Así
se contempla en la propuesta de política pública y estructura del
sistema de educacservión superior que el CESU viene trabajando. Las
universidades serían profesionalizantes e instituciones de clase
mundial. Las instituciones universitarias desaparecerían, se daría
un gran protagonismo a las regiones y los gobiernos locales, y la
financiacióne staría condicionada a metas.
Igualmente
se dejaría de hablar de educación superior para hablar de terciaria
e incluir la educación para el trabajo y el desarrollo humano, se
impulsarán esfuerzos para que las IES compartan recursos como
laboratorios, conectividad y bases de datos, se redefiniría el rol
del SENA, los procesos de calidad (registro y acreditación) se
gestionaría desde las regiones, y se propone ampliar la
representación de las comunidades académicas en el CESU, así como
una mayor democratización en el gobierno de las IES públicas.
El
Observatorio presenta el documento propuesta de "Recomendaciones
de política púlitica y estructura del sistema de educación
terciaria", presentado en el CESU por la viceministra de
Educación Superior, Patricia Martínez Barrios, y el rector de la
Universidad del Tolima, José Herman Muñoz, representante de las
universidades públicas, con el apoyo del profesor Edgar Varela,
director del Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle.
El
siguiente es el documento:
Recomendaciones
de Política Pública y Estructura del Sistema de Educación
Terciaria.
Definiciones
del tema: Este documento, enmarcado en el Diálogo Nacional hacia la
construcción de la Política Pública de Educación Superior, es el
fruto de un trabajo participativo iniciado en el mes de Abril de
2013, desde el cual se busca abordar la renovación el sistema de
educación superior en Colombia. Este trabajo ha permitido a los
coordinadores de la mesa y al grupo técnico especializado
reflexionar, desde una visión prospectiva, acerca de los problemas
centrales del sistema en términos de articulación, calidad, ámbito
estratégico de generación de nuevos saberes, financiación,
regulación y gobernabilidad; los cuales son fundamentales para
entender la necesidad de promover un modelo sistémico relacional[1].
Como
lo plantea el profesor Varela, en uno de los aportes más relevantes
para la elaboración de estas recomendaciones, dicho modelo surge de
las experiencias de gobernabilidad política y territorial que dejan
de lado aquellos esquemas donde “la responsabilidad eminente y
monopolística del diseño, la formulación e implementación de la
política pública, le correspondía a entes gubernamentales”[2].
En
ese sentido, la estructura del sistema de educación superior puede
ser definida como el conjunto organizado y articulado de servicios y
estrategias educativas fomentado por el Ministerio de Educación
Nacional e implementado por las IES, cuyo fin es procurar una
educación calidad a todas y todos los estudiantes. Esta estructura
se consolida en el marco de una definición general de política
pública, entendida como “proceso integrador de decisiones,
acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por
autoridades públicas [o iniciativas de la sociedad civil] y
encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como
problemática. La política pública hace parte de un ambiente
determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o
mantener”[3].
Proyección
de la Política Pública y Estructura del Sistema de Educación
Terciaria en 2034:
Al
revisar los distintos componentes del sistema educativo colombiano,
así como las dinámicas del mundo moderno en torno a este tema
crucial del desarrollo, se evidencia la necesidad de una política
pública de educación terciaria para Colombia, que tenga un profundo
impacto para romper el inercialismo y propiciar un ajuste frente a
los principales desafíos y problemas que se han identificado a lo
largo de las deliberaciones adelantadas durante el presente año
lideradas por el CESU. Este cambio profundo tendrá por supuesto un
carácter estratégico, lo que significa que debe incorporarse como
eje principal una visión o mirada de largo plazo en relación con el
futuro de la educación terciaria en nuestro país.
En
este documento, por lo tanto, se contempla una propuesta de política
pública y de sistema de educación terciario que tenga como
horizonte temporal el año 2034, es decir, se sugire que el país se
dé una posibilidad para el despliegue y la concreción de los
objetivos de política pública durante, al menos dos décadas. Esto
nos permitirá dar un salto cualitativo que sea realmente
significativo y que incida en los problemas que actualmente se han
identificado y ponga al país en primera línea en materia de
educación terciaria en América Latina, con estándares semejantes a
los países que han liderado estos procesos en la región, tales como
Brasil, Chile y México, entre otros.
Igualmente,
en un período de veinte años deberemos ser capaces de alcanzar los
estándares medios de la OCDE; como se sabe, el actual gobierno del
presidente Santos ha iniciado un proceso para la incorporación plena
de Colombia a este selecto club de países desarrollados, que se
basa, en primer lugar, en buenas prácticas en los componentes del
sistema institucional y en la madurez del régimen o del sistema
político; en segundo lugar, en reglas claras y políticas diáfanas
de desarrollo económico, social y competitivo; y, en tercer lugar,
en el reto que implica superar los enormes desfases que en materia de
igualdad y equidad aún caracterizan a nuestra sociedad.
En
el documento, además de las metas de largo plazo al 2034, hemos
considerado conveniente situar otros dos momentos: uno de corto
plazo, que correspondería al final del próximo cuatrienio
presidencial, es decir, el año 2018, que representan aproximadamente
cuatro años y medio de acciones de política pública para el logro
de metas parciales que vayan en la dirección estratégica aquí
anotada; y, en segundo lugar, un plan decenal de educación terciaria
al 2024 que, igualmente, permita definir un segundo momento con
indicadores para evaluar y ajustar las metas estratégicas de largo
plazo de la política pública de educación superior que aquí se
propone. Esta política, como ya se ha dicho en varios documentos, se
basa en el reconocimiento de factores positivos, logros, procesos y
modalidades institucionales que han probado servirle al país y que
sustentan la base para este salto cualitativo.
En
primer lugar, Colombia ha venido avanzando institucionalmente en la
configuración de un sistema de calidad y de referenciación de la
educación terciaria que se expresa en la creación del
Viceministerio de Educación Superior, hace más de una década; la
transformación del ICFES, en función de la evaluación de los
rendimientos de los estudiantes, en los llamados exámenes de Estado
en sus distintas modalidades; la consolidación del CNA y de las
Salas Conaces y, en general, de todo el sistema de registro
calificado y de acreditación de la calidad de la educación.
En
segundo lugar, también se ha dado un salto muy importante en la
cobertura y en la matricula en general y en los diferentes estadios
del sistema, la cual representa un logro considerable respecto de los
logros del pasado, aunque se reconoce que faltan muchas acciones que
permitan estándares de cobertura comparables a los mejores en
América Latina y a los niveles mínimos del umbral de evaluación
que tiene actualmente la OCDE.
Otro
logro significativo se expresa en la consolidación de un sistema
mixto o dual, público y privado. En lo privado constituido por
entidades operadoras de la oferta educativa sin ánimo de lucro y en
lo público por universidades e instituciones técnicas y
tecnológicas del nivel central, creadas por el Congreso de la
República, y también un componente significativo de entidades
estatales creadas en los niveles sub-nacionales constituidos por
departamentos y algunos municipios.
El
salto en la calidad se expresa igualmente en la emergencia en la
última década de una oferta creciente y cualificada de programas de
formación avanzada especialmente maestrías científicas y
principalmente doctorados en diferentes áreas de conocimiento.
También se ha avanzado en las primeras etapas de consolidación de
procesos de internacionalización y de articulación del Sistema
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación y en la generación del
conocimiento con los pares latinoamericanos y las comunidades
académicas y científicas del orbe.
En
una discusión reciente, tanto en el CESU como en los diálogos
promovidos por el Ministerio de Educación y por otros actores del
sector en el último año y medio, se han identificado grandes
consensos y temáticas convergentes, primordialmente son ellas, una
mayor clarificación de las apuestas y de las estrategias requeridas
para alcanzar una educación de una mejor calidad, que implica, por
ejemplo, la cualificación mayor de los docentes, su
profesionalización y la extensión de los sistemas o regímenes de
carrera profesional meritocrática, con concursos abiertos para su
nombramiento, evaluaciones periódicas y pagos correspondientes a sus
niveles de contribución y al grado de complejidad de las tareas. Por
supuesto que esto no ocurre igual en el sector público que en el
privado, en el segundo, sin embargo, se observa una tendencia a
incorporar progresivamente en los estatutos profesorales o en los
regímenes en las distintas IES privadas muchos de estos principios y
metodologías de enganche, promoción y evaluación en la carrera
profesoral.
Existe
así mismo una convergencia significativa en cuanto a los objetivos y
estrategias del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Se han creado grupos de investigación en prácticamente
todas las instituciones educativas terciarias, hay una masa crítica
importante en algunos campos del conocimiento y en temas estratégicos
del país, ha emergido una política editorial madura y un sistema de
indexación de revistas que ha venido madurando y alcanzando
estándares internacionales y hay logros parciales en lo que
podríamos denominar productividad académica vista a la luz de las
bases de datos y de los registros de referenciación global, que hoy
en día son cada vez más utilizados en los ranking o estándares de
la educación terciaria.
También,
sobre la necesidad de continuar una política sólida y audaz de la
cobertura en el sector hasta lograr en este campo también estándares
internacionales de absorción y de retención de los jóvenes que
tienen interés en el desarrollo de sus carreras técnicas o
profesionales se han dado logros significativos. Quizás lo que aún
falta por definir es el lugar y la proporción que ocupa la educación
técnica y tecnológica, las entidades que deben ofrecerla y el rol
complementario o escalado que le corresponde propiamente al sistema
universitario, a la formación profesional y a las ofertas más
avanzadas de maestrías y doctorados.
Así
mismo existe creciente conciencia de la necesidad de reconocer la
diversidad regional colombiana para el diseño de las políticas
públicas del sector, hay una evidente desigualdad y disparidad en la
oferta educativa y en la asignación presupuestal, y durante las
próximas décadas se requieren acciones vigorosas y claramente
dirigidas de políticas públicas que tiendan a un desarrollo del
sistema mucho más equilibrado, cooperativo, compensatorio, para que
las oportunidades de la educación terciaria lleguen a las zonas
rurales, a regiones que tradicionalmente han estado marginadas.
Por
último, y sin ser exhaustivos, las discusiones recientes muestran un
grado muy importante de convergencia y de identidades en las
políticas públicas sectoriales, particularmente referidas a
calidad, cobertura, formación de los docentes y profesionalización
de la carrera, regionalización y internacionalización de la
educación, entre otras. Los temas cruciales en los cuales aún hay
disensos amplios o faltan alternativamente definiciones claras de
política, son aquellos que tienen que ver con el objeto de este
documento, es decir, con las políticas públicas de largo plazo, sus
cursos de acción y con el llamado sistema de educación terciaria;
y, en segundo lugar, otro gran ámbito en el que faltan consensos y
se requieren definiciones fundamentales es el crucial tema de las
políticas públicas de financiamiento y de sostenibilidad del
sector. Por lo tanto, a renglón seguido, detallaremos, en términos
propositivos, los lineamientos de política que la subcomisión
considera deben ser adoptados por el CESU y elevadas al estatuto de
política pública de largo plazo en la educación superior,
articulados a una redefinición sustancial del denominado sistema de
educación terciaria en Colombia.
4.
Lineamientos de política
Hacia
un nuevo modelo sistémico relacional de la educación terciaria en
Colombia.
El
primer gran tema que abordan estos lineamientos se relaciona con la
necesidad de definiciones estratégicas, innovaciones y
rectificaciones sustanciales en el sistema de educación que el país
debe adoptar para las próximas dos décadas; lo menciona el
documento de la mesa temática del CESU sobre sistema y políticas
públicas y había sido referido en documentos previos, en donde se
ilustra que es necesario corregir el denominado individualismo
organizacional. Si bien es cierto la Constitución Política
colombiana y la Ley 30 de 1992, o la que la sustituya, debe
explícitamente reconocer la autonomía universitaria -tema que no
colocamos en cuestión ni queremos desvalorizar- se requiere un
modelo mucho más sinérgico y cooperativo, que además tenga
poderosas vinculaciones con los territorios y las distintas regiones
del país. Asi sugerimos la configuración de un sistema de educación
terciaria con niveles de articulación, cohesionado y autónomo, con
instituciones de educación superior interdependientes.
Subsistemas
del Sistema de Educación Terciaria
En
el marco de una visión de un sistema de educación terciario, se
hace necesario que en el país se simplifiquen las denominaciones en
niveles de formación y las tipologías de instituciones, con el fin
de atender dos grandes campos que, aunque diferenciados, resultan
complementarios y con interrelaciones entre ellos. Por una parte, que
haya una clara apuesta por el fortalecimiento de la educación
técnica profesional y tecnológica y sus relaciones con la formación
para el trabajo y el desarrollo humano y el emprendimiento en una
dimensión semejante a la que en otros países se denomina “Community
College” y centros de formación técnica. Se requiere corregir la
patología actual que induce al conjunto de instituciones de
educación superior que trabajan en estos temas a transformarse en
universidades. Se requiere, al contrario, que se consoliden como
ámbitos de formación técnicos profesionales, tecnológicos y del
trabajo, que, sin pretender ser universidades, tengan paralelos o
similares niveles de calidad, complejidad y alcancen indicadores
internacionales relevantes en pertinencia e impacto. Las evaluaciones
recientes que se han hecho sobre el sector por diversos actores
(OCDE-2012-, Estudio Cinda (2011), Informe Instituto de Prospectiva
–Univalle, al Ministerio de Educación Nacional -2013- y otros)
evidencian una calidad insuficiente en la formación técnica
profesional y tecnológica en nuestro país.
Este
tipo de educación requiere bases de infraestructura, laboratorios,
lugares de práctica, convenios, que implican cuantiosas inversiones.
Tal vez, con la excepción del SENA, que ha incursionado en esta
oferta significativamente los últimos años, y de algunos otros
ejemplos destacables en diversas regiones del país que son bastante
minoritarios, el resto de la oferta no tiene las capacidades
institucionales, presupuestales, de profesionalización de sus
plantas profesorales, con infraestructuras inadecuadas y con una
falta de regulación del sector, en la medida en que, por ejemplo, la
formación para el trabajo y desarrollo humano se define en términos
territoriales por las secretarias de educación departamentales y
municipales y no corresponde estricto sensu al sistema de educación
terciaria. Esto debe ser corregido y claramente incorporado este tipo
de oferta educativa al sistema terciario. Así mismo se requieren
definiciones, incluso, yendo a propuesta de acto legislativo para que
queden claramente definidas las competencias de las gobernaciones y
de las alcaldías en este tipo de oferta y sus modalidades de
articulación con la educación terciaria.
Por
otra parte, proponemos que el conjunto de las instituciones
universitarias y de las universidades que actualmente son
reconocidas, se englobe bajo un denominador común genérico y
corresponda al subsector universitario de la educación terciaria en
nuestro país. En el marco de las universidades cabría distinguir
dos grandes tipologías o ámbitos según la complejidad. Las
universidades centradas en la oferta de pregrados de nivel
profesional y complementariamente en algún tipo de formación
postgradual, particularmente de especializaciones, especialidades y
maestrías, que no tendrían tampoco la imposibilidad de ofertar
educación técnica y tecnológica, pero lo podrían realizar sólo
como algo complementario y no como su centro o foco misional. Y, de
otro lado, las universidades de mediana y alta complejidad, estas
últimas con formación doctoral sólida, con sistemas de
investigación fuertes, que tengan liderazgo nacional y regional, y
que actúen cooperativamente buscando que sus estándares y sus
buenas prácticas sean referentes de cooperación sistémica en las
distintas subregiones del país y en los distintos ámbitos o campos
académicos o epistemológicos de actuación.
Es
de anotar que la definición de los subsistemas descritos, debe
armonizarse y artícularse claramente con el proceso de
fortalecimiento de la Educación para la Media, así como los avances
de la formación para el trabajo y el desarrollo humano –FTDH–
Estructura
del sistema regionalizado
El
tercer tema trata de la importancia de definir una estructuración
del sistema de educación superior y de sus subsistemas en términos
territoriales. La costa Caribe, el Eje Cafetero, la región del gran
Antioquia han avanzado en procesos muy claros de apuestas regionales
en diferentes campos; el suroccidente colombiano o la región
Pacífico también lo han hecho; la Orinoquía y la Amazonía son
áreas estratégicas en términos de soberanía, de recursos
ambientales y patrimoniales; y tendría que definirse concertadamente
la forma en que las demás regionales, particularmente la región
andina, se verían a sí mismas en términos de una
sub-regionalización. Para ello resulta fundamental partir de los
avances de los Comités Departamentales de Educación, que desde el
Ministerio de Educación Nacional, se han venido promoviendo, así
como los Pactos de Educación Superior, que obeceden a los
compromisos consesuados por los territorios, en cuanto a Educación
Superior.
El
sistema subregional, como corresponde a las dinámicas globales,
genera un espacio de iniciativa de política pública para la
transnacionalización de la educación terciaria. Hoy compiten y se
articulan a los mercados, más que los países, los territorios, las
grandes regiones metropolitanas y las subregiones. En esa dinámica,
buena parte de la responsabilidad por la internacionalización de la
educación y de la trazabilidad de iniciativas en esta materia
corresponderá a una gestión territorial cooperativa y sinérgica en
las diferentes áreas geográficas del país.
5.
Acciones de acuerdo los líneamientos de políticas.
Hacia
un nuevo modelo sistémico relacional de la educación terciaria en
Colombia.
A)
Hacer una apuesta fuerte por una gestión territorial descentralizada
y autónoma de los subsistemas de educación terciaria y que además
se puedan crear instancias organizacionales que faciliten la gestión,
la oferta educativa, la investigación y la innovación, todas ellas
con carácter trasversal.
Como
ya lo hemos dicho en varias ocasiones, se requieren sistemas de
soporte que no estén asignados explícitamente en términos de
responsabilizar a cada una de las IES o universidades que constituyan
el sector. Por citar algunos ejemplos que ilustren lo que queremos
decir: las bibliotecas que cada día son más virtuales y
digitalizadas deben corresponder a esfuerzos de política nacional,
un sistema bibliotecario, y de bases de datos, que pueda tener
cobertura nacional, articulado a los sistemas de bases de datos y
bibliotecas globales, cofinanciado por el Ministerio de Educación,
por las gobernaciones y alcaldías y por el propio esfuerzo de las
instituciones educativas del sector y de las universidades, bien sean
públicas o privadas.
Ello
generaría economías de escala significativas y estandarizaría con
adecuados niveles de calidad las bases de datos y bibliográficas
para el uso de los estudiantes, de los profesores y de los
investigadores, independientemente del grado de complejidad o de la
focalización misional que tengan las instituciones de educación
superior. Tendría, en este sentido, una plena cobertura regional y
no se presentarían los desbalances dramáticos que hoy se presentan
en la oferta de este tipo de soportes de trabajo académico entre las
grandes universidades, ubicadas generalmente en las grandes ciudades,
y las regiones periféricas del país.
B)
Ofertar de manera convergente e integrada para el servicio de
diferentes IES y universidades, soportes tales como laboratorios
especializados; escenarios deportivos que puedan ser compartidos en
su uso; hospitales para las prácticas de los estudiantes en sus
procesos formativos; e institutos y centros de investigación que no
estén adscritos a una universidad específica, sino que resulten del
esfuerzo cooperativo de varias de ellas, con participación del
sector productivo y empresarial, de los territorios, todo lo anterior
con base en sus propios recursos, en las transferencias de la nación
y en las regalías que recientemente se han modificado para promover
los programas de ciencia y tecnología en las regiones. Ya hay
ejemplos significativos de centros e instituciones de investigación
y de innovación de este tipo, pero no tienen una estructuración
sistémica que les permita ser un soporte transversal y cooperativo
para la educación terciaria en nuestro país.
La
informática, las TIC, el ancho de banda, la accesibilidad y la
conectividad son también elementos de política pública que deben
tener un carácter transversal, ser parte de una apuesta nacional
estratégica, tal como viene siendo diseñada por el Ministerio de
las TIC en programas como Colombia Vive Digital, en alianza con el
Ministerio de Educación, con otras entidades públicas, con los
entes territoriales y con la participación del sector productivo
empresarial y de las propias comunidades académicas de cada una de
las regiones.
Este
paso en una dirección correcta, y que viene siendo implementado,
debe ser profundizado y hacer parte de una apuesta sistémica de país
que permita descargar buena parte de la gestión y de la financiación
en los campos antes anotados de los presupuestos ordinarios de las
universidades e IES para que sean sistémicamente estructuradas en
políticas públicas de largo aliento.
Subsistemas
del Sistema de Educación Terciaria
A)
Nuestra propuesta gira en torno a la creación de un sistema
diferenciado en el cual existan dos grupos: universidades y
politécnicos. El primero hace referencia a un grupo de excelencia,
altamente calificado (que cuente con cuerpos académicos
profesionales de primer nivel) y reconocido, que dé cuenta una
formación científica e investigativa avanzada. Este primer grupo no
tiene la obligación única de ofrecer todas las áreas del
conocimiento, sino por el contrario puede tener una oferta
especializada en aras de la calidad.
En
este grupo de instituciones habría universidades profesionalizantes,
en una o diversas áreas del conocimiento, e instituciones de
investigación de clase mundial. El segundo grupo, está relacionado
con las instituciones de educación técnica que, al estilo de los
CEGEP[4] canadienses, permitan formar en un periodos de 2 a 4 años,
formar en competencias pertinentes para la inserción laboral. En
este esquema sería importante redefinir el papel del SENA sin que
este pierda su foco misional de formar para el trabajo y el
aprendizaje. Al igual que el primero grupo, en este deben haber un
grupo de politécnicos con los más altos estandares de calidad y de
clase mundial.
B)
En lo referente a las instituciones técnicas y tecnológicas del
sector público o los propuestos politécnicos, los comisionados
consideramos necesario dotar a este sector de una base presupuestal
estable de origen público, tanto de recursos de la Nación como de
compromisos explícitos permanentes y estables de los entes
territoriales que han acogido o que han creado estas entidades. No se
pretende con ello sustituir los recursos propios provenientes de la
matrícula y de la venta de servicios que han venido siendo la
principal fuente de funcionamiento de dichas entidades, sino reforzar
y complementar su financiación para que puedan elevar
significativamente su calidad. Como se ha planteado en varias de las
sesiones de discusión del CESU, necesitamos que haya también
entidades técnicas y tecnológicas, a cuya cabeza podría estar
indudablemente el SENA, con clase mundial, es decir, que ostenten
estándares internacionales de primera línea en la formación
técnica y tecnológica para impactar positivamente en los distintos
sectores de la actividad económica y en las distintas regiones de
nuestro país.
C)
Hacer una apuesta vigorosa por mejorar la oferta y la calidad en la
formación técnica y tecnológica y su artículación con la
Formación para el trabajo y desarrollo humano, además de regular de
mejor manera el mercado laboral en una acción que tome tanto las
caras de la oferta educativa y de la demanda laboral. Hay actualmente
propuestas y documentos que trabajan en esta dirección en términos
de la nomenclatura de los oficios, pero falta una definición
explícita y compartida entre el Ministerio de Educación y el
Ministerio del Trabajo a este respecto; que además tome en cuenta
los consensos y las recomendaciones de expertos en esta materia.
D)
Definir las exigencias de calidad básicas a todas las IES
(acreditación institucional obligatoria) y una serie de estrategias
de fomento de evaluación de la calidad para que en términos de un
plazo razonable, que aquí se sugiere sea de cuatro años (2018), las
instituciones universitarias reconozcan cuales son los requerimientos
para hacer parte del grupo de universidades. Al final del periodo de
tiempo de cuatro años, las instituciones universitarias que cumplan
los requisitos pasaran a se parte de las universidades y las que no,
deben desaparecer del sistema de educación superior.
Estructura
del sistema regionalizado
A)
Hacer de la sub regionalización y la territorialización un eje
central del sistema. No anticipamos una apuesta que delimite y
sub-territorialice el mapa del país, creemos, por el contrario, que
este es un tema que debe ser abierto a la discusión y definido una
vez los ejes fundamentales de re-significación de la política
pública tengan un consenso relativo alto en la discusión en el CESU
y en el sector. Por ejemplo: los sistemas de acreditación, de
evaluación de pares para el registro calificado, para la aprobación
de programas nuevos, de ofertas en maestrías y doctorados, deben
tramitarse principalmente desde una gestión descentralizada en los
territorios. Allí las universidades públicas y privadas de
excelencia existentes y las entidades técnicas y tecnológicas de
comprobada competencia, deberán jugar un papel de guía, promoción,
validación y certificación de la calidad y de las nuevas ofertas en
los distintos ámbitos que se requiera evaluar.
B)
Realizar un trabajo de diseño con participación del Congreso, los
entes territoriales, la Federación Colombiana de Municipios, la
Federación de Gobernadores, las asociaciones de alcaldes y de
diputados, los entes de control del nivel territorial, las
corporaciones autónomas regionales y organismos del nivel nacional
con asiento en los territorios. Deberán jugar un papel clave las
gobernaciones y las alcaldías que hasta ahora cumplen un papel
subordinado, o no reconocen su ámbito de competencia en la educación
superior – salvo incidentalmente algunas iniciativas regionales o
los temas de formación para el trabajo aquí aludidos. Esta será
pues, una tarea requerida en la primera etapa de implementación de
la política y deberá ser asumida por todas las instancias para
concretarla, dotarla de instrumentos, metas y de resultados.
a)
Consideración especialdel grupo, en caso de haberla, para
aclarar algún aspecto o similar. No más de dos párrafos.
Para
que las acciones y estrategias en política pública, que hemos
mencionado anteriormente tengan sentido, se requiere una modificación
sustancial de la gobernabilidad sistémica de la educación terciaria
en nuestro país. En términos concretos, aquí proponemos un papel
rector del sistema para un ente colegiado, que tiene semejanzas o
similitudes al actual CESU, sugerimos una mayor ampliación de la
representación de las comunidades académicas en dicho organismo. Se
propone que su Secretaría Técnica la tendrá el Viceministerio de
Educación Superior y que este espacio debe ser un escenario de
concertación, de evaluación, de configuración y actualización de
los indicadores, y de seguimiento de los objetivos de largo plazo de
política pública. Debe tener, por supuesto, un soporte
administrativo y organizacional a la usanza de otros entes de
coordinación que se han venido creando en nuestro país, que ya
corresponden a un nivel de Estado y no de gobierno, similares a las
comisiones de regulación utilizadas para los servicios Públicos, la
Junta Nacional de Televisión recién reconfigurada y el propio Banco
de la República, en cuanto entes autónomos que corresponden a
apuestas estratégicas y a políticas públicas de largo plazo.
Por
supuesto que la iniciativa de la financiación y de la asignación de
recursos le seguirá correspondiendo al Gobierno Nacional, a los
gobiernos territoriales en sus campos de competencia, y previo el
trámite por las instancias legislativas o parlamentarias
correspondientes; pero la financiación debe estar articulada, como
medio o recursos fiscales, a las metas y a los fines colectivamente
acordados en un gran acuerdo nacional, en unos ejes fundamentales de
apuestas estratégicas en la educación terciaria.
Proponemos
que la inspección y vigilancia que constitucionalmente le
corresponde al Presidente de la República y que este ha delegado en
el Ministerio de Educación, se autonomicen en una Agencia nacional
por la calidad y la pertinencia en la educación terciaria, esta
agencia tendría una doble naturaleza, en primer lugar, sería una
instancia regulatoria y, en segundo lugar, cumpliría las funciones
de inspección y vigilancia; debería tener una operación en los
territorios de carácter descentralizados, articulados a los
subsistemas territoriales de educación terciaria; e imbricar en ella
las autoridades creadas en los temas de registro calificado,
evaluación del desempeño, seguimiento de indicadores e inspección
y vigilancia, propiamente dichas.
De
tal suerte que las funciones del Viceministerio de Educación
Superior y, en general, de las autoridades del Ministerio estén más
centradas en la formulación y el acompañamiento en las políticas
públicas educativas del sector, en su alineamiento con los
respectivos planes de desarrollo y en un trabajo sinérgico de
movilización nacional en pos de los grandes derroteros de la
educación superior, en donde es muy importante la articulación
desde el Ministerio, de la gestión que en este campo hagan las
gobernaciones y las alcaldías, y las dinámicas operacionales de
formación para el trabajo, como las que en la actualidad oferta el
SENA y el subsistema que con esta denominación existe.
Tiene
que ver con el gobierno de las Universidades y las instituciones que
actualmente operan como establecimientos públicos, sugerimos que
haya una mayor democratización en la participación de sus
estamentos básicos, sin pretender llegar a una suerte de cogobierno
o exclusión del Estado y de los sectores que representan a la
sociedad civil, como ha sido tradición desde la Ley 30 de 1992, allí
se estipuló un modelo que consideramos válido y es definir un tipo
de representación proveniente del Estado y de las autoridades
territoriales, en segundo lugar, de las propias comunidades
académicas y, en tercer lugar, de representación de la sociedad
civil, que usualmente lo hacen egresados, delegados del sector
productivo, rectores universitarios.
Una
arquitectura que respete estos principios tutelares, pero que aumente
la participación de los estamentos podría ser un paso en una
dirección que mejore la corresponsabilidad, la vigilancia y la
participación de los estamentos académicos que son, en últimas,
los verdaderos operadores y responsables de los logros y de los
desafíos en política pública en el sector.
[1]Es
de anotar que el documento recoge las discusiones que se han dado a
lo largo de los diversos espacios y aportes generados en el marco de
la construcción de un marco prioritario de Educación Superior
generados por el CESU. En particular es de resaltar los aportes
consagrados en el documento de Política y Estructura del Sistema,
presentando al CESU el 16 de julio de 2013.
[2]VARELA
Edgar, “RENOVAR EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA –
Hacia una arquitectura institucional, sistémica relacional para el
sector, desde una visión prospectiva”, segunda versión, abril 29
de 2013, p. 6.
[3]VELÁSQUEZ
Raúl, “Hacia una nueva definición del concepto “política
pública”, en Desafíos, n°20, semestre I de 2009, Bogotá, p.
156.
[4]Los
CEGEP, por su sigla en francés Collège d'enseignement général et
professionnel, se refieren a la educación postsecundaria de
entrenamiento vocacional de calidad impartida en la provincia de
Quebec, Canadá. Hoy existen 48 CEGEP, de los cuales 5 imparten
formación en inglés.
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