En las últimas semanas hemos visto cómo se ha
agudizado la discusión sobre el servicio militar obligatorio en Bogotá, sobre
todo por las discusiones que se han llevado a cabo en el Foro Distrital de
Objeción de Conciencia y Reclutamiento Ilegal que se llevó a cabo en la
Alcaldía Mayor de Bogotá. El secretario de gobierno Guillermo Alfonso
Jaramillo, como también muchos otros colectivos a favor de la objeción de
conciencia discutieron la importancia de que el servicio militar sea voluntario
y que los objetores y objetoras sean respetados para fomentar una cultura de
paz.
Es preciso recordar que, por lo menos lo que ocurre
en la ciudad de Bogotá, el reclutamiento ilegal se realiza a partir de batidas
que ocurren en la periferia de la ciudad, reclutando a jóvenes que no tengan
libreta militar y estén entre los 17 a los 24 años. Como es sabido, los jóvenes
que sus familias pueden pagar el costo de la libreta militar o que pudieron
acceder a la educación superior están exentos de ser montados al camión al
menos que decidan entrar a las fuerzas armadas de manera voluntaria o tengan la
suerte que les permitan prestar servicio ambiental (reglamentado hace 20 años
pero el ejército no lo ha llevado a cabo).
Pero, la pregunta común que es llevada por las
organizaciones y por los objetores y objetoras de conciencia es la siguiente
¿qué pasa cuando un joven no quiere prestar servicio, no tiene para la libreta
y no está en la universidad? Es decir ¿qué pasa cuando el joven no tiene
capital social, cultural y económico? Nada más apunta a que estos jóvenes no
tienen otra salida que alimentar la guerra puesto que no hay oportunidades
viables para que desarrollen sus capitales y la respuesta estatal es una opción
de vida militarizada.
Pero por otro lado también nos cuestionamos ¿es el
reclutamiento una forma de control de esta población? O ¿la presencia del
ejército en la ciudad es estratégica? Y ¿en qué sentidos lo sería? Más allá de
la objeción de conciencia, se puede pensar que el servicio militar es una forma
de re direccionar la violencia estructural que ejerce el sistema sobre estos
jóvenes, enfocándolo al ejercicio de una violencia física cubriendo de alguna
manera la ausencia de una seguridad social viable.
De esta manera, el servicio militar entra a cubrir
lo que no cubre el estado, presentándose como la opción más viable para los
jóvenes que no han podido desarrollar sus capitales. En este colectivo creemos
que el servicio militar es una forma de control de la población juvenil
popular, entrando a suplir la precarización de la vida juvenil, supliéndolo con
opciones militares.
La dinámica militarista en el país, ha generado que
exista una fuerte inversión en materia militar, reduciendo inversiones en gasto
social, para la inversión en defensa. Con esta visión las tasas de desempleo
aumentan y se profundizan, las garantías de derechos como a la educación entre
otros, son pormenorizadas y privatizadas. Dentro de esta lógica la oferta para
hacer parte de la policía o el ejército se vuelven prioritarias, así la
política de empleo del gobierno ha sido fomentar una política articulada a las
fuerzas militares como única posibilidad de garantías para mejores condiciones
de vida de la juventud. Esta practica nos conlleva a preguntarnos
¿ésta es la lógica sobre la cual se construye un país?
La objeción de conciencia es una puerta de entrada a
la articulación con otros sectores, y esto posibilita un camino para luchar por
una forma de vida para los jóvenes que no se reduzca al militarismo,
poniendo en cuestión las condiciones de vida que precarizan a la juventud.
Teniendo
esto claro nos sumamos e invitamos a la convocatoria de este 24 de Agosto, a la
marcha por la objeción de conciencia.
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