Cocina
de la Comunidad Destruida por los Trabajadores de Juan Manuel Fernández
I. INTRODUCCIÓN
El 31
de Octubre de 2013, se instaló una Misión de verificación de la situación de
las familias de Pitalito recientemente desalojadas por disposición de la
administración municipal de Chimichagua – Cesar, con el objetivo de establecer
la situación humanitarias en que se encuentran estas personas y las condiciones
actuales de los predios de los que fueron expulsados (Predios San Miguel y
Pitalito).
En
horas de la mañana toda la delegación se desplazó hacia la Vereda Pitalito,
dividiéndose la comisión en grupos a efectos de constatar las condiciones de
ambos predios y el lugar donde se encontraba asentada la Comunidad. En la
tarde, la Misión se entrevistó con las familias que actualmente se encuentran
en el municipio de Curumaní.
Además
de la inspección ocular a los predios, los distintos grupos de la Misión
recaudaron el testimonio de campesinos de la zona, además de los miembros de
las familias desalojadas.
II. LO
OBSERVADO
A los
pocos minutos de arribar al asentamiento hicieron presencia dos trabajadores de
Juan Manuel, quienes de inmediato se escondieron.
La
Misión pudo constatar la destrucción total del asentamiento humanitario. Los
postes de madera que soportaban la estructura de la escuela fueron cortados con
motosierra. La totalidad de las viviendas rústicas construidas por la comunidad
han sido arrasadas, lo mismo que la cocina comunitaria y el lugar donde se
almacenaban alimentos.
De
igual manera se verificó que de varias pertenencias de las familias
desplazadas, que no lograron ser trasladadas, fueron incineradas, observándose
varios montículos de cenizas; otros objetos han sido inutilizados con elementos
corto-punzantes.
La
Misión constató la existencia de los cultivos colectivos de la Comunidad:
cuatro hectáreas de maíz, cerca tres mil matas de yuca, además cultivos de
Pimentón, Tomate, cebollín, pepino, ahuyama, pequeños árboles de aguacates,
semilleros de guanábana, limones y papayas.
Delegados
de la Misión recibieron las entrevistas de pobladores de la zona, quienes
señalaron que el día lunes 28 de octubre, en el lugar donde está ubicado el
asentamiento humanitario de la comunidad, hoy destruido, fueron detenidos dos
jóvenes que subían hacia la serranía por parte de dos civiles armados, quienes
luego de interrogarlos les permitieron seguir su curso.
La
Misión también conoció el testimonio de personas que indican que los
trabajadores de Juan Manuel Fernández de Castro recibieron la orden de cortar
las cercas instaladas por la comunidad para proteger los cultivos, para que el
ganado destruyera los mismos.
Miembros
de la Misión que recorrían el predio, observaron que hombres al servicio del
terrateniente Fernández de Castro del Castillo; soltaron un número cercano de
80 reses que se dirigían hacia los cultivos de la Comunidad.
Delegados
de las organizaciones que conformaron la Misión se desplazaron hasta el sitio
donde se encuentran viviendo varias de las familias recientemente desalojadas
de la Vereda Pitalito, constatando que están hacinados en la residencia de una
familia de Curumaní. Al ser interrogados sobre su situación humanitaria,
señalaron que no cuentan con ningún tipo de ingreso económico del cual derivar
su subsistencia y que la Alcaldía de Chimichagua no les ha ofrecido
alternativas de reubicación o alojamiento; sin embargo, afirman que han
recibido la solidaridad de la Comunidad y organizaciones sociales y sindicales
del país y otras partes del mundo.
Las
familias entrevistadas destacan la actuación oportuna de la Defensoría Regional
del Pueblo y señalan que se sienten nuevamente abandonados por el gobierno
local, tanto de Chimichagua como de Curumaní, aunque reconocen que han recibido
colchonetas, kits de aseo y algunos mercados básicos.
Afirman
que sienten que su vida corre peligro, pues se han sentido asediados y
vigilados en el lugar donde se encuentran temporalmente refugiados, al
percatarse de la presencia de personas extrañas que toman fotografías del sitio
donde viven y de los miembros de la comunidad.
III.
CONCLUSIONES
La
Misión advierte que las familias de la Vereda Pitalito viven actualmente una
limitación severa de múltiples derechos fundamentales, entre ellos, al Mínimo
vital, la salud, la dignidad humana, a la integridad personal, a una vida
digna, y los derechos de los niños y niñas a crecer en un ambiente que les
brinde seguridad y estabilidad física y emocional.
A
partir de las condiciones constatadas y conforme a los testimonios de la
Comunidad se observa que se han desconocido los compromisos internacionales adquiridos
por el Estado colombiano de garantizar la vigencia de los derechos inalienables
de la población desplazada, los cuales “…deben respetarse antes, durante y
después de su éxodo o del retorno a sus hogares, debiéndose proveerles además
lo necesario para garantizar su bienestar y dignidad humana”, de “…mejorar la
situación de los niños refugiados y desplazados, tomando en cuenta lo dispuesto
específicamente en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989”
(Declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas ); así como de
“…establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso
voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de
residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país”
Para
esta Misión, la administración municipal de Chimichagua, ha desconocido la
jurisprudencia pacífica de las altas cortes en especial la Corte
Constitucional, en el sentido que previo a un desalojo se debe garantizar a las familias desplazadas
“(i) un albergue en condiciones acordes para la dignidad humana; (ii) planes de
vivienda que les permitieran garantizar este derecho a largo plazo; y (iii) los
demás componentes de la ayuda humanitaria de emergencia y de estabilización
socioeconómica previstos en la ley y en la jurisprudencia para esta población”
IV.
RECOMENDACIONES
Teniendo
en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentras las mujeres,
niños y hombres de la comunidad de Pitalito, la Misión presenta las siguientes recomendaciones
y solicitudes:
1. A la
Unidad de restitución de tierras, solicita imprimir celeridad al trámite de la
solicitud de restitución presentada por las familias de Pitalito, actualmente en
condición de desplazamiento.
2. A la
Unidad de Víctimas solicita intervenir en el marco de sus competencias, para
garantizar los derechos fundamentales y la atención que requieren las familias
incluidas en el registro de víctimas, dada su condición actual.
3.
Requiere a la Procuraduría General de la Nación para que investigue las
posibles faltas disciplinarias en que pudieron incurrir los funcionarios que
intervinieron en la diligencia de desalojo de la Comunidad de Pitalito y
aquellos que han desconocido su deber constitucional y legal de prever un plan
de contingencia para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de la
población desplazada.
4.
Solicita a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en las
investigaciones iniciadas en razón a la denuncia penal que por desplazamiento
forzado presentaron los miembros de la comunidad de Pitalito en abril del año
2010.
5.
Alienta a la Defensoría Regional del Pueblo para que continúe realizando un
seguimiento riguroso a la situación de las familias de Pitalito e intervenga en
el marco de sus competencias ante las entidades obligadas legal y
constitucionalmente a dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales y
los lineamientos de la Corte Constitucional en lo que respecta al tratamiento
de la población desplazada.
La
Misión estuvo conformada por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos, el Equipo Jurídico Pueblos, la Seccional Cesar del Sindicato de
Trabajadores del Sistema Agroalimentario – SINALTRAINAL, delegados de la Junta
Nacional del Sindicato de Trabajadores del Sistema Agroalimentario –
SINALTRAINAL, el Movimiento de Trabajadores, Campesinos y Comunidades del Cesar – MTCC, miembros del Colectivo Sur
Cacarica de Valencia, delegados de Álvaro Vega del Comité Ejecutivo de la CUT,
Periodistas de medios de comunicación alternativos, la Asociación de Abogados
Defensores de Derechos Humanos - ACADEHUM, el Semillero de Investigación Bogá
Tularí de la Universidad Industrial de Santander y fue acompañada por el Dr.
Eliecer Vásquez de la oficina de Paz de la Gobernación del Cesar.
Imágenes
de la Misión de Verificación:
Cultivos
Colectivos de la Comunidad - Tomates
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