En
la actual coyuntura es necesario buscar un amplio consenso para buscar formas y
mecanismos que devuelvan protagonismo a los universitarios con el fin de que
éstos no estén obligados a constantes disputas para el reconocimiento de su
opinión, y así mismo para dejar de someter a la universidad a azarosos periodos
como los que se han visto, por ejemplo, en la Universidad Nacional
especialmente desde el 2003, en los que el desgaste de una ordenación
gubernativa ha mantenido en permanente conflicto al Alma Mater del sistema
universitario colombiano.
Germán
Paul Cáceres
En
momentos en los que el país discute sobre el futuro de la educación superior y
que por sobradas razones la mayor atención se centra en el tema de la
financiación, vale la pena insistir en que junto con este tema ineludible, la
cuestión del gobierno universitario es otro pilar fundamental del que depende
la realización plena de los fines científicos y académicos de la universidad,
especialmente, la universidad pública.
En un
artículo anterior, se discutió la caracterización del gobierno universitario1,
en esta oportunidad se hará énfasis en la democracia universitaria como una
condición necesaria para la transformación de la forma de gobierno
universitario, que en su actual carácter burocrático conspira contra la
estabilidad y los fines sustantivos de la universidad.
Sobre la Democracia Universitaria2
La
naturaleza de la universidad que se realiza con un pleno ejercicio de su autonomía,
requiere que las justificadas lógicas de jerarquía académica convivan con la
dinámica propia de un espacio esencialmente público definido por la
participación reflexiva de los miembros de la comunidad y el tratamiento
igualmente público de todos los asuntos universitarios3. Esto implica, que la
universidad en general y la universidad pública en particular, sean instituciones
con vocación democrática.
Pero
hablar de democracia en la universidad o más precisamente de democracia
universitaria, no puede confundir los términos en los que se discute sobre la
democracia política moderna relativa a la forma de gobierno del Estado y los
que deberían conducir una discusión sobre el ámbito universitario. En este
caso, la democracia en la universidad es sólo de carácter tendencial y
aproximativo y en ese sentido es que remite una vocación4.
La
ontología del quehacer universitario se sustenta en la reproducción del saber
experto que funciona de forma meritocrática; por tanto, la universidad no se
puede comparar con la sociedad política, pues sólo es parte y específica
manifestación de ésta.
Sin
embargo, la democracia como forma de gobierno involucra condiciones
sustanciales que la llevan más allá de su simple instrumentalización como
procedimiento electivo de mayorías circunstanciales. Condiciones como el
reconocimiento de la ciudadanía sobre la base de un conjunto de libertades y
garantías sociales mínimas para intervenir en los asuntos de la vida pública
con normas comunes a todos, hacen que la democracia halle su justificación en
el espíritu de sus valores y condiciones, y que lo democrático sea un ethos,
más allá de la forma que toma un régimen político y se convierta en una manera
general de concebir el funcionamiento de la sociedad y de sus instituciones
públicas.
De este
modo, se hace posible hablar de Democracia Universitaria en tanto la naturaleza
de la universidad trata de asuntos públicos (el conocimiento científico)
desarrollados por individuos que en su condición de académicos se reconocen
como pares y deben ejercer su función con libertad de pensamiento y autónomo
discernimiento.
La
universidad reafirma en su naturaleza un ethos democrático que supera las
dimensiones electorales de la democracia en la comunidad política; incorporando
necesariamente la deliberación pública como principio de permanente
realización. De tal modo que la democracia en la universidad no es, en lo
fundamental, un determinado modo organizacional de toma de decisiones, sino un
principio normativo que remite a ese ethos que debería amparar su misión social
y cultural en la sociedad.
La prevención burocrática contra la
democracia en el gobierno de la universidad
Que lo
democrático en la universidad pública colombiana remita esencialmente a un
ethos, no invalida la preocupación sobre la manera en que se toman las
decisiones, ni sobre la forma de gobierno universitario, de hecho la reafirma.
La forma de gobierno es en gran medida la que convalida la vocación democrática
universitaria, de ahí resulta relevante la tradición de la universidad pública
latinoamericana desde la Reforma de Córdoba: alcanzar formas de gobierno que
profundicen la democracia universitaria, predominando por lo tanto, formas más
o menos imperfectas de gobierno colegiado.
Pero
ese no es el caso de Colombia, en donde la predominancia de un modo de gobierno
universitario de tipo burocrático con fuerte control del poder político
rechaza, obstaculiza y sataniza permanentemente las discusiones sobre
democracia universitaria y por supuesto, las iniciativas para su
profundización. En realidad, no son las dinámicas meritocráticas de perfil
vertical y especializado propias del medio académico las que son incompatibles
con prácticas que cristalicen el ethos de lo democrático en la universidad,
sino que es la forma de gobierno burocrática actual de la universidad la que es
definitivamente incompatible.
La idea
promovida desde el Ministerio de Educación Nacional y desde sectores que se han
beneficiado de ese modo de gobierno al interior de las universidades públicas,
de que hablar de democracia universitaria es inaudito y peligroso para la
estabilidad institucional y que hacerlo, por ejemplo, en debates sobre el
gobierno de la universidad y la escogencia de sus autoridades “contamina” de
politización a los universitarios, esconde que en los hechos la contaminación
política de la universidad ya se efectuó cuando se hizo irrelevante la
incidencia de profesores y estudiantes y se privilegió la determinante
presencia numérica de representantes del poder político y grupo directivo de
turno en los Consejos Superiores y de paso, se le dio a este organismo un excesivo
grado de concentración de competencias de todo tipo (académicas, administrativas,
disciplinarias, etc.).
La
terquedad ideológica que ha prevalecido al respecto y que es adversa al
reconocimiento de la madurez política de los universitarios y por tanto al
desarrollo de formas amplias de participación para la decisión, oculta la
trampa del desplazamiento de los universitarios de las decisiones
universitarias sobre la conducción político-institucional de tales
instituciones. Esto es así, aun con la existencia de concesiones insuficientes
como las llamadas “representaciones” o “consultas” con las que se pretende
disfrazar un relato sobre colegialidad, democracia y participación5.
En la
actual coyuntura es necesario buscar un amplio consenso para buscar formas y
mecanismos que devuelvan protagonismo a los universitarios con el fin de que
estos no estén obligados a constantes disputas para el reconocimiento de su
opinión, y así mismo para dejar de someter a la universidad a azarosos periodos
como los que se han visto, por ejemplo, en la Universidad Nacional
especialmente desde el 2003, en los que el desgaste de una ordenación
gubernativa, proclive a la concentración y captura del poder de decisión, ha
mantenido en permanente conflicto al Alma Mater del sistema universitario
colombiano.
Vale la
pena impulsar propuestas que aboguen por renovados órganos de gobierno con
nuevas características6 y que superen la explicación maniquea y facilista, muy
común de este estado policial en el que vivimos, de que el conflicto alrededor
de la toma de decisiones en la universidad sólo se trata de la acción de
grupúsculos oscuros con intereses inconfesables, que se enfrentan al pulcro y
bien intencionado grupo directivo de turno cualquiera que sea su signo.
***
1 La
autonomía de gobierno en la actual coyuntura universitaria. Disponible en,
http://www.palabrasalmargen.com/index.php/articulos/category/german-paul-caceres
2 Una
revisión más detallada de este tema se encuentra disponible en
http://hdl.handle.net/10469/4905. Para éste artículo agradezco los comentarios
previos de Jady Caballero.
3 Maturana
(1990) profundiza en estas condiciones como principios básicos del carácter
democrático de los espacios universitarios. (MATURANA, Humberto. (1990)
“Gobierno universitario como co-inspiración”. En, COX, Cristian. (ed.) Formas
de gobierno en la educación superior: nuevas perspectivas. Presentación e
introducción. FLACSO. Chile)
4 Naishtat
y Toer (2005) desarrollan una interesante discusión a este respecto,
insistiendo en la realización de un principio democrático en la universidad que
es “gradual y perfectible” y que no debe concebirse como una cuestión binaria
tipo democracia/autoritarismo o democracia formal/democracia real. (NAISHTAT,
Francisco. TOER, Mario. (2005) Democracia y representación en la universidad.
El caso de la Universidad de Buenos Aires desde la visión de sus protagonistas.
Editorial Biblos. Buenos Aires.)
5 Lo del
gobierno colegiado en la universidad pública colombiana basado en la figura de
los representantes profesoral y estudiantil y en la convocatoria a consultas
para la designación de autoridades, funciona más como legitimación de un
discurso de supuesta incidencia pero en la práctica se revela inicua. Sin
mencionar, la crisis de credibilidad que sufren dados los altos niveles de
abstención en las elecciones de estos cargos.
Sobre
las “representaciones” el profesor de la Universidad Nacional Víctor Manuel
Gómez señala que: “sociológicamente es imposible que un cuerpo tan complejo y
tan diverso como los profesores y los estudiantes puedan tener un solo
representante. Lo cual significa que en la práctica muchos de nuestros
representantes se representan a sí mismos o a su grupo político de referencia…
eso es supremamente endeble en términos democráticos” Entrevista al profesor
Víctor Manuel Gómez Campo. Ciudad Universitaria 7 de febrero de 2011.
6 Vale
la pena repensar propuestas alternativas, como por ejemplo, la que al menos
desde 2004 se viene promoviendo desde un grupo de profesores de la Universidad
la idea de constituir un “Senado académico” (o simplemente, “profesoral” en
algunas versiones), como un nuevo órgano de gobierno de amplia participación
especialmente profesoral y encargado de los temas y decisiones estrictamente
académicas, rescatando en este caso la primacía de un principio académico en la
gestión de la universidad por sobre uno político o burocrático; tomando como
ejemplos algunos casos de universidades en Estados Unidos y Europa.
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