Bucaramanga
2 y 3
de noviembre 2013
El
modelo trazado para las ciudades colombianas responde a las lógicas del sistema
neoliberal, excluyente, monopolizado, injusto, para servir al capital
económico.
Las
ciudades colombianas son las de mayor desigualdad en Latinoamérica. La ciudad
se ha adecuado a las condiciones que exige la complejización de la sociedad y
las dinámicas del mercado, lo que trae consigo la implementación de diferentes
políticas que profundizan la segregación urbana, aumentado la brecha entre la
ciudad planificada y la ciudad fragmentada. Los grandes proyectos urbanos y el
devenir de las dinámicas del conflicto están en relación directa con los
proyectos macro estatales de dimensiones internacionales que comienzan a
sentirse en la vida cotidiana de los pobladores y pobladoras urbanas,
potenciando para las principales ciudades del país, la construcción de
proyectos Ciudad-Región que priorizan los intereses de los empresarios, dándole
un enfoque a la ciudad de prestadora de servicios priorizando los sectores
financieros e inmobiliarios; en tanto las ciudades pequeñas e intermedias se
asumen como ciudades para el despojo y corredores de enlace.
En ese
proyecto de ciudad, los sectores populares son considerados como “frenos” y
generadores de conflicto, segregados de un modelo para el que no son
funcionales, y a quienes se niega el derecho al territorio urbano, y sus
relaciones con lo rural.
Pobladoras
y pobladores urbanos nos encontramos atravesados por diversas problemáticas
comunes, los altos índices de desempleo que conlleva a que los pobladores
sobrevivan del trabajo informal y otros acudan a la ilegalidad, el robo o el
micro tráfico. A esto se suma la tercerización y la falta de garantías
laborales, incluyendo la estigmatización y crisis sindical. Los pobladores
urbanos hoy nos sentimos despojados de nuestros derechos sociales de la
educación y la salud, porque el Estado no nos garantiza un acceso democrático,
por el contrario han sido derechos
violados y privatizados.
El
crecimiento demográfico como consecuencia del desplazamiento forzado es uno de
los factores que muestran cómo el conflicto social y armado también atraviesa
las ciudades de Colombia, esta situación engrosa los cordones de miseria
existentes en los territorios urbanos en donde no se ofrecen condiciones para
la vida digna, esto se evidencia en una gran cantidad de asentamientos urbanos
que exigen la falta de garantías para el derecho y acceso a la vivienda digna y
la división de los territorios urbanos en zonas para mostrar y periferias para
ocultar.
Otros
problemas muy sentidos en las ciudades son el abuso de las empresas prestadoras
de los servicios públicos, las altas tarifas y el limitado acceso a los
derechos básicos domiciliarios, al igual que el derecho al transporte público
porque no hay un sistema de movilidad que sea incluyente. Se denuncia la
explotación minero energética y el abuso de los bienes naturales, la inexistencia
de planificación ambiental en las ciudades
que se evidencia en la contaminación de los recursos hídricos, el
desabastecimiento de agua, la desaparición de páramos y humedales, las grandes
plantaciones en zonas periurbanas , las inundaciones, la caducidad de rellenos
sanitario que causan graves problemas de salud.
A esto
se suma la violencia sistemática de los derechos humanos reflejado en la
mmilitarización de la vida, la presencia de paramilitarismo, la aplicación de
la ley de seguridad ciudadana, el reclutamiento forzado para el ejército
nacional, todo esto redunda en la estigmatización y persecución a líderes,
lideresas y control de la vida social.
En este
contexto los procesos urbanos nos reafirmamos en una disputa por las ciudades
para la vida digna y no para el capital. Reunidos en la ciudad de Bucaramanga
nos ratificamos en la construcción de un movimiento urbano popular, que logre
articular los procesos locales de las ciudades colombianas, para disputar el
territorio y construir poder popular en barrios y en las calles. Nos
comprometemos para desarrollar los siguientes mandatos:
- Consolidación
de habitat y vivienda digna que sea un hogar integral y protección de los
territorios donde habitamos. La vivienda debe ser gratuita, sin hacinamiento y
es necesaria un mejoramiento integral barrial.
- Servicios
públicos con mínimos gratuitos entendidos como derechos y no como venta de
servicios. Los servicios públicos deben ser operados por empresas públicas.
- Trabajo
digno y economía solidaria. Consumo de productos nacionales, locales y propios
como un ejercicio de soberanía. Una lucha conjunta de trabajadores informales,
desempleados, precarizados y subcontratados por trabajo con condiciones
laborales que garanticen la organización y el buen vivir.
- La
defensa de los Derechos de los pueblos contra la militarización, la
criminalización, y la estigmatización como mecanismo de respuesta que lleve a un control de lxs
pobladores urbanos sobre la fuerza pública y ponga freno a la represión en las
ciudades.
- Defensa de bienes de la naturaleza y oposición al
modelo minero energético y agroindustrial extractivista. Nos comprometemos a
defender un mínimo vital gratuito del agua y una utilización racional de la
misma, así como la reducción del 50% de
los precios de la gasolina
- Nos
comprometemos a defender la educación pública en todos los niveles, gratuita y
de calidad. Exigimos que no existan restricciones para el acceso a las
instituciones de educación superior de las y los jóvenes que salen de
instituciones secundaristas. Propendemos por la construcción de una educación
popular que garantice que las ciudades sean entornos de paz y vida digna.
Llamamos
a la realización de un foro alternativo popular
y movilización popular que se realizara en abril de 2014.
Participantes
del II Encuentro Nacional Urbano
Construyendo
país para la vida digna
0 comentarios:
Publicar un comentario