de tortura por parte de la Fuerza Pública,
respaldados por la inoperancia de algunos integrantes de la misión médica y representantes del ministerio público.
La
jornada nacional en conmemoración del día internacional del trabajo, según el
análisis de los medios masivos de comunicación transcurrió en completa calma;
sin embargo, casos de tortura estuvieron presentes en el desarrollo de
actividades de movilización pacífica por parte de campesinos del centro
oriente, en los departamentos de Boyacá y Santander.
Al
cumplir cinco días de movilización, las organizaciones defensoras de derechos
humanos del Centro Oriente, denunciamos situaciones donde se evidencia
claramente la brutalidad policial, la negligencia de funcionarios del
ministerio público y la infracción del juramento Hipocrático y el código de
ética médica por parte de una
profesional de la salud, además de la violación a la ley 23 de 1981.
Las
violaciones a los Derechos Humanos, siguen siendo una práctica sistemática por
parte de funcionarios del estado, hasta tal punto que se demuestra permisividad
por parte de los organismos de control.
Hechos:
1.
Durante el 1 de mayo, comunidades que se encontraban concentradas en Berlín
(Santander) se movilizaron hacia Pamplona,
superando todo tipo de obstaculización y agresiones por parte de la Policía
Nacional, quienes solo les permitieron llegar hasta un sitio cerca de esta
ciudad. El My. ROMÁN ROMEROLES de la Policía Nacional y sus hombres les
impidieron seguir, aludiendo que cumplían órdenes del alcalde de Pamplona Norte
de Santander, señor Carlos Bustos.
A pesar
que se hizo interlocución a través del defensor del pueblo de Norte de
Santander, no fue posible lograr que la policía dejara pasar a los campesinos
hasta la ciudad de Pamplona, solo hasta las 8:00 a.m del dia 2 de mayo, les
permitieron movilizarse en buses con la condición de ser escoltados por la
Policía nacional, hasta el sitio La Legía. Esta condición muestra una clara
infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario, ya que este tipo
de acciones desarrolladas por la fuerza pública pone en riesgo la vida e
integridad de la población civil en medio del conflicto armado. Esta comunidad se alojó en una finca con la
debida autorización de su propietario, sin embargo la policía nacional al mando
del Coronel FABIO CRISTANCHO, ha continuado las agresiones contra los
campesinos.
El día
2 de mayo, a las 5:00 p.m., fue detenido por la Policía, el propietario de la finca MAURICIO
VILLAMIZAR, a quien se le pretende obligar mediante presiones para que permita el
desalojo de las comunidades.
De la
misma manera, el menor de edad SERGIO ANDRÉS MOLINA de 17 años, familiar del dueño y residente de
la finca, fue detenido por miembros de la policía cuando éste se dirigía a la
tienda a comprar unos elementos para la casa. Durante su detención se le indagó
sobre su ocupación y sobre las personas movilizadas.
Cuando
los defensores de Derechos Humanos, JORGE FLORES, abogado del Equipo de
Derechos Humanos Pueblos y los jóvenes
ERICCKSON FERNEY RÍOS y YULIANA VILLAMIZAR, miembros de la seccional de la
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en Santander y la Asociación Nacional
de Jóvenes y Estudiantes de Colombia, ANJECO, se acercaron para averiguar sobre
los motivos de la detención del menor de edad, les fueron requeridos sus
documentos de identidad, y de manera violenta le arrebataron el denuncio de
perdida de documento de identidad de la defensora en mención, documento que no
fue entregado por los policías.
2. El
día 1 de mayo de 2014, en horas de la noche, en la ciudad de Tunja (Boyacá) se
llevó a cabo un cacerolazo con motivo de la conmemoración del día internacional
del trabajo y en solidaridad con las comunidades campesinas movilizadas en el
marco del paro campesino, étnico y popular. Siendo las 9:20 pm, frente al
centro comercial La Sexta; luego de terminarse la actividad, miembros de la
Policía Nacional detuvieron a varios estudiantes de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, cuando iban hacia sus lugares de residencia.
Los
detenidos corresponden a los nombres de: EDWIN ARIAS CC No: 1054681337, HENRRY
GARCIA SALAZAR CC No: 1031145721, ANDRES CELY, ANGIE NIETO, JOHANA MORENO y el menor CRISTIAN ANDRES SÁNCHEZ. Una vez
detenidos fueron trasladados al comando
de Policía y posteriormente a la Unidad de Reacción Inmediata URI.
El
joven HENRRY GARCIA SALAZAR, denuncio que él, EDWIN y CRISTIAN, por usar el
cabello largo, al momento de ser bajados del vehículo, fueron halados del
cabello y arrastrados , además fueron golpeados fuertemente a patadas y
bolillo; posteriormente les aplicaron gas pimienta en los rostros. La madre de
una de las victimas al darse cuenta intervino, exigiéndole a los uniformados
que dejaran de torturarlo. Siendo aproximadamente las 11:20 pm fueron dejados
en libertad en la URI.
Tan
pronto fueron liberados, HENRRY GARCIA SALAZAR
se trasladó de manera inmediata al hospital de Tunja, para que le
practicaran una valoración médica; estando allí, fue retenido nuevamente por la
policía Nacional y llevado por segunda vez a la URI. El suceso ocurrió, a las
11:50 pm.
3.
El día 1 de mayo de 2014, siendo
las 11:30 am, se encontraba un grupo de
aproximadamente cuatrocientos campesinos, ubicados con el permiso de su
propietario en predios privados correspondientes al restaurante El Copey, ubicado
a unos siete kilómetros del casco urbano de San Gil , por la vía que conduce de
esta ciudad al municipio de Pínchate (Santander).
Cuando
una gran parte del grupo se disponía a recibir los alimentos, fueron atacados
de manera sorpresiva por un grupo de aproximadamente cien integrantes del
Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, al
mando del Mayor JORGE QUITIAN de la Policía Nacional, quienes lanzaron gases y
balas de goma a corta distancia, de los movilizados, lesionando a varias
personas y detuvieron a nueve personas.
El ataque por parte de los efectivos se extendió por dos horas y media.
En el lugar se encontraba el defensor del pueblo, quien fue testigo de los
abusos y extralimitación de la fuerza, por parte de los uniformados.
El
campesino JUAN BAUTISTA ALONSO RAMIREZ, sufrió serias dolencias al recibir en
el cuello varios disparos de artefactos por parte del ESMAD, razón por la cual
tomo la decisión de dirigirse hasta el hospital de San Gil, con el objetivo de
ser evaluado clínicamente. Siendo las 7:00 pm, llego al centro hospitalario e
ingreso a consulta por urgencia, siendo atendido por una médica, que le
pregunto si el hacía parte de los campesinos movilizados, a lo que el señor
JUAN BAUTISTA respondió afirmativamente. De acuerdo a la informado por la
víctima, pudo observar que la
profesional, tomo un teléfono celular generando una comunicación telefónica, al
poco tiempo hizo presencia en el lugar dos agentes de Policía que se
movilizaron en una motocicleta; dirigiéndose a él y sometiéndolo a un
interrogatorio, posteriormente le
permitieron irse del lugar sin recibir atención médica.
4. El
día 2 de mayo 2014, en la vereda Capilla, municipio de Tutazá (Boyacá), siendo
las 8 a.m. el Alcalde del municipio de El Cocuy, ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL, se
dirigió hasta el lugar de concentración de las comunidades pacíficamente
movilizadas, desde allí, llamó al Coronel de la Policía Nacional, diciéndole
que “el paro estaba obstaculizando las vías con palos, piedras, quema de
llantas, etc”. Por lo anterior las comunidades aclaran que la movilización de
este sector ha participado pacíficamente del Plantón.
5. El
día 2 de mayo de 2014, un Coronel de la policía nacional de Duitama (Boyacá)
envió 40 uniformados a la vereda Caracoles, jurisdicción del municipio de Belén
(Boyacá), para reprimir la protesta. Desde las 9 a.m., la policía mantiene rodeados a los
manifestantes al punto que no los dejan movilizarse.
Exigimos:
Al
Estado colombiano respetar y garantizar los derechos de las comunidades
movilizadas y abrir los escenarios para la interlocución y análisis del Pliego
Único, además cumplir los compromisos con ellos pactados; A los órganos de
justicia y control, investigar los casos aquí denunciados con el ánimo de
castigar ejemplarmente a los responsables y evitar que estos hechos que
vulneran gravemente los derechos fundamentales, se sigan presentando.
Se
garantice la vida, integridad y libertad de las personas movilizadas, y de
manera especial a los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos que
han sido amenazados y estigmatizados por la fuerza pública.
Responsabilizamos:
Al
Estado colombiano y sus instituciones por las violaciones a los derechos
humanos presentados contra las comunidades movilizadas y sus dirigentes.
Llamamos:
A la comunidad
internacional, a organizaciones defensoras de Derechos Humanos, a estar atenta
durante y después de la jornada y en general a hacer seguimiento a la grave
crisis social y humanitaria que vive el país, exigiendo al ministerio publico
intervenir de manera efectiva ante estas flagrantes violaciones.
COORDINADORA
REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANO
FUNDACIÓN
DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA
CORPORACION
SOCIAL PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION COMUNITARIA –COSPACC
COORPORACIÓN
CHOAPO
FUNDACIÓN
DE DERECHOS HUMANOS PASOS
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