En lo
que se ha denominado la otra agenda del conflicto, el gobierno colombiano, en
cabeza de Juan Manuel Santos, ha desatado, a través de los estamentos de
seguridad y militares, una cruenta persecución contra las organizaciones
populares, al tiempo que en una clara coincidencia con esta estrategia, fuerzas
paraestatales asesinan y desplazan a cientos de colombianos y colombianas en
varias regiones del país.
Durante
el masivo Paro Nacional Agrario y tal como fue denunciado en la Cumbre Agraria
y Popular "la represión gubernamental dejó un saldo desolador, que incluye
la pérdida de 12 vidas humanas, 4 personas desaparecidas, 660 casos de
violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en todo el país, 262 detenciones arbitrarias, 485 personas
heridas, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas
contra los manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques indiscriminados
a la población civil en diferentes
departamentos del país".
Pero en
plenas negociaciones con los procesos en Paro las violaciones a los derechos
humanos han continuado, miremos una pequeña muestra de estos casos:
1. El 8
de septiembre fueron amenazados Marleny Benítez y Felipe Triana, reclamantes de
tierras en Apartadó.
2. El
17 septiembre de 2013, fue asesinado en Ituango Nelson Giraldo Posada,
dirigente del movimiento de los afectados por la construcción de HidroItuango.
3. El
27 de Septiembre fue asesinado Raúl Perdomo Pimentel, afiliado de la Unión
Sindical Obrera, USO, del Putumayo. Este mismo día 27 de septiembre mientras se
desarrollaban conversaciones entre los voceros de las comunidades movilizadas
en Aguachica y el gobierno nacional, varios sujetos infiltrados del servicio de
inteligencia como paramilitares que se
encontraban en el sitio de concentración, comentaron abiertamente que el
propósito que ellos tenían era asesinar a Teófilo Acuña y a Narciso Beleño.
4. El 1
de Octubre fue asesinada Adelinda Gómez Gaviria de 36 años de edad y madre de
tres hijos; era una defensora de derechos humanos y lidereza campesina que se
oponía a los megaproyectos mineros en el Departamento del Cauca.
Estos
casos coinciden en varias cosas pero la principal de ellas es que son acciones
contra dirigentes y procesos que están luchando contra el modelo extractivo y
las locomotoras del progreso del gobierno nacional.
Por
otra parte, envían un mensaje claro: no hay voluntad por parte del gobierno, ni
de los poderes que representa (terratenientes y transnacionales) de querer
resolver el problema de la tierra y el minero-energético.
Ad
portas de iniciarse una nueva jornada de lucha de los pueblos, convocada desde
la próxima semana de octubre, varias son las alertas, puesto que en
Colombia
no está garantizado el derecho a la protesta y, por el contrario, la agenda de
la guerra contra las legítimas expresiones populares están a la orden del día.
De otra
parte, el discurso de la paz del presidente Santos se desgasta día a día; queda
cada vez más claro que mientras trata de instrumentalizar ésta al servicio de
su reelección, la orden de violencia ha sido expedida.
Nos
solidarizamos con los procesos sociales a quienes les han sido quitados a sus
dirigentes y llamamos a fortalecer los procesos de unidad y lucha, por la vida
digna, la soberanía y la permanencia en nuestros territorios rurales y urbanos.
Comisión
de Comunicaciones - Congreso de los Pueblos
Comisión
de DDHH - Congreso de los Pueblos
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